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Un mes antes de ser asesinado mientras observaba por televisión el partido entre Colombia e Inglaterra, Luis Barrios había denunciado ante la Fiscalía, con nombre propio, las amenazas en su contra. Era 30 de mayo. Ocho días atrás, dos hombres lo detuvieron en una vía de Palmar de Varela (Atlántico) para advertirle que se cuidara porque sabían que estaba denunciando la red de microtráfico que se había instalado en su barrio.
El 3 de julio, el país saltó nuevamente conmocionado al enterarse de su asesinato. Su muerte se sumó a la oleada de líderes sociales que han matado en las últimas dos semanas.
De inmediato, ante su caso y el de los 178 líderes y defensores de derechos humanos que han sido asesinados desde que se firmó el Acuerdo de Paz hasta junio de 2018 —según las Naciones Unidas— comenzaron los señalamientos a la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Fiscalía y la Policía Nacional por la falta de seguridad y protección para estas personas.
Varios murieron a pesar de haberle solicitado a la UNP un esquema de protección, como fue el caso de Luis Barrios. Lo mismo ocurrió con Bernardo Cuero, asesinado en junio de 2017, quien llevaba cinco años pidiendo protección a las autoridades. Era el fiscal de la Asociación de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes).
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Al hablar sobre lo que está ocurriendo en el país y la responsabilidad de la Unidad Nacional de Protección en estas muertes, Diego Fernando Mora, director de la entidad, sostiene que se le está endilgando toda la culpa a la UNP cuando hay otras entidades en el territorio que también tienen la labor de actuar frente a estos casos para que no sigan ocurriendo.
Manifestó que debe haber mayor articulación entre alcaldías, gobernaciones, Policía, Fiscalía y UNP en los territorios donde hay más riesgos para los líderes, y que esta entidad está trabajando en un programa de protección colectiva, que en muchas comunidades les piden priorizar para enfrentar las amenazas de grupos armados.
¿Qué ocurrió en los casos de Bernardo Cuero y Luis Barrios? Ambos pidieron protección, pero terminaron asesinados.
Luis Barrios le pidió protección a la UNP el 17 de mayo, a través de una carta de la Defensoría del Pueblo por las amenazas que recibió al denunciar una red de microtráfico en Palmar de Varela (Atlántico), pero en ninguna parte la carta decía que era urgente. Al día siguiente la UNP lo llamó y le pidió su consentimiento para hacer el estudio de riesgo. Él envió esos papeles el 27 de junio. Ese día se hizo oficial para nosotros su solicitud. Esa misma semana le mandamos una carta a la Policía Nacional del Atlántico para solicitar medidas preventivas mientras nosotros hacíamos el trámite. Ellos debían adelantar este proceso.
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¿Es cierto que Barrios había denunciado sus amenazas un mes antes de ser asesinado?
Sí, y la denuncia es bastante compleja, con nombres propios y todo. Entonces, la primera pregunta es por qué no actuó la Fiscalía regional inmediatamente. Ellos ya tenían conocimiento; la UNP sólo supo de esto oficialmente un mes después. Otra connotación es que el decreto 2078 de diciembre de 2017 dice que los departamentos y los municipios son los primeros intervinientes. Si ellos saben que hay un líder en su región en riesgo inminente, tienen que actuar. Pueden generar acciones con la Fuerza Pública o sacarlo del sitio. Nosotros somos una entidad de carácter nacional y nos toca una situación mucho más compleja. Es mucho trabajo y a veces se desborda. No somos infalibles. Tratamos por todos los medios de cumplir con la demanda que tenemos, porque esto se disparó de una forma gigantesca.
¿Y en el caso de Bernardo Cuero?
Él hizo solicitudes de protección durante cinco años seguidos. Los cuatro estudios que hicimos arrojaron un riesgo ordinario, es decir, que no eran amenazas por su trabajo como líder social sino por asuntos personales.
Otra cosa denuncia su familia...
Ellos señalan que las amenazas arrancan presuntamente por las denuncias de una red de microtráfico, dando también el nombre propio del jefe de esta red. Así lo denunció Cuero ante la Policía y la Fiscalía, pero después de las investigaciones, las autoridades dicen que esa red no existía, que era un problema personal por un lote por el que vivían agarrados. Por eso los estudios siempre arrojaron como ordinarios, pero su caso siempre rondará en mi cabeza. Podemos sacar todas las conclusiones, pero mientras no haya una investigación certera, la UNP tiene algún grado de responsabilidad.
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¿Por qué dice que la UNP está desbordada?
En el 2017 tuvimos 48.000 solicitudes de esquemas de protección; en el 2016 fueron 45.000, y en el 2015, 28.000. De un año a otro se duplicaron. En el 2018, hasta la fecha, vamos en aproximadamente 24.000 solicitudes, por encima de lo que íbamos en el mismo período del año pasado.
¿Cuál es su diagnóstico de la situación que están viviendo los líderes y lideresas sociales en el país?
El tema es muy complejo. Por eso el Ministerio del Interior ha manifestado que el programa individual de protección no es suficiente y no está diseñado para lo que está sucediendo, porque es un programa a ruego, creado a partir de la violencia de los años 80 y 90. Para esa época sabíamos hacia quiénes iban dirigidas las amenazas, pero en este momento los líderes a los que están matando son los de la Colombia profunda.
¿A qué se refiere?
