Los costos humanitarios para los indígenas awá por la guerra en Tumaco

Indígenas awá que habitan la zona rural del municipio nariñense denuncian que militares ocuparon una institución educativa del resguardo Piguanbi Palangana. La Fuerza Pública ha desplegado 9.800 efectivos en medio de la guerra contra las disidencias y el narcotráfico. Las comunidades viven en medio de la zozobra.

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Los indígenas awá denunciaron una supuesta ocupación de la Institución Educativa Sede Pianulpí por parte de efectivos del Ejército/ Cortesía.

En la tarde del 21 de junio se conoció que la Policía encontró tres cuerpos que serían los de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra, el equipo periodístico ecuatoriano que fue secuestrado el 26 de marzo por el frente Oliver Sinisterra, que opera en Nariño al mando de Wálter Patricio Arizala, también conocido como ‘Guacho’. A ese hecho se suman las afectaciones a las comunidades que habitan el municipio de Tumaco por la guerra que libran la Fuerza Pública y diferentes grupos armados que operan en la región. Los indígenas awá de la zona rural del municipio denunciaron violaciones a los derechos humanos.

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La última denuncia de los awá se dio el pasado 18 de junio. Según un comunicado de esta comunidad, a las 6 de la mañana llegaron integrantes del Ejército que se instalaron en la Institución Educativa Sede Pianulpí, ubicada en el resguardo Piguambi Palangala, del municipio de Tumaco. Dicho resguardo está compuesto por unas 800 familias que habitan cuatro comunidades. Según el documento, los uniformados pertenecían al Batallón de Selva Número 53.

Los líderes están amenazados por los grupos armados, por lo que sus nombres son omitidos en este relato. Según uno de ellos, luego de hablar con el comandante del grupo de soldados los uniformados abandonaron la escuela el 19 de junio. Ese día no hubo clase debido a la presencia de las tropas en las instalaciones de la institución.

“Decir que hubo la apropiación de una escuela son palabras mayores”, respondió la Fuerza de Tarea Hércules frente a este cuestionamiento. Hay que recordar que la ocupación de instituciones educativas por parte de actores armados constituye una infracción al Derecho Internacional Humanitario, según los tratados internacionales que ha suscrito Colombia. La institución castrense dijo: “se están adelantando las investigaciones respectivas para determinar qué fue lo que pasó”.

Al preguntarsele a la Fuerza de Tarea quién está investigando los hechos, respondió que “hay una investigación por parte de nosotros (la institución militar) para saber si se trata realmente de nosotros, porque los grupos al margen de la ley también tienen intendencia militar”. Sobre el tiempo en que tardarán en dar resultados la institución afirmó: “eso depende de la celeridad con que se reúnan las pruebas, que se hagan las entrevistas y muchas cosas”.   

“Ha sido muy difícil hacerle seguimiento a la ocupación y a los ataques a las escuelas”, afirma Julia Castellanos, de la coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia. A pesar de las dificultades, esa organización registró nueve hechos, entre ataques y ocupaciones, a escuelas en todo el país durante el 2017.  “Aparte de vulnerar el derecho a la educación puede poner en riesgo el derecho a la vida”, complementa Castellanos.

Otras afectaciones a los awá

La ofensiva de la Fuerza Pública contra ‘Guacho’ se intensificó en enero de 2018. El 12 de ese mes empezó a operar en la zona la Fuerza de Tarea Hércules, integrada por 9.800 mil efectivos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea que hacen presencia en 10 municipios del sur de Nariño. Además, en Tumaco hacen presencia otros grupos armados ilegales.

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La Defensoría del Pueblo, mediante la Alerta Temprana 044 de 2018, advirtió de la presencia del Frente Oliver Sinisterra y de otro grupo armado llamado Guerrillas Unidas del Pacífico. El primero opera en zonas de frontera con Ecuador. Después de que se confirmara el asesinato del equipo periodístico ecuatoriano la ofensiva arreció. “Con el incremento de los operativos militares se han recrudecido las acciones violentas y la población civil afrodescendiente, indígena y campesina ha quedado en medio de la disputa”, dice el documento de la entidad.

Incluso la Defensoría advirtió del riesgo en el que se encuentran varias comunidades awá de los resguardos Quejuambí Feliciana, Chinguirito Mira, Piedra Sellada y Hojal la Turbia. La entidad documentó una denuncia del resguardo Piedra Sellada según la cual efectivos del Ejército trataron de “guerrilleros” y “mandaderos de 'Guacho'” a unos indígenas.

En Piguambi Palangala, según el mismo líder del cual no revelamos su identidad, los indígenas también han sido estigmatizados por la Fuerza Pública. Según lo relató el aborigen, los militares les requieren constantemente los documentos a los indígenas, pero ellos no los portan por costumbre. “El Ejército nos aborda y luego nos traslada a Tumaco donde nos exigen darles información sobre los grupos armados, pero no podemos decirles nada, ¡Qué vamos a saber!”, dice el líder. “Nos genera extrañeza porque nosotros no tenemos problemas con los indígenas ni con la población civil”, controvirtió la Fuerza de Tarea Hércules.

A eso se han sumado las restricciones a la movilidad dentro del resguardo. Como lo cuenta la misma persona, los indígenas han tenido que dejar de ir a cazar y pescar. “Antes andábamos cazando de día y de noche sin ningún temor”, cuenta. Sin embargo, la intensificación de las confrontaciones en el territorio ha generado temor entre las comunidades, lo que les impide salir a los lugares selváticos y a los ríos.

La Defensoría del Pueblo documentó que los líderes de las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas están en riesgo. Así lo confirman personas del resguardo Piguambi Palangala. “A los líderes ya nos da miedo hablar porque nos han amenazado”, concluyó uno de los comuneros.

Mientras los diferentes grupos armados que operan en Tumaco libran una guerra sin cuartel, los indígenas awá y las comunidades negras y campesinas se encuentran en la mitad de todos los fuegos. La confrontación por controlar el municipio costero se refleja en las cifras de asesinatos. Del 1 de enero al 29 de abril de 2018 se han presentado 91 homicidios, lo que representa un incremento del 47% respecto del mismo periodo del 2017 cuando se registraron 62 casos, según datos de la Policía.  

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