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A Elizabeth Vergel y a su familia les tocó salir de la casa donde estaban viviendo debido a que el dueño no les dio más espera para pagar el arriendo. Pagaban $200 mil al mes, sin embargo, no pudieron conseguir los recursos para cumplir con esa obligación. Es la segunda vez que tienen que cambiar de casa en dos meses. La primera fue el 22 de julio, cuando toda la familia abandonó su vivienda en la vereda Mesa Rica, ubicada en Convención (Norte de Santander). Salieron de urgencia porque dos de sus sobrinas, una de tres años y otra de nueve, fueron impactadas por una bala que según la comunidad disparó el Ejército.
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En total salieron 20 personas de la familia que se ubicaron en una casa en el barrio Torcoroma de Ocaña. Allí dormían 12 personas en cuatro colchonetas y otras ocho en la casa de un amigo que las dejaba dormir en el piso. Cada día se convertía en un nuevo afán porque no sabían de dónde sacar los recursos para su alimentación y el arriendo.
La situación ha empeorado, Vergel describe la casa donde están viviendo ahora como “un rancho”. Dice que cuando llueve “cae más agua adentro que afuera”. Además, la casa queda en un sector marginal de la ciudad, por lo cual les da miedo dejar salir de la casa a las niñas, de 15, 12 y 9 años. Se queja de que ellas no han podido entrar al colegio desde que están desplazados.
En cuanto a la salud de las niñas, también hay preocupaciones. La niña de nueve años fue herida por una bala pero ya se recuperó. Sin embargo, la situación de Daniela, de tres años, es diferente. La bala entró por debajo de su ombligo y salió por un glúteo. El proyectil afectó su colon, su vejiga, su apéndice y su intestino. Por eso, su recuperación ha transcurrido en medio de entradas y salidas al hospital. Tras la cirugía que le fue practicada de urgencia el 22 de julio, los médicos les dijeron a sus papás que la niña tiene que seguir una dieta estricta: tomar caldos y dieta blanda.
“Los papás de Daniela no le ha podido dar lo que el médico les dijo por falta de plata. La tenemos con puro arroz”, dice Elizabeth. Les preocupa que la imposibilidad de seguir la dieta afecte, a futuro, la salud de la niña. Además, está viviendo en una casa de una sola habitación con 19 personas más.
Pero no es solo la familia de Vergel la que se encuentra en esa situación. A Ocaña llegó Mariela Sarabia en compañía de su esposo y una hija el 11 de julio. Mariela tenía una herida en la pierna y su hija, de 12 años, fue impactada por una bala que le afectó un pulmón y el bazo. Estaban en su casa, ubicada en la vereda Vijagual de Teorama (Norte de Santander) cuando empezó un combate entre el Eln y el Epl. Quedaron atrapadas en medio del fuego. Ambas guerrillas libran una guerra en todo el Catatumbo desde el 14 de marzo.
Llevan más de dos meses desplazados y no han recibido ninguna ayuda de parte del Estado. “Ni una libra de sal”, dice Mariela. Deben un mes de arriendo, por lo que a pesar de que ella y la niña necesitan cuidados, a su esposo, José Rivera, le tocó ir a buscar trabajo a Convención cortando caña.
El 6 de agosto la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas le entregó una misiva a Juan Pablo Bacca, secretario de Gobierno del municipio. En la carta le pedía “atención humanitaria, psicosocial y escolarización” para tres familias desplazadas del Catatumbo que se encuentran en Ocaña. Entre los núcleos familiares que la ONU pidió atender están las familias de Vergel y de Mariela.
La Ley de víctimas estipula que las alcaldías deben entregar ayudas humanitarias a los desplazados “con el objetivo de socorrer, asistir, proteger y atender sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas, y con enfoque diferencial”. Inclusive, la ley establece que el Estado ofrecerá medidas especiales y de protección a poblaciones vulnerables, entre las cuales están los niños.
El 27 de agosto la Alcaldía municipal le entregó a la familia de Elizabeth cuatro mercados para los cuatro núcleos familiares que se desplazaron. Los alimentos se les agotaron, por lo que los integrantes de la familia dicen haberse acercado hasta la administración local para pedir más ayudas. “Yesica Ibañez (Profesional universitaria de derechos humanos, derecho internacional humanitario y atención a víctimas de la Alcaldía de Ocaña) dijo que no nos iban a dar nada más”, cuenta Vergel. La funcionaria dice: “yo recuerdo haberlas visto solamente en las visitas que les hemos hecho. La población víctima a veces es complicada y dice que no han recibido nada, pero cuando constato sí han recibido”.
