La universidad: un sueño inalcanzable en los ríos de Buenaventura

Sin infraestructura adecuada, con un bajísimo índice de entrada a la educación superior y en medio de la guerra que se vive en ese municipio del Valle del Cauca, los docentes intentan que los jóvenes no abandonen sus estudios. Piden apoyo estatal y educación acorde a sus tradiciones.

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La lancha que tienen en el río Calima para transportar a los estudiantes. / Fotos: Nicolás Sánchez Arévalo

Al preguntarle a un profesor en la zona baja del río Calima, en la parte rural de Buenaventura (Valle del Cauca), cuántos de sus estudiantes han ido a la universidad, responde con tristeza que cinco o seis. Al preguntarle cuántos se han ido a integrar grupos armados responde que unos ocho. “Hay muchachos que nos dicen: ‘Hay gente que no estudia y maneja más plata que los profesores, viven mejor. Entonces, ¿yo para qué estudio?’”, dice decepcionado. Su nombre, como los de todos los profesores citados en este artículo, se mantiene en reserva por la situación de seguridad en la zona.

En las 10 comunidades del bajo Calima, luego de la salida del frente 30 de las Farc empezaron a hacer presencia el Eln y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Su control viene acompañado de prácticas de reclutamiento. Integrantes de los grupos armados llegan hasta los caseríos y van a espacios donde departe la comunidad. Ahí empiezan a hacer contacto con los adolescentes, a quienes les muestran armas, dinero y motocicletas. Esa es una de las maneras como los persuaden de que entren a las filas.

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Las niñas y jóvenes también son víctimas de ese contexto. Los narcotraficantes las seducen con dinero. “Es una forma de prostitución que se da como consecuencia de los bajos recursos”, señala un líder. Los líderes del consejo comunitario están preocupados por la deserción escolar, la cual se debe a varios factores. El más determinante es el despoblamiento de la cuenca del Calima. Calculan, por ejemplo, que antes del 2009 en la comunidad de San Isidro había unos 700 habitantes. En ese año arreció la guerra. En el 2018 permanecían solamente unas 200 personas.

El estado de una escuela en el río Raposo, zona rural de Buenaventura (Valle del Cauca).

Otro factor son los cultivos de uso ilícito. En el bajo Calima, según quienes ejercen liderazgo en las comunidades, han aumentado las plantaciones de coca. “Hay veces que uno llama lista y si el muchacho no está los compañeros responden: ‘Se fue a raspar’”, cuenta el mismo profesor. El contacto que tienen los adolescentes con los coqueros también es aprovechado por los grupos armados para enrolarlos. La situación que más preocupa es la de la comunidad Nueva Esperanza, donde, según una persona del consejo, hay más contacto entre los adolescentes, la coca y los grupos armados.

El afluente es codiciado por los narcotraficantes. El Calima desemboca en el río San Juan, que tiene siete salidas al Pacífico, por lo que es utilizado para movilizar la cocaína hacia Centroamérica y Estados Unidos. Los habitantes de la cuenca del Calima cuentan que la llegada de la coca empezó al mismo tiempo que el Estado emprendió la persecución contra los cocaleros en departamentos como Putumayo y Caquetá, a principios de los 2000. “Mucha de esa gente se vino para estos territorios”, cuenta uno de los integrantes del consejo comunitario, que también teme identificarse.

La cultura que instauraron tanto el narcotráfico como los grupos armados incide en los jóvenes. En Yurumanguí, un río ubicado al sur de Buenaventura, un profesor cuenta que cada vez que pasa una lancha rápida con un motor de más de 75 caballos de fuerza (generalmente utilizadas por los actores armados ilegales) debe parar la clase porque los niños dejan de prestar atención, se levantan de las sillas y se esfuerzan para ver el vehículo. Pero que los adolescentes vean la guerra como una opción también tiene que ver con el abandono estatal. Según un profesor, los adolescentes que faltan a clase algunas veces argumentan que tienen que raspar coca debido a la situación económica de sus familias.

Una profesora en el río Raposo va hacia el aula que tiene paredes enmohecidas. 

Para llegar al consejo comunitario del bajo Calima hace falta transitar tres horas por un camino en el que los huecos son del mismo diámetro de la trocha. Los vehículos no sobrepasan los 10 kilómetros por hora debido al estado de la “vía”. “Si fuéramos un puerto ya tendríamos la vía arreglada”, dice uno de los líderes.

