Nuestro territorio es un campo de batalla: Awás de Tumaco

En La Perla del Pacífico, tras la dejación de armas de las Farc, la guerra sigue. A los aborígenes que viven en ese municipio les preocupa el surgimiento de nuevos grupos armados, la falta de acuerdos con el Gobierno para sustituir la coca y que se repitan hechos como la masacre del 5 de octubre.

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Rider Nastacuas es el consejero mayor de la Unidad Indígena del Pueblo Awá desde junio de 2016./ Óscar Pérez.

Los indígenas awá sienten desazón frente a la masacre del 5 de octubre en la vereda El Tandil de Tumaco (Nariño). Dicen que alertaron varias veces que ante la avanzada de la erradicación forzada los choques podrían terminar en tragedia. Sin embargo, no los escucharon y esa mañana de domingo murieron 5 campesinos y a luego otros dos. En total 7 personas.

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Los awá pusieron su cuota de sangre: dos de sus compañeros cayeron muertos. Lo que más los preocupa es que los factores que llevaron a la matanza siguen intactos en la región: coca, grupos armados y desconcierto frente a las acciones del Estado. Entre 2015 y lo que va corrido de 2017 han sido asesinadas 13 personas de esta etnia en Nariño.

Por eso, Rider Nastacuas, consejero mayor de la Unidad Indígena del Pueblo Awá, eleva varias alarmas frente a lo que está padeciendo su pueblo. En dicha organización están agrupados 32 resguardos integrados por 25 mil personas que viven en los municipios nariñenses de Tumaco, Barbacoas, Roberto Payán, Ricaurte y Samaniego. Esperan ser escuchados para que por fin llegue la paz al departamento.

Luego de la masacre de El Tandil ¿Cuáles son sus preocupaciones?

Nuestro territorio ha sido estratégico para los actores armados porque es binacional y tenemos muchas riquezas. La gran preocupación es ver cómo en los últimos años a las tierras han llegado otras gentes que no son indígenas, sino externos que vienen sembrando cultivos de hoja de coca. Colindamos con campesinos y afros y ese tema ha sido bastante difícil.

Hay amenazas a los líderes, a las autoridades, hay asesinatos, desplazamientos, masacres. Esta situación nos preocupa bastante porque nuestros hijos y nuestro territorio se han puesto como campo de batalla y eso no permite hacer un trabajo más allegado a la cultura propia.

¿Hace cuánto viene llegando ese personal?

Desde el 90 empiezan a llegar los cultivos y la nueva gente, proceso que continuó para el 2000. 

¿Cuántas familias awá dependen de la coca?

No tenemos un censo, pero hay muchas familias que cultivan y el que no cultiva vive de jornal. También algunas personas crían sus animales y los venden a la gente que cultiva coca. Muchas de las familias estuvieran siendo beneficiadas de los recursos que llegan de los cultivos.

¿Los narcotraficantes hicieron que los awá perdieran tierras?

Sí. Hemos revisado que hay gente que ha llegado ofreciendo recursos para comprar las tierras. Son campesinos, gentes de otras ciudades que han llegado a nuestro territorio. Junto con todo eso está el narcotráfico. Como el conflicto ha llegado a punta de amenazas, de muerte, de desapariciones y se ha roto el tejido de los procesos culturales y sociales. Han logrado llegar a comprar las tierras ilegalmente porque son comunitarias.

Una queja de ustedes es que los procesos de sustitución no se están haciendo teniendo en cuenta a los awá ¿Cuáles son las salidas que ustedes porponen?

Cuando empezaron a llegar los cultivos de coca alertamos al Gobierno porque habíamos visto lo que pasó en el Putumayo que no fue fácil, pero no tomó medidas. Ahora la misma gente ha venido cultivando coca en su territorio, pero quienes tienen las grandes extensiones no son los indígenas, sino personas que han venido llegando. Nosotros tuvimos acercamientos con el Gobierno nacional para ver cómo podíamos entender esa sustitución de cultivos y uno de los puntos que tratábamos era que nos garantizaran la socialización del programa a las familias indígenas porque la mayor parte de los awá son hablantes de idioma. Habíamos pedido hacer inversiones sociales en esos territorios que no han tenido viviendas, vías, puentes y electricidad. El Gobierno no ha tenido la voluntad, ha dicho que no tiene recursos para garantizar esa socialización. Agotamos la última reunión que se llevó a cabo en septiembre en la que estuvo Ministerio del Interior, otras instituciones, pero no hubo interés de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos. En eso quedamos. El pueblo awá no tiene un acuerdo de intención de sustituir firmado hasta el momento. Lo que más nos preocupa es que el pueblo awá tiene muchos acuerdos con los gobiernos municipal, departamental, nacional y no han cumplido ni el 20% ¿Qué otros acuerdos podemos firmar?

¿Siente que el tema de la sustitución está muy lejos?

Eso pensamos. El Gobierno por un lado está mirando cómo sustituir y por el otro vienen erradicando forzosamente, vemos que ambas cosas vienen a la par, entonces no sabemos cómo entender esa dinámica.

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¿Están sintiendo la presión de unos actores que se oponen a la sustitución?

