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Para continuar el camino entre Buenaventura y Tumaco toca volver a la costa por el río López de Micay. “Mientras suenan las bombas nosotros cantamos. Así hemos resistido en López”, reflexionó la profesora de música Nangly Arboleda, y en verdad que López es un pueblo musical, donde desde el lanchero hasta el tendero tocan un instrumento o afinan una nota. Desde allí hasta Timbiquí hay cuatro horas en lancha y se necesita salir a la costa para luego remontar el río del mismo nombre. Al arribar, todo el pueblo se encontraba en el puerto celebrando la llegada de la Virgen de Fátima. Tambores, marimbas de chonta y aluminio sonaban acompañadas por el canto de los niños de colegio. El olor de palosanto se potenciaba en el calor del mediodía.
Lea la primera entrega de este especial: Un Pacífico arrinconado por los violentos
Timbiquí es un municipio donde la fiebre del oro está haciendo estragos. “Yo manejo la retro; lo he hecho para trazar carreteras y para remover tierra buscando oro, pero eso es muy horrible. Nunca más voy a poner mi arte al servicio de la muerte, así amanezca, como hoy, sin un peso en el bolsillo, cuando en la mina me consigo hasta $5 millones por semana. Nunca más, porque he visto a mucha gente morir. A amigos del colegio, a vecinos de la cuadra, a mi gente negra la está matando la fiebre del oro”, confesó llorando Martín, un negro de dos metros, forrado en músculos y buen cantante.
En Timbiquí habitan cerca de 22.000 personas (el 86 % afros) y es sin duda el corazón de la costa Pacífica caucana. Allí se expresan con claridad todos los problemas que tiene esta subregión del departamento: minería, desplazamientos, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, narcotráfico, presencia de grupos armados y carteles de droga; una economía construida sobre las rentas ilegales y el subempleo; una aguda crisis social, consistente en falta de trabajo, carencia educativa y altas tasas de violencia intrafamiliar. Un panorama que sintetiza lo que viene ocurriendo en el Cauca, departamento que cierra 2018 convirtiéndose en el de mayores cifras de homicidios, en especial de líderes sociales, y recrudecimiento del conflicto armado por el reacomodo de los actores violentos.
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En esta subregión caucana la disputa territorial está al rojo vivo, según datos de la Defensoría del Pueblo: disidencias de las Farc, Epl, Eln, Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) y guerrillas urbanas tienen asolada a la población, que había visto con esperanza el Acuerdo de Paz, pero que, sin duda, hoy extraña a una guerrilla que por años construyó una base social y fue la única autoridad existente. “Con todo lo malas que fueron las Farc, en esta región las estamos extrañando. Una vez se fueron quedamos expuestos al bandidaje, a que cualquier güevón con una pistola controla todo un pueblo. A la llegada de otros ejércitos que llegan acusando, matando, desapareciendo. Se disparó el hurto, los homicidios, la violencia sexual, el reclutamiento de niños. Mejor dicho el Acuerdo de Paz nos metió acá en una guerra peor que la que vivíamos”, sentenció el párroco de uno los municipios de la costa Pacífica caucana.
El Renacer Negro
En área rural de Timbiquí está ubicado el consejo colectivo Renacer Negro que, despedazado por los mineros criminales, se convirtió en el primer territorio colectivo en recibir un fallo de restitución de tierras, en 2015. La sentencia C-071 de un juez de restitución de tierras dejó al descubierto cómo, en el caos de la guerra, los violentos permitieron el ingreso al territorio ancestral de maquinaria naranja —cuidada por fusiles— que empezó a comerse el lecho del río Timbiquí, desplazó la minería artesanal y acabó con los cultivos del pueblo negro. La afectación social y cultural no se ha podido tasar y la reparación va tan lenta como el llamado posconflicto. El consejo comunitario fue formalizado en agosto de 1998 con un territorio de 71.010 hectáreas, ubicado entre los esteros Patico y Corozal y el río Timbiquí, en donde habitan poco más de 4.500 personas.
