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San Calixto, en Norte de Santander, ha sufrido el conflicto armado por décadas. Sin embargo, en las veredas Monte Verde, Carrizal, San Luis, La Laguna y San Juan dicen que nunca habían escuchado detonaciones como las del 11 de julio. Ese día, integrantes del Eln y el Epl sostuvieron combates en medio de una guerra que libran desde el 14 de marzo del 2018, y los civiles resultaron afectados: una niña fue impactada por un proyectil y quedó gravemente herida. “Los padres trataron de proteger a los niños, pero fue bastante difícil”, cuenta José Luis Franco, personero del municipio. Los combates recientes se reportaron el 22 de julio, en el municipio de Convención.
Un día después de los enfrentamientos en San Calixto, los habitantes de esas veredas decidieron desplazarse como medida de protección. Una parte de los desplazados se encuentra en una escuela de la vereda San Juan. Franco afirma que son unas 170 familias. Otras 38 familias llegaron al corregimiento de San Pablo, ubicado en el municipio de Teorama.
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Algunos niños tienen problemas psicológicos debido a los hechos violentos que presenciaron, sostiene Franco. A eso se suma que hay varias escuelas cerradas. En la zona rural de San Calixto, unas 24 instituciones educativas no están en funcionamiento. En Teorama, la sede educativa que se encuentra en la vereda Vijagual también está cerrada.
Algunas de las personas que salieron de sus hogares han empezado a retornar. Sin embargo, como lo reconoce Éver Pallares, personero de Teorama, lo han hecho sin ningún acompañamiento de las instituciones estatales. “Para hacer el acompañamiento como lo ordena la ley se necesitan condiciones de seguridad, y en estos momentos no las hay porque la insurgencia hace presencia en esos sectores”, enfatiza Pallares. Desde que empezó la guerra, unos 10.000 catatumberos se han desplazado huyendo de la confrontación, de acuerdo con los cálculos de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), sumados a los reportes recientes de las Personerías.
En enero empezaron a correr rumores de desencuentros entre el Eln y el Epl, grupos armados que habían sido aliados en el pasado en este territorio. En entrevistas con gente que conoce la región, se afirmó que los problemas empezaron porque el Eln sintió que el Epl estaba creciendo de una manera descontrolada y empezaron a disputarse zonas de frontera, históricamente controladas por los elenos. Las agresiones mutuas dieron paso a la guerra.
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Los civiles se encuentran en medio de la confrontación. Ahora tienen miedo de caminar por el campo debido a la instalación de minas antipersonal. Como lo ha denunciado Colombia 2020, esos artefactos explosivos han sido sembrados en los municipios de San Calixto, Hacarí, Teorama, El Tarra y Convención. Incluso se han reportado accidentes de civiles por pisarlos. “Eso obliga a la gente a tener mucho cuidado. Incluso no pueden salir a trabajar como lo hacían”, dice Franco. Los artefactos se han sembrado para impedir el avance de las tropas del bando contrario, pero algunos están instalados en caminos comunitarios y fincas de trabajo.
La guerra se traduce en muerte y las cifras no son exactas. Los registros de Medicina Legal de enero a junio presentan un solo homicidio en San Calixto. Sin embargo, según Franco, este año se han registrado unos 20 homicidios. Y la cifra puede ser aún mayor, ya que en medio de la confrontación armada se han presentado obstáculos para hacer el levantamiento de los cadáveres. “La gente cuenta que se ven volar chulos por todas partes, sin embargo, no se puede acceder a esas zonas”, cuenta. En Teorama se presentaron ocho homicidios entre enero y junio de 2018, según Medicina Legal, frente a los 10 homicidios que se presentaron allí en todo el 2017.
