Se calcula que ya suman entre 800 y 1.000 hombres

Disidencias, una amenaza a la paz

Siguen en el tráfico de cocaína, hablan de continuidad en la lucha armada y defienden sus actividades apuntando a fallas en el Acuerdo de La Habana. 

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Miembros de la disidencia de las Farc en Guaviare, que militaban en los frente primero y séptimo. / AFP

Es una constante en todo proceso de paz en el mundo que un porcentaje mínimo de las organizaciones que hacen tránsito a la legalidad se declaren en disidencia. Y en el caso colombiano y el proceso con las Farc, ello no ha sido la excepción. Solo que las demoras en la implementación de lo pactado, los crímenes contra desmovilizados o sus familiares, la incertidumbre entre los exguerrilleros que no ven que se concretan los proyectos productivos que se les ofrecieron, las “ofertas” de otros grupos ilegales y la misma falta de presencia del Estado, incluyendo la Fuerza Pública, en las zonas más críticas del conflicto, aumentan ese riesgo.

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El reciente informe “Los grupos armados de Colombia y su disputa por el botín de la paz”, de International Crisis Group, da cuenta de que al menos nueve grupos disidentes de las Farc continúan llevando adelante ataques violentos, que su número de miembros se estima entre 800 y 1.000 y que operan, principalmente en los departamentos de Nariño, Cauca, Caquetá, Guaviare, Vaupés, Guainía y Meta. Y si bien varían considerablemente en tamaño, origen y poderío militar, comparten cuatro características: representan tan solo un subconjunto de las unidades originales de las Farc (hasta la fecha, ningún frente completo se ha declarado en disidencia), todos están involucrados en actividades económicas ilegales, buscan consolidar el control territorial y operan en áreas en las que estuvieron activos durante el conflicto.

Es difícil establecer las motivaciones de estos disidentes, señala el documento, aunque a la vez refiere que la evidencia apunta a una variedad de intereses cambiantes. Por ejemplo, algunos remanentes del frente primero en Guaviare están involucrados en el tráfico de cocaína, pero también defienden sus actividades apuntando a supuestas fallas en el proceso de paz y hablan de continuidad de la lucha guerrillera. “Las Farc están vivas, la guerra continúa”, dijo alias Aldemar, uno de sus líderes, en una entrevista con la Agencia Francesa de Prensa (AFP), a comienzos de octubre. “¿Disidencia? No hemos cambiado una coma en la parte ideológica, seguimos siendo revolucionarios que buscan el poder para el pueblo por la vía político-militar”, agregó.

La falta de Estado ha hecho que esas disidencias y las comunidades en las que operan dependan de los ingresos procedentes del crimen. “En Guaviare y Meta, disidentes de los frentes primero y séptimo atacan a soldados y policías para proteger el negocio de la coca, acciones que la población local ve como protección de sus medios de vida frente a un Estado al que consideran insensible. De este modo, simplemente continúan funcionando como lo hacían antes del Acuerdo de Paz: combatiendo los esfuerzos de erradicación, resolviendo disputas, controlando los corredores del tráfico, llevando a cabo ataques selectivos contra las fuerzas de seguridad y, en general, garantizando el orden público a nivel local”.

En la zona del Guaviare, alias Gentil Duarte sigue actuando como jefe político y económico y sigue recibiendo a las personas que quieren que resuelva problemas en sus comunidades. En otros lugares, su grupo extorsiona. “Nos traicionaron”, le manifestó también Aldemar a la AFP. “La entrega de armas fue precipitada. Se dio antes de que se cumplieran los acuerdos. El paramilitarismo sigue, la doctrina militar antiguerrillera no fue cambiada, no hubo negociación con los campesinos cocaleros. Volveremos a ser un ejército. Ya estamos en Guaviare, Guainía, Nariño, Vichada, Vaupés, Caquetá, Chocó, Antioquia”, sentenció.

En efecto, International Crisis Group advierte que los disidentes están aprovechando la base de apoyo que construyeron durante el conflicto. El frente primero se ha expandido más allá de sus bastiones tradicionales en Guaviare hacia la capital regional, San José, adentrándose en el sureste de Meta y partes de Vichada y Caquetá. Sin embargo, los disidentes del frente séptimo permanecen en las áreas en las que operaban antes del Acuerdo, así como los grupos del Pacífico, concretamente el que opera en Nariño al mando de Wálter Patricio Artízala Vernaza, alias William Quiñónez o Guacho, el Frente 40 en Meta, y los disidentes de Cauca y Putumayo. Se sabe que son mucho más abusivos que sus predecesores de las Farc, ya que compiten entre ellos, en ocasiones maltratando a las comunidades locales para mantener el control.

“En Tumaco, centro del tráfico de cocaína en la Costa Pacífica, dos grupos de combatientes de milicias disidentes se disputaron el control, lo que llevó a un aumento de los homicidios en la primera mitad de 2017. Comandantes rebeldes de las Farc sembraron el terror, de tal manera que en el poblado de Pital de la Costa perdieron el control del pueblo, que ahora se encuentra bajo control de la Armada, en sí misma acusada por la población local de tolerar la presencia de un grupo neoparamilitar local. En Guaviare aumentó la tensión en torno a los recientes asesinatos de civiles por parte del frente primero”, sostiene el documento.

Lo que se ha visto desde principios de año es que facciones disidentes empezaron a unirse, y probablemente lo continuarán haciendo en el futuro cercano, en respuesta a las capturas y asesinatos de algunos de sus líderes, principalmente en Guaviare, Nariño y Caquetá. “Los frentes 62 y 14 ahora forman parte del séptimo. En Nariño son cuatro grupos disidentes diferentes creados en julio de 2016. El frente primero incluye combatientes de ese mismo frente, además del 16, así como desertores individuales de otras unidades. Sin embargo, aún no existen pruebas que sugieran que los principales disidentes se hayan unido”.

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Se conoce de una reunión en junio pasado entre líderes de los frentes séptimo y 40 para discutir la coordinación en torno a ciertos asuntos. El liderazgo de las Farc ha procurado mantener cierto contacto con los disidentes para convencerlos de que vuelvan al proceso de paz. Alexánder Mojoso, que lideró un grupo disidente en Caquetá, se desmovilizó en marzo de 2017 y fue aceptado de nuevo en abril.

A manera de conclusión, International Crisis Group advierte que los disidentes debilitan el proceso de paz, tanto a nivel nacional como local, pues sectores de oposición y otros líderes políticos aseguran que su existencia demuestra que no hubo entrega total de las armas, ni renunciaron a sus bienes ilícitos, ni al narcotráfico, y que incluso pueden ser una “retaguardia estratégica” del partido legal de las Farc. “Estos argumentos probablemente se intensifiquen a medida que se acercan las elecciones en 2018. Su presencia también socava la implementación del Acuerdo, que solo puede prosperar bajo condiciones estables de seguridad. La persistencia de la inseguridad privaría a las poblaciones periféricas de cualquier dividendo de la paz, a la vez que confirmaría las afirmaciones de los disidentes de que el Estado nunca tuvo la intención de cumplir sus promesas a los colombianos de zonas rurales”.