Guapi e Iscuandé, dos caras de la misma moneda

Tercera entrega del recorrido por el andén pacífico. El río Guapi marca la frontera entre el Cauca y Nariño, sin embargo, las aguas de uno y otro departamento arrastran los mismos problemas. La salida de las Farc del territorio dejó a la población a la deriva entre los fusiles de los narcos y la ambición del oro, donde Guacho se hace cada día más fuerte

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Las Fuerzas Armadas hacen presencia por momentos en las cabeceras municipales, en medio de la rutina de sus ciudadanos. / Óscar Pérez

Un día después de la fiesta de la virgen de Fátima el puerto de Timbiquí ya no lucía adornado de blanco y azul, ni tampoco estaba concurrido por la multitud de niños que entonaban arrullos y alabanzas. Ahora, un trio de timbiqueños guitarreaban muertos de la risa y tomando biche. “A Tumaco lo quemaron a la una y a las dos”, cataban los tres borrachos. Timbiquí y Guapi son pueblos hermanos, parecidos en sus calles e idénticos en su alma. Sufren casi que los mismos problemas. De un puerto al otro no se gasta más de dos horas, y la ruta implica regresar al mar para después remontar el río Guapi, el cual es una de las arterias de comunicación entre Cauca y Nariño.

Ese 7 de noviembre, el defensor del Pueblo, Carlos Negret había citado a las principales entidades del Estado para abordar la grave crisis humanitaria de esta región del Pacífico, pero, como siempre, fueron muy pocas las entidades que cumplieron. Por eso, Negret se negó a permitir el ingreso de los funcionarios de segundo nivel de 19 entidades del nivel central que mandaron a un representante cualquiera. “El Estado ve al Pacífico como su patio trasero, como el cuarto de san alejo al que mandan los checheres. Lo que pasó hoy es lo de siempre: el constante desplante a la gente negra, con funcionarios de tercer nivel, para gente de tercera, pensarán”, expresó, indignado, Richard Moreno, procurador para asuntos étnicos.

Lea la primera entrega de este especial: Un Pacífico arrinconado por los violentos

Los ministros de Agricultura, Defensa o Interior se excusaron ante delegados de entidades regionales y municipales, representantes de organizaciones sociales, y dirigentes de distintos gremios que no dudaron a asistir al evento. Desde el gobernador del Cauca, Óscar Rodrigo Campo, hasta los líderes de los consejos comunitarios y los principales resguardos indígenas de la región. En términos generales la conclusión de la audiencia fue que, tras la desmovilización de las Farc se dispararon los crímenes de los municipios y zonas que controló la guerrilla. La principal preocupación es el aumento en la presencia de cultivos ilícitos y grupos aliados al narcotráfico, así como el desmedido incremento en el número de asesinatos de líderes sociales en todo el departamento.

“El departamento del Cauca ocupa el primer lugar a nivel nacional en las estadísticas de líderes y defensores de derechos humanos asesinados. Como lo revelan las cifras recopiladas por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, entre el 1 de enero de 2016 al 22 de agosto de 2018, se produjo un total de 83 homicidios de los cuales fueron víctimas líderes y defensores de Derechos Humanos”, registró el ministerio público. Incluso, hasta el 22 de agosto de 2018, el departamento había puesto 12 líderes asesinados y desde 2016 ya la cifra pasa los 83 dirigentes sociales acribillados.

Al respecto, el gobernador del Cauca, Óscar Rodrigo Campo es enfático en que actualmente su departamento vive una fuerte crisis humanitaria derivada del posacuerdo. “Es importante tener claro que los dos grandes males que tiene hoy el departamento del Cauca tienen que ver con los cultivos ilícitos y la minería ilegal. En esto el Pacífico tiene una relevancia enorme. Los ríos son los puntos de salida de todo lo que se procesa en clorhidrato de cocaína en la cordillera occidental, sobre todo, que tiene como destino el Pacifico a través de ríos como el Naya y el Micay. Esto involucra a la población en términos de que hay una fuerte presencia de actores armados al servicio del narcotráfico que intimida y generan condiciones de sometimiento en varias zonas de la costa pacífica caucana”, explica la autoridad departamental.