Los líderes se encuentran en riesgo, como lo confirmaron las seis personas consultadas para este artículo. “Se está viviendo confinamiento y temor de expresarse para exigir el derecho a la vida”, expresó un líder que pidió que su nombre fuera omitido por temor a represalias. Luis Fernando Niño, secretario de Víctimas, Paz y Posconflicto de la Gobernación de Norte de Santander, afirmó que ha recibido varios reportes de amenazas. Según la Defensoría del Pueblo, entre el 1º de enero de 2016 y el 26 de julio de 2018 fueron asesinados 330 líderes sociales en todo el país. Norte de Santander fue el tercer departamento que más homicidios registró. Juan Carlos Quintero, vicepresidente de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), denuncia que este año dos de los dirigentes de esa organización han sido víctimas de atentados. En el municipio de El Carmen, un integrante de la asociación, que era presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda San José, fue asesinado.
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La comunidad ha denunciado que las violaciones a los derechos humanos no sólo provienen del Eln y el Epl. Pobladores de la vereda Mesitas, en el municipio de Hacarí, señalaron a la Fuerza Pública de ser responsable de lanzar un artefacto explosivo que terminó con la vida de Yurjen Soto Gutiérrez, un civil de 19 años que se resguardaba en su casa. El Ejército, por medio de un comunicado, señaló al Epl de lanzar el explosivo. A pesar de haber buscado declaraciones de la Segunda División del Ejército, este diario no pudo obtener una respuesta antes del cierre de esta edición.
El corregimiento de San Pablo
La guerra ha cambiado de escenarios. Los primeros días, a mediados de marzo, los enfrentamientos se centraron en la parte norte de San Calixto. Veredas como Villa Nueva, Pinto de Oro, San José y Santa Catalina fueron las más afectadas. Sin embargo, en el último mes la confrontación se ha agudizado en la parte noroccidental de ese municipio, sector que colinda con Teorama. Los impactos humanitarios se han centrado en las veredas de San Juan, Carrizal, Monte Verde y San Luis.
Por su parte, el corregimiento de San Pablo ha sido uno de los sectores donde la guerra se ha mantenido desde el inicio. De hecho, fue en ese lugar donde se presentaron los primeros dos muertos de la confrontación. El 14 de marzo dos hombres fueron asesinados en el centro poblado de ese corregimiento. El pasado 22 de julio hombres armados sacaron a una persona que se encontraba en un establecimiento público y la ultimaron con un arma de fuego en pleno centro poblado.
Dicho corregimiento está compuesto por 28 veredas y tiene una población de cerca de 28.000 habitantes. Las veredas más afectadas por la guerra son San Pablo, Vijagual, Los Ángeles, Piedras de Moler, Santo Domingo y La Muralla. En Vijagual se presentaron combates el 11 de julio y la comunidad ha denunciado la presencia de minas antipersonal.
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En todas las veredas de San Pablo se siembra coca, según nos contó una persona que vive en el sector. Tres fuentes por separado aseguraron que ese sector ha sido históricamente controlado por la insurgencia, que tanto el Eln como el Epl han hecho presencia. En el Catatumbo se dice que la guerra se está librando entre familias. San Pablo es una muestra de eso. Quintero afirmó que hay familias en las cuales un hijo pertenece al Eln y otro al Epl. El líder de ese sector aseguró que “la única oportunidad que ven muchos jóvenes es ingresar a las filas de la insurgencia y eso ha engrosado más esos grupos”, ante la precaria presencia y oferta estatal que denuncian en la región.
Un pedido a Iván Duque para ser escuchados
Desde que empezó la confrontación entre las dos guerrillas, las organizaciones de la sociedad civil se juntaron para buscar soluciones. Crearon la Comisión para la Vida, la Paz y la Reconciliación del Catatumbo, que reúne a representantes de Ascamcat, el Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca), el Movimiento Constituyente Popular, el pueblo Barí y las juntas de acción comunal. Esa instancia de la sociedad civil, por ejemplo, le dio en abril un ultimátum al Epl para que levantara el paro armado que decretó en la región entre el 15 y el 30 de abril.
