El desencanto de las comunidades del río San Juan tras su retorno

Dos comunidades indígenas y negras del río San Juan, en el Chocó y Valle del Cauca, volvieron a sus tierras después de ser desplazados por la violencia. Se quejan de que el Estado no ha cumplido con sus promesas de vivienda, salud ni alimentación. La institucionalidad se defiende.

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Las mujeres tienen huertas para hacer ungüentos que venden a los visitantes de la comunidad. /Fotos: Cristian Garavito - El Espectador.

“¡Ya estamos aquí en el río!”, dice con una sonrisa uno de los habitantes de la comunidad de Cabecera, ubicada a orillas del río San Juan. Nos reconocimos. Hace un año los había visitado dos veces en un coliseo de Buenaventura en el cual vivían en condición de desplazamiento, en medio de condiciones lamentables. Por ejemplo, algunas veces solo comían lo que la dueña de un restaurante vecino les regalaba. En su comunidad siembran papa china, banano, plátano y pueden pescar y cazar. Estaban felices de que nuestro encuentro fuera en la comunidad y no en el casco urbano del puerto.

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Retornaron a su tierra el 9 de marzo pasado. Dos chivas los llevaron desde Buenaventura hasta el municipio de Calima, en el Valle del Cauca. Luego, las 19 familias que iban rumbo a su tierra abordaron cinco lanchas que recorrieron parte el río Calima para luego desembocar en la parte baja del San Juan. “Veníamos muy contentos porque era como si fuéramos saliendo de una cárcel”, relata uno de los integrantes de Cabecera. Volvieron a su comunidad luego de casi un año de desplazamiento. El 1° de abril del 2017 abandonaron sus casas, sus cultivos y sus tierras debido a amenazas del Eln.

Cinco días antes, el Eln había perpetrado una masacre en la comunidad vecina de Carrá. Unos diez hombres armados de esa guerrilla llegaron hasta el caserío y abrieron fuego de manera indiscriminada. En la acción murieron cinco personas y un niño de 14 años resultó herido en un brazo. Además, los guerrilleros dejaron una bandera de la organización y les dijeron a los habitantes de Carrá que “los que seguían” eran los integrantes de Cabecera. El rumor llegó hasta la comunidad, por lo cual decidieron desplazarse.

La lideresa del grupo de mujeres de la comunidad llegó con un platón azul en la cabeza a la casa donde estábamos reunidos. Ofrecía ungüentos hechos con las plantas medicinales. Una parte de la materia prima la sacan de la inmensidad de la selva en medio de la cual viven y la otra parte la siembran ellas mismas en pequeñas huertas que tienen junto a sus casas de madera. Cuando estaban malviviendo en el coliseo intentaron sembrar plantas, pero por las condiciones del lugar nunca se dieron. Ahora reparten folletos y tarjetas de la organización de mujeres.

La satisfacción de estar en la orilla del río en la cual se asentaron sus ancestros es evidente por la tranquilidad que demuestran. Se sientan plácidamente en sillas de plástico instaladas en una casa grande de madera en la cual reciben a las visitas. No volvieron a sufrir por comida. El río, la selva y sus cultivos son las fuentes de alimentos.

El regreso fue un sueño de la comunidad desde el mismo día que llegaron al coliseo de Buenaventura. Para que eso se diera tuvieron que seguir los protocolos estipulados en la ley; es decir, adelantar reuniones con diferentes instituciones del Estado en las que se definieran las condiciones en medio de las cuales iban a volver a sus tierras. Fue así como los líderes de la comunidad de Cabecera participaron varias veces en los Comités de Justicia Transicional, a los cuales asistían diferentes entidades.

La comunidad de Carrá quedó desolada tras la masacre del Eln el 25 de marzo de 2017.

De esas reuniones salió un plan de retorno. Al tocar el tema en la comunidad la desazón es evidente. Para que los desplazados retornen a las tierras de las cuales salieron, tienen que hacerlo en condiciones de dignidad. La Unidad para las Víctimas define dignidad como transitar hacia el goce efectivo de los derechos que fueron vulnerados. Es decir, mejorar las condiciones que obligaron al desplazamiento de las comunidades.

