Tienen presencia en 35 municipios

La realidad sobre las disidencias de las Farc

A propósito del ataque del jueves que se les atribuye en Tumaco, hay debate por esas divisiones, que suman 400 combatientes en Guaviare, Meta y Caquetá. La Fundación Paz y Reconciliación hace balance.

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Miguel Botache Santillán, alias “Gentil Duarte”, excomandante del Frente Séptimo de las Farc, que operaba entre Meta y Guaviare. / Fotos: Archivo particular

El concepto de disidencia resulta insuficiente para entender la complejidad en el territorio. Tal vez, la única disidencia ideológica de las Farc es la que opera entre Guaviare y el sur del Meta. Fue famosa en el año 2016, luego de que una parte del Frente 1, al mando de alias Iván Mordisco, anunciara que se separaba de las Farc. Luego llegaron Gentil Duarte y John 40. Los demás grupos, alrededor de 14, son grupos de desertores, muchos de ellos se presentan como Clan del Golfo o trabajan para organizaciones criminales.

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Los datos son los siguientes: las Farc llegaron a operar en 242 municipios del país. Actualmente hay presencia de la disidencia y de las estructuras desertoras en 35 municipios y en otros seis ha habido algunas incursiones sin presencia permanente, para un total de 41 municipalidades.

La disidencia opera en el departamento de Guaviare, algunos municipios del sur del departamento del Meta y recientemente ha incursionado en Caquetá. Cuenta con cerca de 400 combatientes, de los cuales alrededor de 310 eran guerrilleros de las Farc, los otros son nuevos reclutas. Según investigaciones de la Fundación Paz & Reconciliación, Iván Mordisco se desplaza por la orilla del río Vaupés, en el municipio de Miraflores, y dirige las acciones en los municipios de El Retorno y San José del Guaviare, en Guaviare y en el sur del Meta, por medio de alias 25, quien ha sido visto recientemente en el sector conocido como el Guayabero, entre Puerto Concordia, Meta, y San José del Guaviare. Por su parte, Gentil Duarte opera en la zona noroccidental del departamento del Guaviare, en los municipios de San José del Guaviare, El Retorno y Calamar, con alias Giovanny Chupeta, John 40 y El Mocho.

Por otra parte, existen grupos de desertores que se encuentran en proceso de criminalización o bandolerización. En los municipios de San Andrés de Cuerquía, Ituango y Briceño, en el Bajo Cauca antioqueño, operan alias Jeringa, Serpa y Carnitas, desertores que se presentan como Gaitanistas o Urabeños. En los municipios de Toribío, El Tambo, Suárez, Morales y Buenos Aires, en el Cauca, se encuentra un grupo de desertores del Frente 8, al mando de alias Pija. Este grupo es muy agresivo y tal vez el que muestra procesos de bandolerización más fuerte.

En los municipios caqueteños de Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán, Montañita, Paujil y El Doncello, tienen presencia desertores pertenecientes a los extintos frentes 14 y 17, al mando de Calarcá Córdoba, Vladimir González y Benjamín. Este último comanda también un pequeño grupo de desertores en el corregimiento de Vegalarga, en Neiva. Son grupos de no más de ocho personas, pero que podrían crecer rápidamente.

De esos 35 municipios, en 14 existen estructuras criminales integradas por algunos desertores de las Farc. Es decir, son grupos de diferente origen y que han incorporado dentro de su estructura a exintegrantes de este grupo. Muchos de ellos son franquicias del Clan del Golfo y prestan servicios a este. El caso más preocupante es Tumaco, allí el grupo de desertores se ha venido fragmentando, disputándose el control de los barrios en el casco urbano y el control de la cadena de producción de la cocaína en la zona rural. Gente de Orden y Guerrillas Unidas del Pacífico son los grupos más grandes que operan en el puerto. Sumada a esta presencia, el Eln y el Clan del Golfo también disputan el control de este importante corredor para el narcotráfico. El mapa muestra los municipios afectados por estas estructuras.

La pregunta es por qué existe la reincidencia y qué tan grave es. La respuesta es sencilla: las deserciones son producto de lo mal que va el proceso de reincorporación. Este tiene cuatro grandes componentes: la seguridad física, la seguridad jurídica, la reincorporación material y la reincorporación política.

En materia de seguridad física la situación es complicada, pero ha tendido a mejorar en las últimas semanas. Ha habido 13 exguerrilleros asesinados y 12 acciones contra familiares de estos. Además, más de 60 líderes sociales asesinados desde el 24 de noviembre de 2016, es decir, asesinan uno cada cuatro días. Si bien la intensidad de los homicidios ha descendido en las últimas semanas, muchos integrantes de las Farc ven en estos asesinatos la repetición de la película de lo que fue la masacre contra  la Unión Patriótica (UP).

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En materia de seguridad jurídica, la cosa es igualmente compleja. La ley de amnistía funcionó parcialmente, aún hay gente en las cárceles y muchos de ellos salieron libres bajo la figura de gestores de paz y no gracias a la ley. La Rama Judicial ha saboteado este proceso. En diciembre de 2016 se aprobó una ley; luego, en febrero de 2017 se aprobó un decreto que explicaba la ley, y en mayo se aprobó otro decreto que explicaba el decreto que explicaba la ley. Esta inseguridad jurídica trae muchos problemas de cohesión.

Pero tal vez el mayor problema lo tenemos en los asuntos de reincorporación económica, donde básicamente no hay nada: ni tierras, ni plata, ni políticas, solo algunas iniciativas aisladas y el sustento o renta básica. Lo único que va bien es la reincorporación política, pero en los demás frentes hay serios retrasos e incumplimientos.

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La campana de alerta la dio Cadete, uno de los miembros más importantes que han desertado del proceso desde Gentil Duarte. Las deserciones comenzaron a aumentar desde hace dos meses. De hecho, las Farc habían logrado controlar las deserciones de mandos medios, pero desde el mes de junio la situación comenzó a flaquear y la desesperación se tomó muchas zonas veredales. Los guerrilleros hablan de traición.