“Se han hecho varias gestiones en pro de buscar salidas concertadas a través del diálogo para esta situación de conflictividad en la región”, afirmó Yermin Sanguino, representante del Cisca en la Comisión.
En otras instancias también se ha intentado avanzar hacia la solución del conflicto. En el seno del Consejo Departamental de Paz se creó una comisión mediadora que tenía la tarea de buscar canales con las insurgencias para frenar la guerra. El 29 de mayo, con autorización del Gobierno Nacional, tres miembros de esa comisión se reunieron en La Habana (Cuba) con la comandancia del Eln.
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Luego de ese encuentro, Pablo Beltrán, comandante de esa guerrilla, dijo mediante un video: “Para nosotros es determinante que se saque a los civiles de la confrontación”. Sin embargo, Luis Fernando Niño, quien estuvo en la reunión, dijo al ser consultado para este artículo que “al parecer los comandantes no hicieron mucho caso de las instrucciones”. El responsable de las tropas de esa guerrilla en el Catatumbo es Leonel Salazar Rojas, conocido como Gonzalo Satélite.
Pasados 15 días de la reunión, la comisión mediadora recibió un duro golpe. Por medio de una comunicación firmada por el alto comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera, fue negada la autorización para que en el Catatumbo sus integrantes tuvieran contactos con miembros de la insurgencia para buscar salidas dialogadas a la guerra. Niño le pide al Gobierno que “se tome en cuenta esta Comisión Mediadora para que se puedan reactivar estos canales en el territorio”.
El presidente electo, Iván Duque, dijo que uno de sus primeros actos de gobierno será realizar un consejo de seguridad en Tibú, el cual se desarrollaría el 9 de agosto. La Comisión Mediadora le va a pedir que autorice las gestiones para una salida negociada. “Por medio de la Secretaría de Gobierno y de Víctimas, Paz y Posconflicto de Norte de Santander se está haciendo el contacto para reunirnos con Duque”, contó Niño, y subrayó que la única solución que ven es el diálogo: “No hay otra forma. Hay 10.000 hombres de la Fuerza Pública en la zona, pero siguen ocurriendo los hechos”.
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Otras demandas que quieren que el presidente electo escuche tienen que ver con el “abandono histórico”. Pedirán que la inversión social crezca para solucionar problemas relacionados con las vías de comunicación, salud y educación. Por otro lado, le pedirán que se implementen el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, creado por el punto cuatro del Acuerdo de Paz entre el Estado y las Farc.
Las organizaciones sociales del Catatumbo creen que ese “abandono histórico” es la gasolina que tiene prendida la guerra en la región. Por medio de las instancias que han creado buscarán que los habitantes de esa vasta región de Norte de Santander no encuentren en los grupos armados una opción de vida. Creen que de eso depende el fin de esta guerra y la garantía para que no se repita. Por ahora, en esa zona del país, sus hijos se enfrentan a muerte.
Cronología 2018: la guerra entre el Eln y el Epl en el Catatumbo
23 de enero
Dos indígenas barís, asentados en la región, resultaron heridos en medio de un ataque a una canoa en el sector conocido como La Cooperativa. El Epl repudió el ataque y señaló al Eln como el responsable. Algunos aborígenes quemaron casas de campesinos.
14 de marzo
En el casco urbano del corregimiento de San Pablo, en Teorama, fueron asesinadas dos personas. Ese día, según varias fuentes, empezó la guerra. Se presentaron enfrentamientos en San Calixto, Hacarí, Convención, La Playa y Teorama.
22 de julio
Se reportaron combates entre el Eln y el Epl en el corregimiento Cartagenita de Convención. Varios heridos fueron trasladados al hospital de Ocaña.
29 de mayo
Tres delegados de la Comisión Mediadora, de la sociedad civil, se reunieron con la comandancia del Eln. A pesar de que esa guerrilla ordenó priorizar una salida negociada al conflicto con el Epl, la confrontación persiste en varios lugares del Catatumbo.