Los niños siguen yendo a la guerra

Norte de Santander, Chocó, Nariño y Vaupés son los departamentos que más preocupan a diferentes organizaciones. Piden que las soluciones sean estructurales. El Gobierno lanzó el programa “Mi futuro es hoy” para llegar a 500 veredas en el territorio nacional.

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Organizaciones sociales denuncian que las causas estructurales del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes no se han resuelto a pesar de la firma del acuerdo de paz entre el Estado y las Farc.

Patricia Zarco Chamarra, de 16 años, llegó al hospital Santa Sofía de Buenaventura (Valle del Cauca) el pasado 29 de enero. Tenía múltiples heridas causadas por bombas lanzadas por la Fuerza Aérea y que cayeron sobre una zona del resguardo indígena Chagpien Tordó (Chocó), donde ella dormía con varios guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (Eln). Un año antes esa guerrilla había llegado a su casa en el resguardo Santa María de Pandala, ubicado en el municipio de Litoral de San Juan (Chocó), y la reclutó.

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Debido a las heridas que tenía, le tuvieron que amputar ambas manos. Murió el 4 de febrero. Su familia no ha recibido el cuerpo, ya que la Fiscalía está haciendo investigaciones sobre los hechos que rodearon su muerte.

El caso de Patricia es un ejemplo doloroso de cómo la guerra en Colombia se sigue librando con niños. El informe Una guerra sin edad, del Centro Nacional de Memoria Histórica, da cuenta de 16.879 casos de reclutamiento de menores de edad entre 1960 y 2016. Sin embargo, los reportes de varias organizaciones han documentado que este fenómeno sigue presentándose y que en algunas regiones del país el reposicionamiento de grupos armados ha aumentado el riesgo de reclutamiento.

Una de las regiones críticas es el Catatumbo, en Norte de Santander, donde, tras la salida del frente 33 de las Farc, varios grupos armados se disputan el control de las zonas. Para asegurar su expansión, los actores violentos reclutan niños en los alrededores de los colegios.

Un adolescente de 16 años contó cómo el Eln y el Epl siguen reclutando. Tras la insistencia de integrantes de la guerrilla, aceptó hacer parte de las filas del Epl: “Me tocó presentarme ante el comandante y me dieron una ‘cotización, que es un arma y unos $500.000”, recuerda. Cada mes le pagaban un sueldo. Alrededor de su colegio también estaba el Eln, pero asegura que este grupo armado no ofrece plata, sino que “endulza” adoctrinando a los niños y adolescentes, además de ofrecerles portar un arma.

En las filas de los grupos armados en el Catatumbo utilizan a los niños en diversas labores. Por ejemplo, los ponen a cargar droga de un lado a otro, a venderla, a comprarla, a rayar paredes con mensajes alusivos al grupo, a combatir y a reclutar a otros menores de edad. Incluso en el Epl existen “bonificaciones” para quienes logren que más personas se integren al grupo.

Pero no sólo los grupos ilegales utilizan a los niños. Este joven tuvo conocimiento de casos en los cuales el Ejército les pagaba a niños y adolescentes de las instituciones educativas para que averiguaran cuáles de sus compañeros hacían parte de otros grupos armados.

Al preguntarle qué tanto reclutan en esa región, el adolescente asegura que “demasiado. Me dicen que casi todos los pelados de 15, 16 años están con los grupos armados”. La situación en Norte de Santander se ha agravado en los últimos días debido a un panfleto firmado por las Águilas Negras en el cual amenazaban a varias instituciones educativas con poner bombas en sus instalaciones si los estudiantes acuden a las clases.

Colegios de la zona rural de Cúcuta, de los sectores Palmarito, San Faustino, Nueva Esperanza, Puerto Nuevo, Puerto León, Banco de Arena y Puerto Santander, y del corregimiento de La Gabarra (Tibú) cesaron clases. “Esa situación termina siendo un factor de riesgo muy grande para los niños y las niñas”, asegura Hilda Molano, coordinadora de la Secretaría Técnica de la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Adolescentes al Conflicto Armado en Colombia (Coalico).

En el corregimiento Filo Gringo, del municipio del Tarra (Norte de Santander), también suspendieron clases debido a que hubo enfrentamientos entre el Eln y la Fuerza Pública. Algunos proyectiles impactaron en la infraestructura de la institución educativa y 700 estudiantes quedaron sin clase.

José Luis Campo, representante legal de Benposta, organización no gubernamental que trabaja por el restablecimiento de los derechos de menores de edad, afirma que “se ha disparado el número de casos que necesitan ser acompañados, valorados, y también de niños, niñas y adolescentes que necesitan salir de las regiones como la única alternativa para evitar el reclutamiento o ser usados por los actores armados”. Las solicitudes provienen en su mayoría del Catatumbo y de Buenaventura (Valle del Cauca).