En el plan de retorno de Cabecera quedaron consignados varios compromisos por parte de la institucionalidad. El cumplimiento ha sido parcial, lo cual es amargo para la comunidad que intenta reponerse tras el desplazamiento. Por ejemplo, acordaron el arreglo de seis viviendas. Para eso, los habitantes de Cabecera solicitaron nato y machimbre, maderas con las cuales construyen casas palafíticas, previendo las crecientes del San Juan. El acuerdo era que los materiales debían llegar cinco días después del retorno.

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Cuentan que varios líderes fueron con funcionarios de la Alcaldía de Buenaventura a escoger la madera para adecuar las casas. A pesar de que los escogieron, pasó el tiempo y los materiales no llegaban. Solo después de cinco meses llegaron. Sin embargo, denuncian que lo que les enviaron no era lo que habían seleccionado. “Nos mandaron una madera de pésima calidad. Ni siquiera sirve para hacer los pisos de las casas”, dicen. También faltan láminas de zinc para hacer los techos de las seis viviendas. Además, el compromiso fue abrir una licitación para el arreglo de nueve viviendas más. Para contrastar la versión de la comunidad buscamos al secretario de vivienda de la ciudad, Carlos Pasquel, quien dijo que respondería los cuestionamientos, pero hasta el cierre de esta edición no fue posible hacer la entrevista.

Otro punto que preocupa a la comunidad es la atención en salud. A pesar de que en el plan de retorno quedó consignado el compromiso de adecuar la infraestructura del puesto de salud que hay en Cabecera, el pueblo negro denuncia que no se ha adelantado ese proceso. Incluso, según el personero de Buenaventura, Jesús Riascos, se abrió investigación en contra de la secretaria de Salud del municipio por no cumplir con lo estipulado en el documento.

Un integrante de Cabecera camina hacia la carpa donde tienen la madera que la Alcaldía les dio y que no sirve para construir sus viviendas. 

La secretaria de Salud de la ciudad portuaria, Leonor Quiñones, asegura que esa entidad tiene listos todos los estudios y los diseños para la adecuación en Cabecera. “Mandamos todo al Ministerio de Salud, pero no nos viabilizaron las obras, argumentando que la Empresa Social del Estado de Buenaventura no tiene los recursos para su funcionamiento”, aseguró. También dijo que su despacho envió una carta al Ministerio insistiendo en la necesidad de la obra y que en ocho o diez días enviarán otra misiva porque consideran que “el puesto de salud es necesario”. Frente a las investigaciones de la Personería dijo que seguramente fue a un funcionario anterior, porque ella está en el cargo desde el 1° de agosto del 2018.

Uno de los problemas que tienen las comunidades tanto negras como indígenas que viven a orillas del San Juan es la falta de comunicación. En muchas zonas, la señal de telefonía móvil es nula, por lo cual no pueden reportar emergencias o problemas que tengan en sus territorios. Por eso, Cabecera pidió que se les instalara un quiosco de Vive Digital. El tema quedó bajo la responsabilidad de la Secretaría de Educación de Buenaventura. Han pasado más de seis meses desde el retorno y la comunidad todavía no cuenta con el quiosco.

Otros temas han avanzado a mejor ritmo, pero los negros esperan que la implementación del plan de retorno sea integral. Por ejemplo, la cancha de fútbol debe ser adecuada, ya que está inservible. “Usted la ve desde ahí y parece una canchota, pero se mete y está enlagunada”, me dijo uno de los líderes. Así era. Un ingeniero enviado por la administración distrital de Buenaventura fue a Cabecera en junio para hacer un diagnóstico del lugar. La visita se dio “para determinar la inversión y proyecto a realizar, ya sea en el segundo semestre de 2018 o en el primer semestre de 2019, según disponibilidad de recursos”, dice el plan de retorno.