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Es una región de gran importancia geoestratégica ya que conecta la Cordillera Occidental, por la parte del Tambo, Argelia y Balboa, con la zona costera. Su aislamiento ha permitido el arraigo de grupos armados y economías ilegales. Las guerrillas entraron a finales de los 70, mientras los paramilitares —mediante el Bloque Calima— expandieron su control a partir de 2001. Tras su desmovilización, en 2005, las autodefensas de nuevo ocuparon las bases dejadas por alias HH. “La coca llegó con fuerza en los años de dominio paramilitar. Una generación de líderes negros fue asesinada para sembrar el miedo y aflojar la organización social. En el 2010 llegó la minería descontrolada. Entraron las máquinas de propiedad de gente de afuera del territorio. Al mismo tiempo se intensificaron las fumigaciones, lo que acabó con la agricultura y dejó a la gente entre la coca y el oro”, recuerda un líder comunal.
Este mismo contexto fue recogido en la sentencia que le restituyó la autonomía territorial al consejo comunitario Renacer Negro. La llegada de la maquinaria pesada atacó directamente la tradición del barequeo y despojó a la comunidad de la riqueza de su suelo, que se convirtió en las ganancias de “los paisas” como son caracterizados los dueños de las retroescavadoras y las dragas. El impacto fue directo sobre la pesca y la agricultura. Al mismo tiempo que avanzaba la minería descontrolada, se produjo la feria de los títulos mineros en territorio colectivo. La avanzada la lideró una compañía rusa que, entre los años 1989 y 1993, inició la explotación de oro a cielo abierto. El coletazo de las fumigaciones en el sur del país (Putumayo y Nariño) significó el desplazamiento de los cultivos de coca hacia esta región de la Costa Pacífica caucana. Esto produjo de inmediato un conflicto entre los recién llegados y los habitantes del territorio. Conflicto que se tradujo en muertos y desplazamientos.
Sobre 2006, los cultivos de coca se habían multiplicado en los márgenes de los ríos Timbiquí y Saija. La respuesta estatal fue la fumigación aérea con glifosato, lo que, de paso, acabo con los cultivos lícitos e ilícitos de las familias. Al año siguiente, la guerra se metió de lleno en el territorio colectivo: las veredas Santa María, San José y Coteje se desplazaron a Buenaventura. Entre 2007 y 2010, señala la sentencia, se otorgaron ocho títulos mineros a multinacionales dentro del propio consejo comunitario. La minería se convirtió en la única opción para la gente; las fumigaciones se multiplicaban llevándose por delante los procesos de sustitución de cultivos y el pancoger de las comunidades. El control de las zonas de extracción sembró la disputa entre las Farc, el Eln —que empezó a llegar— y los denominados Rastrojos.
La comunidad del Renacer Negro empezó a organizarse contra la minería a gran escala. Sendas movilizaciones llegaron a Buenaventura pidiendo que sacaran las retros. El orden público se sacudió y los combates entre las Farc y los nuevos paramilitares desataron el miedo y la gente huyó. Pero mientras salía, las retros entraban. Para 2012, la comunidad denunciaba la presencia de más de 70 máquinas en territorio ancestral. En este contexto, la Unidad de Restitución de Tierras asumió el caso para llevarlo a los jueces especializados. La demanda prosperó y, en 2015, el Juzgado Primero de Popayán falló a favor de las comunidades afrocolombianas del consejo comunitario, emitiendo el primer fallo de restitución de tierras a las comunidades negras, bajo la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas).
El falló ordenó la restitución a las comunidades del territorio colectivo; suspendió los títulos mineros otorgados a multinacionales, como la Anglo Gold Ashanti; prohibió la entrada de maquinaria pesada a la región; protegió la minería artesanal a favor de los habitantes de Renacer Negro y sus derechos a la consulta previa, libre e informada, así como proscribió las fumigaciones con glifosato en este territorio, entre varias órdenes más que emitió la sentencia. Por, eso la Defensoría del Pueblo realizó una audiencia de seguimiento a dicho fallo. En este espacio, la comunidad volvió alertar sobre graves situaciones: “El 18 de julio de 2017 asesinaron a tres de nuestros líderes. Los conflictos entre la comunidad y la Fuerza Pública se agudizan cada día. Uno no puede llevar un bulto de cemento porque se lo decomisan”, narró uno de los líderes de Renacer Negro.
