En el fin de un gobierno y en la antesala de una nueva administración

El reto de proteger a los líderes sociales

El asesinato de líderes sociales conmueve a Colombia. Las autoridades dicen que la principal causa es el narcotráfico y las organizaciones sociales no descartan móviles políticos. El reto para la paz empieza con la protección de la vida. 

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La sociedad colombiana se movilizó masivamente el pasado viernes para condenar el asesinato de líderes y lideresas sociales en todo el país. / Cristian Garavito

Hace un año y ocho meses se firmó el Acuerdo de Paz entre el gobierno Santos y las Farc, pero en las regiones del país siguen asesinando a líderes sociales y defensores de derechos humanos. En lo que va corrido del año, según la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia, son cerca de 90 casos en observación. El Gobierno habla de 33. Cualquiera que sea la cifra concreta, lo cierto es que la violencia está disparada y los días de antesala al relevo del poder en la Casa de Nariño transcurren en medio de una escandalosa crisis humanitaria.

Más allá de las responsabilidades, las preguntas principales que hoy se hace el país son: ¿Quiénes son los victimarios? Y, ¿por qué se ha incrementado esa violencia en las últimas semanas? Antes de consignar las respuestas que dan las autoridades, cabe resaltar que ni siquiera entre los organismos públicos existe coincidencia en el número global de casos. La Fiscalía dice que entre 2016 y lo que va de 2018 han sido asesinados 178 líderes sociales. La Defensoría del Pueblo refiere que son 282 hasta febrero de 2018. Entre uno u otro diagnóstico, la sociedad está alarmada.

Tras reconocer que el índice de homicidios se ha incrementado en el país en una tasa del 6,5 % en el primer semestre de 2018, la Fiscalía señaló este viernes que en buena medida esta situación obedece al surgimiento y fortalecimiento de organizaciones delincuenciales que tratan de imponer control en los territorios de consolidación donde antes incursionaban las Farc. El propio fiscal Néstor Humberto Martínez expresó que los líderes sociales y defensores de derechos humanos “están librando batallas filantrópicas por sus comunidades para emanciparlas de los cultivos ilícitos”.

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En otras palabras, la hipótesis central del ente investigador es que la violencia se origina por la acción de “verdaderos ejércitos al servicio del narcotráfico, que luchan por el control de los cultivos ilícitos”. Según el fiscal Martínez, con casos preocupantes, como el bajo Cauca antioqueño, donde el homicidio ha crecido en un 164 %. En su balance oficial, el funcionario asegura que en el 50 % de los casos en todo el país se ha establecido la autoría material de los asesinatos, lo que lo lleva a concluir que los principales perpetradores son grupos dedicados al tráfico de drogas.

Sin embargo, entre las organizaciones de derechos humanos el diagnóstico no es tan cerrado ni tan concluyente. Y la razón de su perspectiva obedece a que tienen sus propios registros de que también están cayendo líderes de procesos de restitución de tierras, defensores de causas ambientales, contradictores de proyectos mineros o industriales a gran escala, o simplemente líderes políticos o comunales con arraigo en las regiones. Con el agravante de que el propio excandidato presidencial de la Colombia Humana, Gustavo Petro, ya le dio ribetes de persecución política.

De hecho, a un mes de que el gobierno entrante asuma sus funciones, Petro ya le exigió al mandatario electo, Iván Duque, pronunciarse sobre los asesinatos de su militancia política, con una frase que demuestra el calibre que va a tener su oposición: “Su silencio permite el empoderamiento de los asesinos”. Es más, convocó a una movilización nacional e internacional para el 7 de agosto, justo el día de la posesión de Iván Duque, quien contestó diciendo que no acepta que ninguna persona sea amenazada y que quiere un país donde brille la legalidad y todos los colombianos se sientan protegidos.

Por iniciativa del presidente Santos, este martes se realizará una reunión de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, una instancia creada en desarrollo de los Acuerdos de Paz con las Farc justamente para enfrentar coyunturas de violencia como la actual. Al anunciarlo, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, manifestó que ese día se expedirá un decreto especial de seguridad colectiva, respondiendo a las demandas de las comunidades para preservar su trabajo social en condiciones que constituyan una garantía para la convivencia.

Paradójicamente, por ejemplo, ese fue el insistente reclamo de Temístocles Machado, líder del barrio Isla de la Paz de Buenaventura, asesinado el pasado mes de enero. Que se mejoraran las condiciones de seguridad en los lugares donde residen o trabajan los líderes amenazados. El decreto plantea avances en alumbrado público, conexión de telefonía celular, presencia de Fuerza Pública y cámaras de seguridad, entre otros. No obstante, la convocatoria de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad es apenas una reacción a un tema crítico que afecta a toda la sociedad.

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El representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Alberto Brunori, va más allá de esta salida parcial a la crisis, cuando advierte que “hay ataques letales que no se registran en el ámbito nacional, pero que en el ámbito local aplacan toda actividad de defensa de derechos”. Una forma de notificar a Colombia sobre la gravedad de lo que está sucediendo. En diálogo con El Espectador, Brunori recordó que la ONU promovió un pacto por los derechos humanos, incluso firmado por el presidente electo, Iván Duque. Hacia allá debe apuntar la acción del Estado.