A pesar de los retrasos, la comunidad no oculta la felicidad de volver a estar a la orilla del río. Dicen que el miedo con el que se desplazaron “ha ido pasando”. Sin embargo, la presencia de grupos armados en el San Juan persiste. Tras la salida del frente 30 de las Farc, llegaron a disputarse el territorio el Eln y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc). El año pasado los enfrentamientos eran constantes. Sin embargo, este año cesaron. El control del río parece estar dividido por zonas entre los elenos y los gaitanistas. Las siete bocanas del afluente que desemboca en el Pacífico están vedadas tanto para las comunidades negras como para las indígenas. Los grupos armados merodean por las selvas bonaventurenses y chocoanas.

El caso Taparalito

Los indígenas wounaan del río San Juan también han sido víctimas de la confrontación armada. El año pasado en la comunidad Unión San Juan se reportó la tortura de una mujer, aparentemente a manos de las Agc. Varias comunidades se han desplazado buscando protección en otras comunidades a orillas del afluente o en las cabeceras urbanas de Litoral del San Juan y Buenaventura.

Toda la comunidad de Taparalito, ubicada en Litoral del San Juan (Chocó), se desplazó el 27 de noviembre del 2015. Lo hicieron porque un día apareció un hombre muerto en un espacio abierto de la comunidad. Al parecer la persona pertenecía a un grupo armado, el cual les reprochó a los indígenas y los amenazó. Tras un año de desplazamiento en Buenaventura, volvieron a sus tierras el 12 de diciembre de 2016. “Llegar otra vez es como volver a nacer”, dicen.

Como Cabecera, volvieron con un plan de retorno concertado con las instituciones estatales. El primer compromiso consignado en el documento consiste en “garantizar la vinculación (de las personas de la comunidad) al sistema de salud del municipio del Litoral del San Juan”. Ese punto es vital para los indígenas, debido a que muchos, en medio del desplazamiento, quedaron afiliados a EPS del Valle del Cauca y actualmente necesitan ser atendidos en Chocó.

Líderes de la comunidad denuncian que ese compromiso nunca se ha cumplido. Incluso, en agosto 12 niños de Taparalito se enfermaron. Al llegar al puesto de salud de Palestina (comunidad negra de Chocó) les dijeron que como no estaban inscritos debían pagar $25.000 por la consulta de cada uno. Los indígenas no tuvieron otra alternativa. El alcalde Willinton Ibargüen aseguró que de parte de la administración local se hicieron jornadas para la afiliación de los aborígenes, pero los líderes lo desmintieron.

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También establecieron acuerdos con la Unidad para las Víctimas. Esa entidad se comprometió a entregar “ayudas humanitarias en especie” (alimentos) durante seis meses. Un líder aseguró: “Estuve llamando a la Unidad de Víctimas de Quibdó hasta que me aburrí”. Intentamos comunicarnos con las personas encargadas, por parte de esa entidad, de sellar los compromisos con la comunidad de Taparalito, sin embargo, no fue posible.

A eso se suma el miedo con el que viven. Tras un episodio de violencia en contra de una joven indígena, en Unión San Juan, la vida de las mujeres cambió. Antes salían durante días a las fincas que están alejadas del caserío de la comunidad para buscar alimentos. Entre sus labores estaba, por ejemplo, rozar caña. Ahora se van al monte de madrugada y llegan en horas de la tarde. Además, algún hombre las tiene que acompañar. El temor no las deja transitar libremente el territorio.

En Buenaventura la comunidad Chagpien Tordó espera poder regresar a sus tierras. Fueron desplazados entre febrero y marzo del 2017 debido a la presión de los grupos armados. Esperan terminar de construir el plan de retorno para volver. También necesitan un concepto de seguridad favorable que emitiría la fuerza pública. Esperan que de ser posible su regreso la institucionalidad cumpla lo pactado para garantizar sus derechos y que nunca les toque volver a vivir hacinados en un escenario deportivo de una ciudad que les es extraña.