El juez de restitución de tierras Luis Felipe Jaramillo, explicó que el fin principal de esta sentencia fue hacer un reconocimiento de la existencia de una victimización colectiva producida por el conflicto armado, además del derecho de la restitución a las comunidades al territorio colectivo por las afectaciones que en el proceso se lograron demostrar. “Yo quisiera que el Estado garantizara los derechos fundamentales de esta comunidad, que ha sido víctima del conflicto armado y de las economías ilegales”, explicó el juez, quien contó que su primer acercamiento a estas gentes fue de una terrible tensión, pues la primer decisión que tomó fue una medida cautelar que prohibía la minería en el territorio ancestral. “Emití la medida ordenando operativos militares. En esas me llama el presidente del consejo comunitario y me dice: doctor, muchas gracias, con su decisión me mandó a matar, porque la comunidad entonces de qué va vivir. Este territorio sin minería desaparece. Lo que necesitamos es formalizar la minería. Luego pude ir a territorio y entender lo que pasaba”, narró el juez.
Oro, coca y violencia sexual
Uno de los más evidentes impactos que ha tenido el boom minero-cocalero, además de la llegada de la gente de afuera a los territorios de comunidades negras, ha sido la evidente descomposición cultural. Un crudo relato de violencia sexual dio una de las lideresas de Renacer Negro. En julio de 2017, las autoridades registraron el asesinato de cuatro mujeres que trabajaban en temas de género. “Fue el 18 de julio. La compañera Iris, de la Comunidad de San José, fue asesinada a puñaladas por su expareja. Al mismo tiempo, en Puerta Saija fueron masacradas tres mujeres, las cuales fueron encerradas en una casa y luego incineradas. Fue muy fuerte. Brutal. Saber qué eso está ocurriendo habla de lo que está pasando en nuestra comunidad. No lo he podido superar”, narró.
La tesis de la líderesa es que la llegada de gente de afuera ha trastornado a las comunidades. “Ellos traen cosas a las que no estamos acostumbrados. El consumo de drogas y alcohol se ha convertido en un problema en nuestros hogares. Eso no pasaba. Nosotros solo consumíamos lo que daba nuestra tierra. Ahora, con la fiebre del oro y la coca, llegó gente con nuevas costumbres, consumiendo mucho trago y drogas. En Timbiquí fundaron billares y prostíbulos. Y eso, sumado a la falta de oportunidades, de trabajo, de educación, rompe el tejido social de las comunidades”, explicó, al tiempo que unos niños de no más de seis años discuten en plena calle: “Un día de estos te van a matar por andar pidiendo plata. Dile a tu mamá que te vaya comprando un ataúd”, grita amenazante uno de los oprequeños, de aproximadamente 8 años de edad, a otro más chico.
“No te voy a mencionar el nombre de los grupos armados. Para nadie es un secreto que donde hay una actividad ilícita están los grupos al margen de la ley y ellos se han enfrentado a nuestras comunidades, a nuestros liderazgos. Tenemos mucho miedo porque la violencia está desatada, sobre todo contra nuestras mujeres. Hay un entorno tan violento que no puedo ni describir lo que estamos viviendo. En el auge del desplazamiento, de la minería, de la coca y los actores armados, imagínese quienes somos las que más sufrimos: las mujeres y los niños. Pero el tema no se visibiliza. Hay un estigma tan fuerte, un miedo tan grande, porque los agresores son los dueños de las retros, familiares, esposos, los ‘narcos’ y los armados. No juzgo a quienes no pueden denunciar porque nadie sabe el miedo que sentimos nosotras.”, concluyó.
Y el relato está soportado en cifras también. Según el informe de este año de la Defensoría del Pueblo sobre la situación humanitaria del Cauca, con corte al 11 de octubre de 2018, se registra un aumento en las denuncias de casos de abuso sexual a menores de edad en el departamento. “Cauca ocupa el puesto 14 con 241 víctimas. El análisis comparativo de esta cifra con la del año inmediatamente anterior revela un aumento en el número de casos atendidos por el ICBF, ya que durante el 2017 fue de 246, ubicándose en el número 16 a nivel nacional”, dice el documento.
Lo mismo ocurre en los datos de violencia contra las mujeres: “Frente a los hechos de violencia que afectan principalmente a las mujeres, el informe Forensis 2017 del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses registra para ese año el asesinato de 36 mujeres en el departamento del Cauca lo que corresponde al 12 % del total de casos registrados. El municipio que mayor registro de casos presenta es Popayán (19 %) seguido de Santander de Quilichao (13 %), Caloto (11 %) y la Vega (11 %), y de manera alarmante la modalidad de muerte violenta ocupó el 18 % del total de estos homicidios (209 casos)”. Suficiente ilustración.