Parece no equivocarse. Antes de coger el camino que lleva hacia el consejo comunitario hay que transitar por una vía perfectamente pavimentada, que se dirige a la Sociedad Puerto Industrial de Agua Dulce. Los lugareños recuerdan que la vía del consejo no siempre estuvo tan destruida. Cuentan que cuando Cartones de Colombia taló miles de árboles para extraer madera, la vía era buena. Cuando la empresa salió, el Estado dejó de repararla.

Ese abandono no es ajeno a los niños y adolescentes estudiantes. Para llegar a la institución educativa en la que se imparte bachillerato, la comunidad tiene una lancha. Aunque el Estado surte la gasolina para dicho vehículo, el motor que lleva fuera de borda es tan solo de 15 caballos de fuerza. Por eso hay estudiantes que tienen que hacer recorridos casi de dos horas para llegar a clase. “Queremos adquirir un motor de 40”, anhela una profesora.

Institución educativa Esther Etelvina Aramburo en el río Yurumanguí. 

Otro ejemplo es la Institución Educativa Jaime Rook, ubicada en el río Raposo. Su sede principal es una fotografía de las condiciones en las cuales estudian aquí. Quienes están en primaria reciben clases en el comedor de la escuela, ante la falta de aulas. En ese mismo recinto cocinan con gas. Al acercarse a un salón, en el que estudian quienes cursan bachillerato, se siente olor a humedad. “Esto está muy deprimente”, dice una profesora. Las sillas están en medio de un charco, un palo grueso ayuda a sostener el techo y las paredes están enmohecidas.

En la comunidad de San José, en el Yurumanguí, los niños y adolescentes solo pueden estudiar cinco horas diarias debido a la falta de aulas. Quienes cursan bachillerato entran a las 7 de la mañana y salen a las 12 y media. A su salida llegan los alumnos de primaria, quienes estudian de 1 a 5 de la tarde. La conectividad es otro de los desafíos. En el Jaime Rook se quedaron sin luz desde mediados del 2018, debido a que la electricidad del colegio provenía de un panel solar cuya vida útil se cumplió.

Por eso no pudieron aprovechar una oferta institucional de suministrar internet al colegio. Tampoco tienen conexión las sedes del río Yurumanguí. Sol Indira Quiceno, directora de Cobertura y Equidad del viceministerio de preescolar básica y primaria, aseguró que “en la zona rural, el Distrito de Buenaventura se realizó una inversión de $2.231 millones de pesos, que beneficia a 16 establecimientos educativos, actualmente 6 se encuentran terminados y 10 en ejecución con fecha estimada de entrega en mayo de 2019. Adicionalmente, la intervención de 21 establecimientos educativos rurales, con un presupuesto estimado de 1.500 millones de pesos y cuya ejecución iniciará en el segundo semestre del 2019”. El Ministerio de Educación no precisó los nombres de los colegios que recibirán esas inversiones.

Para las cinco sedes del colegio que funciona en el consejo comunitario del bajo Calima hay 55 computadores. Sin embargo, ninguno tiene conexión a Internet y nunca en la historia de la institución han contado con un profesor de informática. La falta de profesores es una constante en las escuelas ubicadas en las cuencas de los ríos de Buenaventura. En el bajo Calima no tienen profesor de ciencias naturales desde hace cuatro años. De inglés tampoco han tenido docente durante dos años.

Una situación similar han atravesado las sedes educativas en el Yurumanguí. En la vereda San Antonio no hubo maestro de inglés desde 2011 hasta 2016. En Juntas tampoco hubo quien impartiera clases de ciencias sociales ni de educación física entre 2016 y 2018. Eso sin hablar de la violencia.

Comunidad El Tigre, en el río Raposo, donde está ubicada la institución educativa Jaime Rook.

En la fachada del colegio de San José, en el mismo río, se encuentra fijada una circular en la que se le anuncia a la comunidad que un grupo armado denominado “Columna Móvil Jaime Martínez” hace presencia en la región. Según el panfleto, ese actor está integrado con el frente 1 de las Farc, que se declaró en disidencia antes de que terminaran los diálogos entre el Estado y esa guerrilla en Cuba. A pesar de que pedimos lo datos de profesores amenazados en Buenaventura, al cierre de esta edición, la Secretaría de Educación de ese municipio no los había enviado.

Por todo esto es que la educación superior es casi un sueño inalcanzable. Los seis profesores consultados para esta nota mostraron tristeza cuando se les preguntaba por el número de estudiantes que han ido a una universidad. “Del bajo Calima ha salido gente con ganas de estudiar, pero se han tenido que devolver por falta de recursos”, cuenta un líder.