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En la ciudad portuaria, la utilización de los menores de edad se da por parte de grupos posdesmovilización que operan en el casco urbano del municipio y controlan los barrios. “El uso de los niños y las niñas está camuflado dentro de la normalidad de la vida diaria”, cuenta Campo.

El departamento de Vaupés es otra región en la cual se están reportando casos de reclutamiento forzado de menores. La zona sobre la que hay más preocupación es el río Apaporis, donde varias comunidades han reportado que una disidencia de las Farc está reclutando niños para engrosar sus filas.

La problemática en ese departamento no es nueva. El 5 de abril de 2017, el gobernador Jorge Enrique Vargas le envió una carta al presidente Juan Manuel Santos, en la cual advertía del reclutamiento de menores de edad. A esta preocupación se suma que, como lo afirma Hilda Molano, esta no es una región priorizada para la implementación del Acuerdo de Paz entre el Estado y las Farc.

Prueba de esto es que ninguno de los municipios del Vaupés quedó incluido entre los territorios en los que se van a implementar los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial que se crearon en el Acuerdo de Paz.

Otras regiones también tienen en alerta a las organizaciones. Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) están reclutando en los departamentos de Chocó, Antioquia y Córdoba, mientras las disidencias de las Farc persisten con esa práctica en Meta, Guaviare y Vaupés.

A pesar de la crítica situación que se presenta en algunas regiones, cifras de la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, la Utilización y la Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes indican que el reclutamiento forzado ha disminuido en los últimos años. Mientras en 2012 se desvincularon 311 niños y adolescentes, en el 2017 lo hicieron 55.

“La disminución se dio por el avance en las negociaciones con las Farc”, afirma Paula Gaviria, consejera presidencial para los derechos humanos. Aunque coincide con las organizaciones sociales en que hay departamentos en los cuales los reportes aumentaron: Guaviare, Chocó, Antioquia, Nariño y Norte de Santander. Además, se empezaron a dar casos en algunos municipios de Boyacá, Córdoba, Vichada, Amazonas y Risaralda que no estaban en el mapa de reclutamiento del país.

Un contexto desfavorable

La entrada de los niños y los adolescentes a las filas de los grupos armados no se explica solamente por la presencia de los grupos armados en algunas regiones. Tanto Molano como Campo aseguran que existen causas estructurales que empujan a los niños a la guerra. Con esto se refieren a la ausencia de instituciones estatales que brinden oportunidades a los niños y adolescentes. “En muchas regiones se van a raspar coca o se van con un grupo armado”, ejemplifica Campo.

“Las causas que generan el ingreso de los niños y las niñas a la guerra no se han resuelto con la firma de los acuerdos”, agrega. Dice que, si bien las organizaciones sociales apoyaron los diálogos con las Farc, siempre tuvieron la preocupación de que el Estado no estaba llegando con inversión social a las regiones de las cuales salió la guerrilla.

“En La Gabarra estuvieron históricamente presentes las Farc. Con la salida de la guerrilla no ha cambiado. Siguen los mismos vacíos a nivel de salud, de educación, de presencia de un referente estatal, no solamente militar”, cuenta Campo. Al preguntarle a la investigadora principal del informe Una guerra sin edad, Katherine López, si en Colombia los niños van a la guerra buscando un plato de comida, responde: “Pasa y sigue pasando, pero no es la única razón”.

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López agrega que “crecer en un territorio como el Urabá o La Montañita (Caquetá) no es fácil para un niño”. El Estado identificó 191 municipios en los cuales las condiciones de riesgo están dadas para el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes hoy. Por eso, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos lanzó el programa “Mi futuro es hoy”, que busca llegar a 500 veredas en las cuales hay riesgo de reclutamiento. El objetivo es trabajar con las organizaciones de las regiones para crear entornos protectores y fortalecer la institucionalidad, lo que estiman que tenga un impacto sobre 27.000 menores de edad y 15.000 familias. “Vamos a trabajar, por ejemplo, con los colegios, porque hemos visto que hay una relación entre deserción escolar y reclutamiento”, cuenta Gaviria.

Para llegar a una solución del problema, Campo plantea que se debe implementar el acuerdo que firmaron el Estado y las Farc, hay que reanudar los diálogos con el Eln y que la mesa de negociación priorice a los niños, niñas y adolescentes que están en las filas del grupo guerrillero. “Con la ruptura de los diálogos se ve una oleada de confrontaciones”, enfatiza. Molano cree que la solución “va más allá de la entrega de los niños. Tenemos que pensar en la no repetición”.

Mientras tanto, los niños y adolescentes de los territorios abandonados por el Estado y con presencia de grupos armados siguen a merced de la guerra, siendo utilizados por todos los bandos que la pelean. El adolescente que logró escapar de las filas del Epl en el Catatumbo hoy sueña con ser cantante, escritor y actor. “Sería muy bueno que hubiera diálogo, paz, un estrechón de manos para que todo cambiara”, opina. De lo contrario, la historia de Patricia seguirá repitiéndose.

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