Sí, eso es evidente. Detrás de todo eso hay gente interesada en que esos cultivos no se desaparezcan.

¿Cómo se ha transformado el conflicto armado en sus territorios con la dejación de armas de las Farc?

Nosotros como awá hemos sido víctimas y tras la firma estábamos muy contentos de que hubiera un actor menos que pudiera violentar nuestro territorio. Durante el año pasado se silenciaron las armas, pero ahora hay otras reflexiones sobre la paz. Creíamos que las Farc iban a terminar, pero ahora vemos que están resurgiendo nuevos grupos pequeños que no tienen estructura y es bastante complicado conocerlos, identificarlos y saber cómo podemos sobrevivir en medio de la situación. Ya hay amenazas contra algunas autoridades indígenas, empiezan a prohibir esos caminos ancestrales por donde vamos para visitar a las familias, para hacer acciones en salud, en educación, para recorrer el territorio con nuestras guardias indígenas. Si eso no se previene habrá nuevos desplazamientos. Haciendo un análisis profundo del proceso de paz que se viene desarrollando concluimos que cuando el gobierno habla de paz se enfoca más en las grandes ciudades y en los pueblos, pero no toma en cuenta a los indígenas, a los campesinos y a los afros que hemos vivido históricamente olvidados. Los grupos armados aprovechan para fortalecerse con amenazas y todo eso. Al parecer se está repitiendo la historia del pasado.

¿En dónde hay riesgos más fuertes de desplazamiento?

Lo que se escucha es que en Tumaco en lugar de atender a la población quieren militarizar más, eso significa aumentar violencias, muertes. En Barbacoas, Ricaurte y Roberto Payán también está bien complicado porque esos son corredores de quienes hacen la guerra.

¿Uno de esos acuerdos con el Estado que no les han cumplido es el plan de salvaguarda?

En 2006, en el 2013 y en el 2014 hicimos movilizaciones por el incumplimiento. Esperábamos que el plan generara atención a las poblaciones indígenas. Pero el plan tiene varios pasos, el primero es la consulta y construcción que era interna entre los awá. El segundo, la instalación de la consulta con el Gobierno. El tercero, la concertación y en eso estamos quedados. Le hemos solicitado al Gobierno que las concertaciones se hagan en el territorio nuestro, lo que ha dicho es que no hay garantías para llegar por el tema de la inseguridad. Hemos cedido diciendo que si no se puede lo hagamos en Pasto, en Mocoa y tampoco, dicen que no hay condiciones económicas o a veces no están contratados operadores y si se hacen llegan delegados con bajo perfil, gente que no tiene poder de decisión. Llevamos 8 años intentando concertar el plan de salvaguarda. La parte que nos correspondía a nosotros estuvo lista en el 2010.

¿Usted está amenazado?

¿Qué le diría? Donde yo estoy no he tenido una amenaza directa, pero nuestro territorio está amenazado por todos los intereses que tienen en la mira de nuestras riquezas. Nadie está a salvo, hay que entender la situación de manera colectiva.

¿Cómo ha sido el papel de la Unidad Nacional de Protección (Unp)?

La Unp ha venido atendiendo a la población awá, pero vemos con bastante preocupación que eso no significa garantías. La Unp se ha centrado en entregar carros, chalecos, celulares y dos escoltas. Los guardaespaldas son personas que no son de nuestra confianza y los actores armados han dicho que no nos quieren ver con escoltas. Empezamos a tener amenazas.

Hemos venido exigiendo a la Unp que se contraten nuestros guardias indígenas, pero no ha sido fácil porque nos piden los mismos requisitos que un escolta no diferencial. No se debe desconocer a una guardia que desde su nacimiento ha vivido en nuestro territorio y con nuestra cultura. Hemos venido solicitando unos recursos para trabajar el tema de autoprotección

¿Cuáles son esas riquezas en sus territorios?

Primero el territorio que hemos sabido conservar. Dentro del territorio están los ríos, las quebradas que no están contaminadas. También hay muchas especies de animales, plantas medicinales y frutales, árboles maderables que conservamos. 

¿En qué sectores del territorio awá hay minería ilegal?

En la comunidad Peña Caraño del resguardo Hoja la Turbia en Tumaco. Llevamos 8 años peleando por una mina ilegal frente a la cual tomamos medidas en el 2012 para desalojar, los desalojamos por un tiempo, pero hoy por hoy siguen explotando y lo hemos denunciado. El Gobierno se ha quedado sordo y eso nos preocupa. Nosotros podemos confrontar con ellos, pero eso significa más muertes, más amenazas.

¿Creen que sucesos como el de El Tandil se pueden repetir?

Nosotros habíamos alertado en muchas reuniones y en comunicados. Había un precedente de choques con la Fuerza Pública en Llorente, corregimiento de Tumaco. Además, la Fuerza Pública estuvo ubicada en territorio Awá, en el resguardo Piedra Sellada. La gente no está creyendo en los acuerdos con el Gobierno por el incumplimiento. Después de los acuerdos hay erradicaciones forzosas que se están dando, no sé si es por el desconocimiento del territorio de parte del Gobierno y la Fuerza Pública. La gente seguirá defendiendo los cultivos, puede que no muy lejos se repita la historia.

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