Si bien Alberto Brunori reconoce que existe un incremento en el asesinato de líderes sociales en las regiones donde hay economías ilícitas, como lo recalcan las autoridades, también es claro en reconocer que existe una multiplicidad de autores que deben ser investigados. “Estoy pensando en Norte de Santander, Chocó, Cauca, Antioquia o Nariño, donde también parecen existir otras razones. En algunos casos, son opositores de proyectos agroindustriales o a la minería ilegal”, añadió el diplomático, quien consideró importante que la ciudadanía se movilice.

Todavía no hemos tenido las reuniones de empalme con las nuevas autoridades, esperemos que confirmen que nuestra relación se pueda fortalecer, el presidente electo ha declarado que no tolerará el asesinato de líderes sociales y creo que es el camino correcto, y el alto comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas sigue muy de cerca la situación de los líderes sociales en Colombia”, puntualizó Brunori, al tiempo que reconoció los avances de la Fiscalía e insistió en que lo más importante es aclarar la autoría intelectual detrás de esos asesinatos.

De cualquier manera, desde ya se advierte que el primer dilema para el gobierno que se inicia en cuatro semanas, sin duda va a ser el de la seguridad de los líderes sociales. Lo recalca el director del Centro Nansen de Noruega para la Paz y el Diálogo, Alfredo Zamudio, cuando expresa: “Los procesos que terminaron un conflicto cruel no deben ser cerrados ni ignorados. La paz es presencia activa y responsable del Estado en todas las zonas del país para proteger a sus ciudadanos, sin importar su filiación política. Las armas no deben volver a ser la respuesta a los problemas políticos de Colombia”.

Y en términos históricos, las lecciones son claras. Hace 32 años, cuando Belisario Betancur rompió la tradición y decidió buscar la paz por la vía política, creando la Unión Patriótica (UP), el final de su gobierno fue también el preludio de la tragedia humanitaria que se impuso. La UP participó en las elecciones de 1986, pero desde la transición al gobierno Barco empezó a ser golpeada por la violencia. Y sucedió algo parecido a lo que hoy lamenta Colombia. Primero fueron los simpatizantes, después los líderes políticos, hasta que se impuso el exterminio que acabó con la paz.

En aquella época, dentro de los acuerdos entre el Gobierno y la insurgencia, quedó claro que el Estado se comprometía a proteger y garantizar los derechos de la UP. Claramente no se cumplió esta premisa y se recrudeció la guerra. Hoy existen otros factores de violencia, sin duda el más grave de ellos se deriva del narcotráfico en territorios donde el Estado siempre estuvo ausente, pero también hay líderes sociales en las regiones que necesitan ser protegidos, sin que ello eluda el deber del Estado de desactivar las organizaciones que quieren impedir nuevos aires para la democracia.

Carlos Guevara, director de la organización de derechos humanos Somos Defensores, que desde años atrás viene documentando las agresiones contra líderes sociales de causas diversas como restitución de tierras o defensas territoriales y ambientales, cree que la fórmula para encarar la transición en el poder es fortalecer la participación de las organizaciones sociales antes que empoderar a la Fuerza Pública. En otras palabras, que la violencia no se supera únicamente con la represión, sino a través del diálogo y las movilizaciones de la sociedad en favor de la paz.

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En buena medida, eso fue lo que sucedió desde este viernes no sólo en Colombia, sino en 16 países. La gente del común, en plazas y parques, respondió al llamado de la Velatón por las Víctimas, para exigir la protección y el derecho de los líderes sociales a expresarse, y al mismo tiempo a condenar los asesinatos de los últimos días. Se oyeron voces clamando justicia, muchos jóvenes representantes de las nuevas generaciones animaron la jornada exigiendo su derecho a la paz, en un reclamo extensivo al gobierno que se aproxima. La voz común fue ni un paso atrás con la paz.

“Hasta que no logremos consolidar la seguridad y, sobre todo, acabar y controlar las economías ilícitas de estas regiones, no va a parar el asesinato de líderes sociales. Todos los días tratamos de que no suceda, pero pararlo es controlar el narcotráfico o la minería ilegal y que vayan fallando los jueces de restitución de tierras”, admitió el director de la Unidad Nacional de Protección, Diego Mora. Un tácito reconocimiento de que la tarea es compleja. Hay regiones del país donde el Estado ha brillado por su ausencia, y con la salida de las Farc, en el río revuelto, otros quieren ser el poder.

“No desfalleceremos en el esfuerzo de judicializar a los asesinos de nuestros líderes, pero debemos decirlo con claridad: la razón del Estado no es contar muertos y, por ello, lo que tenemos que hacer como sociedad es preservar sus vidas”, declaró este viernes el fiscal Néstor Humberto Martínez. Pero los hechos hoy desbordan sus declaraciones, y por eso la gente salió a marchar para exigirle al Gobierno, porque todavía tiene tiempo de hacerlo, que defienda a sus líderes, y a la administración Duque que se anuncia, que sepa que no puede darle la espalda a esta prioridad.