Lea la segunda entrega de este especial: La fiebre de oro y coca que azota a Timbiquí

El otro elemento que resulta preocupante para Campo es la minería ilegal. “Hoy vemos como Timbiquí es el municipio con mayor presencia de maquinaria pesada para esta actividad. En esto debemos tener varios puntos de vista. La pobreza es el caldo de cultivo para que estas actividades ilegales hayan proliferado en Guapi, Timbiquí y López de Micay. Vemos que el Estado, a pesar de que ha impulsado importantes esfuerzos, como la interconexión eléctrica, o algunos proyectos productivos sigue siendo deficitaria. Esto conlleva a una falta de soberanía para que grupos al margen de la ley hagan control del territorio. La confrontación que se da entre grupos armados intímida a la población y lo vemos cuando las disidencias se enfrentan con el Eln u otro tipo de actores en la lucha por el control del territorio y las economías ilegales”.

Del Pacífico caucano al nariñense

El río Guapi desemboca en el mar justo en la frontera entre Cauca y Nariño. A partir de ese punto se siente con mucha fuerza la presencia del llamado Frente Óliver Sinisterra, una disidencia de las Farc comandada por el tristemente célebre Walter Arisala, conocido como Guacho. Los esteros existentes entre Guapi y Tumaco son su reino. Las casas apostadas a la vera de los manglares están siendo vigiladas y controladas por sus hombres. En menos de dos años, desde que la guerrilla hizo tránsito a movimiento político, Guacho se ha convertido en rey y señor de estas aguas. Controla la minería y el narcotráfico a lo largo de la frontera entre Colombia y Ecuador, teniendo como base Tumaco.

El primer municipio de la costa Pacífica nariñense es Santa Bárbara de Iscuandé. Un pueblo de poco más de 16 mil habitantes, de los cuales casi 3 mil viven en el casco urbano. Lleva no más de dos meses de recibir la interconexión eléctrica, la pobreza es más que evidente, y sus autoridades piden a gritos auxilio de los gobiernos departamental y nacional. Conmueve el alma escuchar a Alfredo Oliveros Montaño, coordinador del principal colegio del municipio, quien llora amargamente al contar que profesores le renuncian para ser trasladados a otros municipios porque constantemente son amenazados.

“Faltando dos meses para terminar un año de clases, nos retiran una docente que venía atendiendo el grado cuarto de primaria, la trasladan a otro lugar porque ella se declara amenazada, pero no la reemplazan. Yo me pregunto qué va a pasar con todos esos niños que ya transitaron un año escolar y van a perder por falta de profesor”, narra el maestro de 60 años, no sin antes advertir que también está aumentando la deserción escolar porque volvieron los armados, en forma de paramilitares, disidencias o Eln y están reclutando a los muchachos para ser combatientes, informantes y correos humanos de droga.

Pero aquí, como en casi todo el Pacífico, nadie quiere señalar a nadie. Todos saben que su vida no vale ni el tiro con el que lo mandan a la tumba. Es un pueblo que transpira miedo a pesar del cambio de vida que le significó la llegada al siglo XX con la interconexión eléctrica. Por eso, nadie se atreve a firmar lo que dice. “La costa pacífica ha sido el remanso de todos los conflictos y es claro que el germen es el descuido del Estado para con estos territorios. La zozobra hoy es la aparición de nuevos grupos en toda la zona pacífica. Son invisibles, pero están causando el caos. El posconflicto aquí no llegó, sólo cambió la forma de la guerra. Antes veíamos grandes grupos enfrentados a la Fuerza Pública, ahora eso no pasa, lo que nos está ocurriendo, que nunca había pasado, es que se están dando asesinatos selectivos, el vandalismo que se está viviendo es terrible”, precisó un íscuandeño.

Respirar en López de Micay

Para continuar el camino entre Buenaventura y Tumaco toca volver a la costa por el río López de Micay. “Mientras suenan las bombas nosotros cantamos. Así hemos resistido en López”, reflexionó la profesora de música Nangly Arboleda, y en verdad que López es un pueblo musical, donde desde el lanchero hasta el tendero tocan un instrumento o afinan una nota. Desde allí hasta Timbiquí hay cuatro horas en lancha y se necesita salir a la costa para luego remontar el río del mismo nombre. Al arribar, todo el pueblo se encontraba en el puerto celebrando la llegada de la Virgen de Fátima. Tambores, marimbas de chonta y aluminio sonaban acompañadas por el canto de los niños de colegio. El olor de palosanto se potenciaba con el calor del mediodía.