Ibañez afirma que “se agotaron los recursos para la atención de las víctimas en el municipio”. Eso debido a que en lo corrido de 2018 han llegado a Ocaña 4.217 personas desplazadas, unas 1374 familias. En los años 2016 y 2017 recibieron en promedio 243 familias. Dice que ante el agotamiento de los recursos de Ocaña, la Alcaldía le pidió ayuda a la Gobernación de Norte de Santander a principios de abril. También reportó la situación a la Unidad de Víctimas. “Nosotros tenemos como defendernos porque hay unos documentos que nos respaldan”, aseguró.
El Programa Mundial de Alimentos le entregó en dos ocasiones 891 kits alimentarios a la administración municipal, una en mayo y otra en julio. Sin embargo, esas ayudas también se acabaron. Tampoco alcanzaron 120 mercados que dio la Gobernación en abril. Según la funcionaria serían unas 800 familias las que se encuentran sin atención en el municipio, aunque aclaró que lo único que no han podido entregar son las ayudas humanitarias (mercados) y los auxilios de alojamiento. “Los otros componentes sí se les han asegurado”, puntualizó. Sin embargo, las familias de Vergel y de Mariela aseguran que no han recibido atención psicológica ni educación para los niños.
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Al contrapreguntarle sobre esos casos, Ibañez admitió que algunos de los niños que están desplazados se encuentran sin colegio. Explicó que aparte de los desplazamientos por el conflicto armado interno, a Ocaña han llegado 600 familias venezolanas. “Las aulas antes tenían 30 estudiantes, ahora tienen entre 40 y 45. Están colapsando”, aseguró. Dijo que “se está haciendo una estrategia con el Consejo Noruego para los Refugiados para garantizarle la educación a los niños que no pudieron entrar a clases”.
En cuanto a la atención psicológica dijo que las familias sí la habían recibido y se comprometió a enviar las constancias. El documento que Ibañez envió da cuenta de una visita que le hicieron a la familia de Vergel el 21 de agosto. Sin embargo, Elizabeth cuenta que lo único que hicieron fue verificar el sitio y las condiciones en las que estaban viviendo. Otra persona que estuvo en la visita, pero que pidió no revelar su nombre, contó que “se hizo una verificación de la situación de las familias, pero no se brindó ningún tipo de atención psicológica. Es más, no acompañó ninguna psicóloga”.
Ibañez también dijo que a la familia de Mariela les entregaron un mercado. Aseguró que habían firmado un documento al recibir la ayuda. Sin embargo, entre los documentos que envió la funcionaria no hay ninguno que dé cuenta de la entrega a ese núcleo familiar.
Otra medida que según Ibañez han tomado las instituciones es incluir “casi automáticamente” a las personas que declaran ser víctimas del conflicto. Ese proceso normalmente se demora 60 días hábiles (unos tres meses). La inclusión de las familias en el Registro Único de Víctimas garantizaría la entrega de ayudas por parte de a Unidad para las Víctimas. Sin embargo, Colombia2020 pudo comprobar que ninguna de las personas de la familia de Vergel ha sido incluida.
Diana Martínez, personera de Ocaña, dijo que la Personería debe abrir procesos disciplinarios por la falta de entrega de las ayudas humanitarias: “independientemente de quién tenga la responsabilidad hay que cumplirle a las víctimas”. A la fecha no hay investigaciones abiertas contra ningún funcionario, Martínez argumentó que es debido a que las víctimas no han denunciado ante la entidad.
Para recoger denuncias sobre la falta de atención a las víctimas, la Personería creó un formato que le entregó el jueves 13 de septiembre a la mesa de víctimas del municipio. El lunes 18 había cinco quejas registradas. Intentamos averiguar si en la Procuraduría General de la Nación hay procesos abiertos contra algún funcionario de la administración encabezada por la alcaldesa Miriam Prado, pero hasta la publicación de este artículo no nos habían entregado la información.
La familia de Vergel está pensando en devolverse para la finca de donde tuvieron que huir. “Nos da mucho miedo volver, pero acá estamos desesperados”, dice Elizabeth. Mariela Sarabia se cuida como puede mientras su esposo está trabajando en Convención. Tanto la ONU como la Defensoría del Pueblo han pedido que se atienda con urgencia a las familias de ambas mujeres. Centenares de desplazados en Ocaña están esperando que el Estado cumpla la ley.
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