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Las mujeres llegaron con lo poco que pudieron sacar de sus tierras. Llegaron asustadas porque acababan de ser amenazadas o habían perdido a sus familiares. Las recibieron en la sede de las Madres de La Candelaria, en Medellín, para brindarles apoyo e indicarles una ruta de atención.
Hoy son estas últimas madres y líderes que guiaron a otras quienes esperan ser guiadas: “¿Cuándo nos van a explicar cómo vamos a participar en el sistema integral de justicia para la paz? ¿Cómo van a proteger a quienes todavía tienen miedo?”, se pregunta Teresita Gaviria, la presidenta de esta asociación, quien tiene desaparecido a su hijo Cristian Camilo hace 20 años.
Como ella hay miles de víctimas en el país que todavía no saben con claridad cómo será su participación en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición (Sivjrnr), creado con la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc.
Por eso el conversatorio que se realiza hoy en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, organizado por Colombia 2020, en su capítulo de Justicia para la Paz, y El Espectador busca aterrizar los “Alcances y retos de la participación de las víctimas en la justicia transicional”.
En este evento, cinco víctimas que reclaman derechos distintos y llevan casos de desaparición forzada, violencia sexual, violencia contra indígenas, afros e integrantes de la Fuerza Pública expondrán sus dudas y expectativas sobre las tres entidades que se crearon: la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
Lo harán ante algunos representantes del sistema como son Giovanni Álvarez, fiscal de la JEP; Alejandra Miller Restrepo, comisionada de la verdad, y Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda.
Allí estarán también Teresita Gaviria; Yojaira Pérez Contreras, representante de la Asociación de Mujeres Valientes y Amorosas de Sucre; Luz Eyda Julicué de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin); María Cecilia Mosquera, víctima de la masacre de Machuca en Segovia (Antioquia); y Édgar Bermúdez, representante de víctimas integrantes de la Fuerza Pública.
“Que nos expliquen”
“¿Cómo aportamos nuestras pruebas y documentos?”, sostiene también Teresita Gaviria. La pregunta no es menor porque, por ejemplo, las Madres de La Candelaria tienen una base de datos con las 882 mujeres que han pasado por su asociación. Por eso esperan entregarla como sustento de sus casos, como aporte a la verdad histórica del conflicto armado y como insumo para encontrar a sus familiares desaparecidos.
“Esos documentos son delicados. Solo se los vamos a entregar a la JEP y a la Comisión de la Verdad, porque yo hace años iba a la Fiscalía y se los entregaba al doctor (Guillermo) Valencia Cossio… y mire en lo que eso paró”, dice Teresita, recordando el capítulo en el que el exdirector de Fiscalías de Medellín fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por aliarse con victimarios y mafiosos.
Ellas confían en esta justicia especial, y esperan que se aclaren cientos de episodios que siguen desvanecidos. Aunque ignoran cómo va a ser la protección de la identidad y el acompañamiento psicosocial de las personas que no quieren exponer más su vida pero que quieren colaborar con su verdad. “Hemos recogido muertos, hemos ido a exhumaciones, a morgues. Pero en la verdad estamos muy crudos”, asegura.
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“Necesitamos preparación espiritual para recibir la verdad”
Los 20 cabildos indígenas del norte del Cauca están trabajando en la ruta que construyeron para prepararse para la justicia transicional. Esto significa que están identificando qué casos tienen documentados y cómo será la preparación psicosocial y espiritual de las víctimas. También tienen dudas sobre la territorialidad del sistema de justicia transicional.
¿Habrá comisiones regionales para ir a estos territorios? ¿O acaso serán los indígenas los que deberán trasladarse? Y en ese caso, ¿se les garantizará el transporte, hospedaje y alimentación? Para Luz Eyda Julicué, miembro de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), esto debe definirse teniendo en cuenta que, si se hace en territorio, muchos victimarios también son de ahí. En ambos escenarios la seguridad y la armonización son determinantes como garantías de participación en este sistema.
Julicué lo resume así: “Uno quisiera saber la verdad de muchas cosas, pero si no estamos preparados para recibir esa verdad, entonces no se va a generar un proceso de reconciliación, sino problemas en el interior de las comunidades”.
“El derecho a la intimidad”
La Jurisdicción Especial para la Paz tiene que garantizarles a las víctimas de violencia sexual el derecho a la intimidad, la seguridad, la debida diligencia y evitar ser revictimizadas. Eso pide Yojaira Pérez Contreras, representante de la Asociación de Mujeres Valientes y Amorosas del departamento de Sucre. Sólo cinco de más de 30, casi todas víctimas de violencia sexual, aceptaron participar en este sistema de justicia. A las demás les da miedo. La razón es que algunas de sus compañeras que participaron en las audiencias de Justicia y Paz fueron amenazadas, desplazadas e incluso asesinadas.
“Los victimarios siguen en el territorio”, dice Yojaira. Por esto, además, piden que las audiencias no se hagan en estos espacios. También se preguntan: ¿Cómo será la atención sicológica? Ya que la mayoría de procesos psicosociales los han hecho con ayuda de oenegés, alejadas del Estado. Sin embargo, saben que miles de víctimas no han tenido acceso a esto y que, durante una audiencia, pueden quebrarse fácilmente.
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“Que nos reconozcan como víctimas”
De acuerdo con la Ley 1448 de 2011, o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, los miembros de la Fuerza Pública que sean víctimas tendrán derecho a una reparación económica según su régimen especial. Por eso Édgar Bermúdez, pensionado de la Policía y víctima del conflicto armado, se pregunta: “¿No tenemos derecho a una reparación integral?
Édgar Bermúdez es invidente y tiene afectaciones auditivas. Sin embargo, si no hubiera ido a declarar y a que lo incluyeran en el Registro Único de Víctimas, sólo sería un uniformado herido en cumplimiento de sus labores.
En este capítulo de justicia transicional, Édgar, a diferencia de los casos mencionados, nunca se ha preparado para una audiencia y no sabe cómo será su participación y representación judicial, tampoco si tendrá allí un reconocimiento como víctima del conflicto.
“Que se haga justicia”
El 18 de octubre de 1998 guerrilleros del Eln dinamitaron el oleoducto Central de Colombia, en Machuca, corregimiento de Segovia (Antioquia). La explosión calcinó a 84 personas y destruyó gran parte del pueblo. María Cecilia Mosquera quedó con múltiples quemaduras y perdió a su esposo y a sus tres hijos. Ella, al igual que otras víctimas de Machuca, no saben cómo será su participación en este sistema porque sus victimarios siguen en conflicto con el Estado. Por eso esperan una orientación y no abandonan su anhelo de justicia.