Lea la primera entrega de este especial: Un Pacífico arrinconado por los violentos

Timbiquí es un municipio donde la fiebre del oro está haciendo estragos. “Yo manejo la retro; lo he hecho para trazar carreteras y para remover tierra buscando oro, pero eso es muy horrible. Nunca más voy a poner mi arte al servicio de la muerte, así amanezca, como hoy, sin un peso en el bolsillo, cuando en la mina me consigo hasta $5 millones por semana. Nunca más, porque he visto a mucha gente morir: a amigos del colegio, a vecinos de la cuadra, a mi gente negra la está matando la fiebre del oro”, confesó llorando Martín, un negro de dos metros, forrado en músculos, y buen cantante.

En Timbiquí habitan cerca de 22.000 personas (el 86 % afros) y es sin duda el corazón de la costa Pacífica caucana. Allí se expresan con claridad todos los problemas que tiene esta subregión del departamento: minería, desplazamientos, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, narcotráfico, presencia de grupos armados y carteles de droga; una economía construida sobre las rentas ilegales y el subempleo; una aguda crisis social, consistente en falta de trabajo, carencia educativa y altas tasas de violencia intrafamiliar. Un panorama que sintetiza lo que viene ocurriendo en el Cauca, departamento que cierra 2018 convirtiéndose en el de mayores cifras de homicidios, en especial de líderes sociales, y recrudecimiento del conflicto armado por el reacomodo de los actores violentos.

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En esta subregión caucana la disputa territorial está al rojo vivo, según datos de la Defensoría del Pueblo: disidencias de las Farc, Epl, Eln, Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) y guerrillas urbanas tienen asolada a la población, que había visto con esperanza el Acuerdo de Paz, pero que hoy extraña a una guerrilla que por años construyó base social y fue la única autoridad existente. “Con todo lo malas que fueron las Farc, en esta región las estamos extrañando. Una vez se fueron quedamos expuestos al bandidaje, a que cualquier güevón con una pistola controla todo un pueblo. A la llegada de otros ejércitos que llegan acusando, matando, desapareciendo. Se disparó el hurto, los homicidios, la violencia sexual, el reclutamiento de niños. Mejor dicho el Acuerdo de Paz nos metió acá en una guerra peor que la que vivíamos”, sentenció el párroco de uno los municipios de la costa Pacífica caucana.

El Renacer Negro

En área rural de Timbiquí está ubicado el consejo colectivo Renacer Negro que, despedazado por los mineros criminales, se convirtió en el primer territorio colectivo en recibir un fallo de restitución de tierras, en 2015. La sentencia C-071 de un juez de restitución de tierras dejó al descubierto cómo, en el caos de la guerra, los violentos permitieron el ingreso al territorio ancestral de maquinaria naranja —cuidada por fusiles— que empezó a comerse el lecho del río Timbiquí, desplazó la minería artesanal y acabó con los cultivos del pueblo negro. La afectación social y cultural no se ha podido tasar y la reparación va tan lenta como el llamado posconflicto. El consejo comunitario fue formalizado en agosto de 1998 con un territorio de 71.010 hectáreas, ubicado entre los esteros Patico y Corozal y el río Timbiquí, en donde habitan poco más de 4.500 personas.

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“Recién las Farc entregaron las armas llegó la fuerza pública a toda la costa pacífica, pero eso duró dos o tres meses. El posconflicto duró tres meses. Voy a ser claro: extrañamos mucho a las Farc. La guerrilla, si bien hacía daño también ejercía un control que nos permitía convivir. Cuando ellos estaban nadie podía robar al vecino, ni violar mujeres, ni matar porque sí. Desde que se fueron empezaron a surgir pequeños grupos, sin reglas ni ideología, cuyo único móvil es el narcotráfico, el contrabando y la extorsión. Y en esta falta de oportunidades, nadie se va a dejar morir de hambre, por eso la gente trabaja en lo que hay, y ahora lo que hay es oro y la coca. Pero la minería reemplazó la coca, con un solo defecto, y es que esta se acaba. Y para empeorar los dueños de las retros son de afuera, de otros lugares.”, añadió.

Hoy, en el mal llamado posconflicto, la costa Pacífica, desde el Chocó hasta Tumaco, vive las mismas dolencias. La paz no duró más de tres meses, luego vinieron nuevos grupos a tropellar a sus pobladores, y las economías ilegales se salieron del relativo control que la exguerrilla mantenía. Los fusiles se pusieron al servicio del narcotráfico, la minería se convirtió en la vacaloca que está acabando con la pesca, los ríos y la cultura pácifica. Los problemas vecinales se están resolviendo a plomo, los líderes sociales están siendo asesinados por atreverse a impulsar los procesos de cambio que se soñaron con el Acuerdo de Paz. Un panorama que ha sembrado un nuevo silencio que se alimente del peor de los fenómenos sociales: el miedo.