La situación no es diferente en los otros ríos. En Yurumanguí, un profesor dijo que el número no sobrepasa el 1 %, otro más optimista aseguró que ronda el 5 %. En el casco urbano de Buenaventura hay sedes de algunas universidades, sin embargo, los jóvenes se tendrían que desplazar durante dos horas y media por mar y río para llegar, lo cual significaría un gasto impagable en combustible.

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Ese contexto hace que un profesor concluya: “No estamos en condiciones de dar una clase para competir con los que sí saben que ahí está su silla”. Así lo han demostrado los resultados de las pruebas estatales. Por ejemplo, para poder ser beneficiario de una beca del programa estatal Generación E, uno de los requisitos es “ser uno de los mejores puntajes en las pruebas Saber 11 (mayor o igual a 359 puntos)”, según dice la página web del Ministerio de Educación. Sin embargo, en Yurumanguí los promedios de 2018, 2017 y 2016 fueron 187,2, 182,7 y 194 respectivamente. Resultados similares obtuvieron en el Calima y Raposo. Los docentes sienten que las puertas de las universidades están entrecerradas para sus estudiantes.

Al consultar con el Ministerio si tienen algún plan para facilitar la entrada a la universidad de los estudiantes rurales de Buenaventura, teniendo en cuenta lo lejos que están de alcanzar los puntajes exigidos por Generación E respondieron: “el programa entiende las diferencias territoriales que existen en nuestro país, y por tanto, acomoda estrategias para que nuestros jóvenes, que con gran esfuerzo y sacrificio superan grandes barreras, accedan y permanezcan en nuestras instituciones de Educación Superior”.

Desde el pasado viernes llamamos y le enviamos mensajes de Whatsapp al secretario de Educación de Buenaventura, Walberto Alioma. El sábado, cuando respondió, le enviamos un cuestionario con preguntas sobre las acciones de esa entidad para solucionar los problemas de las escuelas en los ríos Yurumanguí, Raposo y Calima. Aseguró que el lunes respondería, ante la insistencia de que lo hiciera antes para incluir sus palabras en este artículo dijo: “Si usted sabe la realidad no entiendo porque (sic) solicita otra información haga lo que considere”.

Educación con pertinencia

“Si en las pruebas estatales midieran componentes como la capacidad de conservar el territorio y el liderazgo, sacaríamos puntajes altos”, afirma un profesor. No se trata de una excusa por los resultados de las instituciones, sino de una discusión que empieza a tomar fuerza en los tres ríos donde estuvimos: la educación con pertinencia.

Un docente cuenta que los niños aprenden a leer con cartillas que no incorporan ninguno de sus usos y costumbres. Esos textos tampoco hacen referencia al entorno natural en el que viven las comunidades del Pacífico. Raposo, Yurumanguí y el Calima quedan en medio de una selva espesa, repleta de plantas y animales. También les preocupa que la mayoría de la ínfima cifra de jóvenes que asisten a la universidad se radica en otros lugares.

Según Quiceno en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo existe una estrategia conjunta con la Secretaría de Educación para que “los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes en la ruralidad desarrollen todo su potencial de manera integral, mediante un servicio educativo pertinente y de calidad”. Para eso, según la funcionaria, se mejorarán los procesos de matrícula, se fortalecerá el grado transición y habrá mejoramientos de infraestructura, del Programa de alimentación escolar. A eso se sumaría la “generación de oferta de emprendimiento, recreación, cultura y deporte”.

Una profesora resume lo que esas comunidades necesitan: “Debe haber educación integral, tanto de lo nuestro como de lo de afuera. Los niños deben salir con ese conocimiento del colegio. Ese es mi sueño, porque los mayores nos lo dieron como herencia”.

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Y han empezado a tomar medidas en ese sentido. En la comunidad de San José, en Yurumanguí, están tramitando el cambio de nombre de la institución educativa. Se llama Esther Etelvina Aramburo y quieren ponerle William Caicedo Yanten, el nombre de un joven que soñaba con ser el primer profesor natural de ese río pero murió en un accidente. En Raposo también quieren modificar el nombre Jaime Rook, un soldado irlandés que hizo parte del ejército independentista comandado por Simón Bolívar, y quieren que el colegio se llame Rosana Cuama, una líder muy querida por la comunidad.

La lucha de las comunidades negras del Pacífico es por la supervivencia y el territorio. Sienten que la educación pertinente es vital para lograr ese objetivo. Por eso ven con preocupación que en algunos lugares la guerra y el abandono estén ganen ese pulso. En palabras de un profesor: “Lo que necesita el Pacífico es gente que defienda su lugar de origen y lo conserve”.