Si tomamos la cifra de 84 líderes asesinados el año pasado, según las Naciones Unidas, sólo seis habían solicitado protección, entre ellos Bernardo Cuero y Temístocles Machado. Los otros cuatro tenían medidas de protección. Con Bernardo fue un error y Temístocles desistió del programa individual de protección por escrito. Nos dijo que no concebía llegar en una camioneta con escoltas a su barrio. Lo que nos pedía era un programa colectivo para la seguridad de toda la comunidad. Ellos pedían cosas que se salían de las manos de la UNP. Solicitaban cámaras en los postes y que se les arreglara la titulación de tierras. Eran más cuestiones de seguridad ciudadana.
El esquema de seguridad colectiva es una petición vieja de las comunidades...
Sí, y todo el mundo cree que toda la protección le corresponde a la UNP, pero nosotros llegamos sólo hasta los esquemas individuales. La protección colectiva tiene dos componentes: uno que le corresponde a la Unidad para colectivos que tengan amenaza directa, por ejemplo, el consejo comunitario de Alto Mira y Frontera, en Chocó, y el otro es la protección colectiva en el marco del decreto 2078, que involucra a los entes territoriales. Este año, la cifra va en 33 líderes asesinados, según la ONU. Es duro cuando nos dicen que a un líder lo asesinaron y tenía solicitud de protección con nosotros. De esos 33 líderes que van este año, sólo dos han solicitado protección.
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¿El Gobierno ha pensado una nueva institucionalidad que pueda afrontar el incremento en el asesinato de líderes y defensores? ¿Se puede hablar de sistematicidad en estos crímenes?
Las zonas donde están en riesgo todos esos líderes están plenamente identificadas: Nariño, Cauca, Bajo Atrato, Urabá antioqueño, Catatumbo y la parte sur del Bolívar. Cada sitio tiene una particularidad y los perpetradores son varios, por eso no se habla de sistematicidad, porque todo es multicausal. En el Urabá tenemos un problema de reclamantes de tierras, en el norte del Cauca es minería ilegal. Si hablamos del centro del Cauca, hay problemas de tierras, indígenas, narcotráfico, pero todo son asuntos muy particulares de cada zona. Para proteger a todas estas personas no es que tengamos que crear una nueva entidad, sino que tenemos que articular todas las acciones del Estado.
¿Por qué no ha habido esa articulación?
Nosotros nos articulamos en muchos aspectos, por eso está creado el Consejo Nacional de Garantías. La Fiscalía, que está en esos territorios, es la primera que nos llama para proteger a cierto líder. Lo que pasa es que el problema va muchísimo más allá. Esto no se va a acabar de un día para otro, pero sí se ha ido controlando. Este año tuvimos un pico en las solicitudes. En enero fueron diez, de ahí bajó a cuatro y después a dos en marzo, abril y mayo. El mes pasado no pasó nada y este mes se disparó en las últimas dos semanas.
¿Qué se necesita, entonces?
Mientras no logremos consolidar la seguridad, y sobre todo acabar o controlar las economías ilícitas de estas regiones, que son los verdaderos generadores de riesgo, no va a parar el asesinato a líderes sociales. Esa es la verdad. Lo que nosotros hacemos todos los días es tratar de que no suceda, pero, realmente, para pararlo hay que controlar el narcotráfico, la minería ilegal y que vayan fallando los jueces de restitución de tierras.
Los líderes sociales suelen quejarse de la oferta de medidas de protección de la Unidad. ¿Qué les responde?
La oferta de medidas de protección individual es demasiado estrecha. Hay situaciones en las que se ha evidenciado que lo que hay que hacer con ese líder es sacarlo de la zona, pero el primero que se niega a salir es él. Hay zonas donde no entra un carro, entonces, en vez de eso, el Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem) le da un aporte económico para que alquile una lancha y él pueda andar en ella sin necesidad de estar expuesto en otros medios de transporte. Con los celulares es muy difícil, porque la señal no la podemos controlar. Nos piden en muchos casos un celular satelital, pero por eso incluso los pueden matar, porque es algo preciado para un criminal.
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¿Cuántas personas tienen ustedes con esquemas de protección en el país?
Hay alrededor de 5.800 con medidas de protección de diferente nivel. Con medidas fuertes, es decir, con al menos un escolta, alrededor de 3.000. La mayor concentración de esquemas de protección está en los departamentos de Cauca, Nariño, Chocó, Antioquia, Caquetá, Meta y Putumayo.
¿Cómo es la asignación presupuestal de la Unidad con relación a la protección de líderes sociales?
El 86 % del presupuesto de la UNP se está gastando en esquemas de líderes sociales, entendiendo esto desde los periodistas hasta los reclamantes de tierras o líderes étnicos. El otro 14 % se gasta en funcionarios públicos, en especial de quienes no tienen el presupuesto para un esquema de protección, porque a los funcionarios públicos de las entidades que tienen el presupuesto para pagar la protección se la cobramos. Es decir, esa plata la recuperamos y la gastamos en líderes sociales. Antes, la proporción era casi 50/50, pero en este momento es 86/14.
¿Cómo ha sido el empalme de esta entidad con el gobierno que viene?
Ha habido un proceso muy articulado y juicioso por parte del nuevo gobierno. Con los equipos de empalme se viene trabajando muy activamente para revisar qué se está haciendo, cuál es la problemática, cuáles son los retos y qué hace falta para no decir que a partir del 7 de agosto hay borrón y cuenta nueva. Creo que poco a poco esto debe mejorar. Y cada vez avanzamos en mejorar la protección de esas comunidades en esas zonas. Estamos enfocándonos en lo que sabemos hacer y a aquel líder que nos haga la solicitud le haremos el trámite lo más rápido posible, a pesar de las restricciones que mantenemos.