Piden prorrogar el cese al fuego

El clamor de las comunidades afectadas por la guerra con el Eln

No desistir en la búsqueda de una salida pacífica es el llamado al Gobierno y al Eln de quienes han padecido esta guerra en Arauca, Chocó, Nariño y Catatumbo.

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Habitantes de Tumaco (Nariño) manifiestan su deseo de paz en la región, tras varios episodios de violencia. / Nicolás Sánchez

“Generosidad y seriedad, la primera para el Gobierno y la segunda para el Ejército de Liberación Nacional (Eln) para poner en evidencia que hay una unidad de mando y que está en capacidad de cumplir sus compromisos”. Esas fueron las palabras de Darío Echeverri para este momento de crisis, en el que el proceso de paz con esta guerrilla quedó en vilo, luego de que el presidente Juan Manuel Santos llamara a consultas al jefe negociador del Gobierno, Gustavo Bell.

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Echeverri, secretario general de la Comisión de Conciliación Nacional y uno de los responsables por parte de la Iglesia católica del monitoreo y verificación del cese al fuego bilateral con el Eln, se escuchaba preocupado por la noticia, quizá tanto como las personas que viven en las regiones del país donde se siente y padece esta guerra.

Colombia 2020 quiso acercar y recoger este clamor de los territorios, alejados del centro del país, que pide continuar este diálogo de paz y prorrogar el cese al fuego bilateral que permitió un alivio humanitario que, aunque imperfecto, devolvió la tranquilidad a muchos lugares. Una que perdieron ayer, cuando, vencido el plazo pactado desde el 1° de octubre de 2017, la zozobra por la confrontación armada volvió a regir.

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Arauca

La presencia histórica del Eln en este departamento se remonta a comienzos de los años ochenta, cuando se conformó el frente Domingo Laín. Desde entonces ha sido una de las estructuras armadas más poderosas de esta guerrilla en lo militar, territorial y económico. Por eso las palabras de Hernando Sánchez, presidente de la Asociación de Educadores de Arauca (Asedar) tienen tanto sentido:

“En Arauca sí sabemos qué es encontrar una carretera obstruida con un carro lleno de dinamita, sabemos qué es que vuelen con explosivos un puente o un oleoducto. Nos ha tocado sufrir la toma de pueblos y ver cómo miles de familias han dejado sus fincas por la violencia, sabemos qué es no dar clase durante dos o tres meses por un paro armado, sabemos lo que son las vacunas y extorsiones, sabemos qué es el dolor de la muerte y la desaparición forzada. Por eso respaldamos estos diálogos de paz y exigimos que siga el cese al fuego bilateral”.

Sánchez sostiene que en las fiestas de fin de año se vivió un entusiasmo entre la gente que no recordaba: muchos volvieron a las fincas, se movían de día y de noche entre municipios y visitaban en familia ríos y caños alejados de los centros poblados. Lidia Teresa Afanador, líder campesina y defensora de derechos humanos en este departamento, suscribe esas palabras y asegura que “el Gobierno y el Eln debe entender que en Arauca estamos urgidas de que se respete el derecho a la vida de nosotras y nuestros hijos. Hemos sido también estigmatizadas y violentadas por todos los armados".

La Defensoría del Pueblo en Arauca, que hizo seguimiento al cese al fuego, respalda estos testimonios y reconoce que este fin de año transcurrió con niveles bajos de violencia. Sin embargo, señaló que hubo algunos homicidios y casos de reclutamiento forzado en el piedemonte araucano. Las extorsiones e impuestos de guerra también continuaron porque no fueron pactadas entre el Gobierno y el Eln.Por eso el llamado es que mientras se busca prorrogar el cese al fuego se cumpla el Derecho Internacional Humanitario, para que la población se deje al margen de la confrontación.

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Catatumbo

“En estos 101 días de cese al fuego nosotros sí logramos ver que el conflicto disminuyó. Antes había restricciones en la movilidad. El Ejército se iba en contra de la población civil porque decía que eran los que permitían que el Eln atentara contra la infraestructura. ¿Por qué no mantener esa tranquilidad y sacar a la población civil de la confrontación?”, dice Ediber Suárez, integrante del Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca).

Así como él, otros líderes de organizaciones sociales aseguran que el cese al fuego se sintió en el Catatumbo, región donde históricamente esta guerrilla ha tenido fuerte presencia. “Podemos decir que hubo un alivio con las Farc y el Eln fuera de la confrontación armada. Bajó en un 95 % el conflicto, sin embargo, hubo ataques armados del Epl”, añadió Juan Carlos Quintero, vicepresidente de la Asociación Campesina del Catatumbo.

Según estos líderes, el cese daba un mensaje a la sociedad de “confianza y credibilidad de que esta negociación iba en serio”, es por esto que le piden tanto al Gobierno como al Eln que retomen los diálogos y que haya una prórroga definitiva del cese del fuego bilateral.

Nariño

El 27 de noviembre del año pasados 13 personas fueron asesinadas por el Eln en la vereda Pueblo Nuevo de Magüí Payán, Nariño. A pesar de esa violación de lo pactado, los pobladores del departamento piden que el cese se prorrogue. El Eln tiene presencia en municipios como Tumaco, Barbacoas y Magüí Payán. Desde que cesaron las hostilidades los pobladores de las áreas rurales han podido transitar más libremente.

Célimo Cortés, representante legal de la Red de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur (Recompas), que agrupa a 16 consejos comunitarios de los municipios de Francisco Pizarro y Tumaco, cuenta que el año pasado tres técnicos fueron secuestrados, durante tres días, cuando iban a impulsar un proyecto de Recompas de siembra de arroz y seguridad alimentaria. En noviembre, tras la declaración del cese al fuego, decidieron ir a 13 comunidades de Roberto Payán y no se presentó ningún contratiempo. “Para las zonas de presencia militar del Eln el cese al fuego sí es muy importante”, enfatiza.

El líder sugiere que el cese puede mejorar. Afirma que como la guerrilla se replegó, varias organizaciones armadas entraron a esos territorios, por lo cual pide que ante la retirada de la insurgencia el Estado cope los espacios para prevenir violaciones de los derechos humanos.

Chocó

El río San Juan era el escenario de una guerra por territorio entre el Eln, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y la Fuerza Pública. La población civil resultó con afectaciones severas. La guerrilla asesinó en la comunidad de Carrá (Litoral del San Juan, Chocó), en marzo de 2017, a cinco personas. Además, la pesca, la caza y la tala de madera, prácticas tradicionales de las comunidades indígenas y negras de la región, estaban restringidas, así como el tránsito entre comunidades. El cese al fuego cambió el panorama.

“El compartir entre comunidades se vio mucho”, señala Elizabeth Moreno, representante legal del Consejo Comunitario General del San Juan, organización que agrupa consejos comunitarios de Itsmina, Medio San Juan, Nóvita, Litoral del San Juan y Sipí (Chocó) y de Buenaventura (Valle del Cauca). Durante diciembre y parte de enero los chocoanos y vallecaucanos que viven a orillas del San Juan pudieron celebrar juntos desde las fiestas patronales hasta campeonatos de fútbol. Además, en el Litoral del San Juan la gente volvió a pescar.

“Hacía un buen rato la gente no tenía la tranquilidad en esos territorios”, puntualiza. Por eso su llamado es a que los diálogos continúen en Quito. Al mismo tiempo, pide que el Estado llegue de manera integral a la región. “Los sufrimientos y la falta de oportunidades en los territorios no son solo por la violencia de los grupos armados. Es el mismo abandono estatal el que lleva a esas cosas”, concluye.