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“Usted sabe que los niños son muy inquietos y si ven una guayaba o una fruta por ahí se abren del camino y caen en una mina”, teme un líder campesino de Hacarí (Norte de Santander). Ese temor devela lo que está pasando en el municipio: hay una guerra entre el Eln y el Epl y los civiles quedaron en la mitad.
El país se alarmó con la situación de orden público en el Catatumbo debido a la masacre de El Tarra. Sin embargo, la guerra en esa región de Norte de Santander ya completó cinco meses. Aunque los hechos de violencia en Hacarí, San Calixto y Teorama no han contado con el despliegue mediático de la masacre, en esos municipios la confrontación ha sido más fuerte.
Colombia 2020 visitó Hacarí, en donde los combates entre el Eln y el Epl empezaron el 14 de marzo. En este momento la situación es especialmente crítica en el corregimiento Las Juntas, compuesto por las veredas Cumaná, Aguablanca y Las Juntas. El conflicto llegó a ese sector hacia finales de julio; antes había estado concentrado en el corregimiento de Mesitas.
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En ese último lugar, los habitantes recuerdan la intervención del Ejército entre el 2 y el 6 de junio. En medio de los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y un grupo armado, cuatro civiles resultaron heridos y uno muerto. Los lugareños señalan al Ejército como responsable de la muerte, pero la institución se defiende diciendo que los culpables fueron los integrantes del Epl.
En Las Juntas, el temor a enviar a los niños al colegio ha obligado al cierre de las escuelas; más de 180 estudiantes están sin clase. Los combates son casi diarios. Campesinos del sector que aceptaron hablar bajo la condición de anonimato relataron que “pa’ uno fue bravo, como uno no está enseñado a vivir eso da miedo”.
Los combates en ese corregimiento, ubicado a 40 minutos del casco urbano, empezaron el 28 de julio. En un combate que se presentó ese día en Aguablanca murieron dos personas, entre las cuales hay un adolescente de 16 años. Por los enfrentamientos, unas 300 personas se han desplazado hacia el casco urbano de Hacarí.
“Tenemos el problema de la alimentación. Ya le estamos advirtiendo a la Gobernación y al Programa Mundial de Alimentos para que nos colaboren con eso”, afirmó Yoni Galvis, personero del municipio. El funcionario aseguró que están evaluando ubicar a los desplazados en el Centro de Integración Ciudadana, que es una especie de polideportivo. Un líder de las comunidades afectadas por la guerra advirtió que es inminente el desplazamiento total de las veredas Aguablanca y Las Juntas.
La situación en esas veredas se está volviendo insostenible. Los grupos armados instalan retenes en las vías y paran a todos los vehículos que se movilizan por el sector. “Piden cédula, igual que un batallón de Ejército”, relata una campesina de la región. En esos puntos revisan la cantidad de enseres que llevan los habitantes de las veredas. “Si usted lleva cinco kilos de arroz, le preguntan que por qué tanto y lo señalan de colaborarle al otro grupo”, explicó una persona de la región. Ese hecho ha generado desabastecimiento en las tiendas de las veredas.
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A eso se suman las minas antipersonal. El 2 de julio, un menor de 17 años pisó una mina que le causó la amputación de su pierna derecha. Además, los campesinos dejaron de trabajar en sus cultivos debido a que saben que los grupos armados han minado los caminos y las plantaciones para detener el avance del bando contrario.
“A uno como campesino ya le da miedo ir a buscar leña, ir a la huerta, a echar el agua”, contó una labriega del municipio. Al preguntarle qué están haciendo con la alimentación ante el desabastecimiento y la imposibilidad de ir al campo, respondió: “De lo que Dios le socorra a uno. Por ahí una gallinita, que es lo que criamos”.
Los campesinos tienen problemas ante la imposibilidad de trabajar. Uno de los más apremiantes son las deudas con el Banco Agrario. Según Galvis, unos 50 campesinos se han acercado a la Personería para pedir que interceda por ellos ante el banco, porque la guerra no les ha dejado sacar los productos ni ir a sus cultivos.
La gerente de la entidad le pidió a Galvis que emitiera certificados en los cuales se diera cuenta de que los campesinos no pueden trabajar debido a la confrontación. “La gerente es muy servicial”, reconoció el personero. A quienes padecen la guerra se les están otorgando facilidades de pago y prórrogas.
Galvis aseveró que la confrontación está cada vez más cerca del casco urbano. Incluso hay denuncias de habitantes de la vereda Islitas, a seis kilómetros del centro poblado, según los cuales ambos grupos instalan retenes en las vías que comunican a ese sector. Por el casco urbano transitan muy pocas personas. Cuentan en el municipio que se debe al miedo que tienen los habitantes de las veredas de movilizarse por las trochas que conectan ese sector con la parte rural.
También se han presentado amenazas a líderes. La Personería ha reportado seis casos. Uno de los líderes tuvo que desplazarse hacia Ocaña tras recibir amenazas del Eln por pedirles a los integrantes de ese grupo que no entraran al caserío. “Les hemos pedido a los grupos armados que nos respeten la vida a nosotros como líderes y también que excluyan a la población civil del conflicto armado”, enfatizó un líder de una de las tres veredas en las que se están presentando combates.
Soluciones
Hay tres soluciones que plantearon las personas con las cuales hablamos en Hacarí: que los actores en conflicto excluyan a la sociedad civil de la confrontación, que se empiece a dialogar con las guerrillas y que se salde el abandono histórico en el que el Estado y la sociedad han mantenido al Catatumbo.
Sacar a los civiles del medio ha sido un pedido desde que comenzó la guerra entre el Eln y el Epl, el 14 de marzo del presente año. Por ejemplo, los movimientos sociales, las personerías y los organismos internacionales les han hecho un llamado a todos los actores armados para que se respete a quienes son ajenos a la confrontación. Sin embargo, unos 9.000 catatumberos han tenido que abandonar sus hogares.
Los campesinos tampoco piden una intervención militar. A pesar de que esa región cuenta con 12.000 uniformados, la guerra sigue intacta. Un ejemplo es la masacre de El Tarra, ocurrida el 29 de junio, en uno de los municipios más militarizados del departamento. Además hay quejas de violaciones a los derechos por parte de efectivos del Ejército. Los habitantes de Hacarí piden diálogo. “Con diálogo es que se puede hacer la paz”, opinó una campesina.
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“Abandono estatal” es una expresión recurrente en las palabras de los catatumberos. La materialización de esa queja se da en Hacarí. En el municipio solamente hay dos calles que cuentan con alcantarillado. Las aguas negras que salen de las viviendas se van al río Borra, que abastece a varias veredas de agua.
Algunos ven en ese abandono un espacio propicio para la guerra. En el municipio, ambos grupos armados intentan reclutar menores de edad. Cuentan que utilizan a combatientes atractivos para unir nuevos integrantes a las filas. “Al encanto que implementan los grupos se suma el hecho de que no hay oportunidades”, enfatizó Galvis. La cantidad de personas del municipio con posibilidades de entrar a una universidad son ínfimas. Hay veredas como Aguablanca que tienen solamente un profesional en toda su historia.
El riesgo de que la situación empeore en el municipio es alta. Las minas están sembradas, los niños sin clase y la guerra avanza hacia corregimientos como San José del Tarra. El mensaje para los armados es contundente: están cansados de la guerra. Quieren volver a ese campo que de un día para otro se volvió peligroso transitar y pisar.