“Le cortaron la cabeza y le arrancaron el corazón”: Defensor del Pueblo

Carlos Negret asegura que al Acuerdo de Paz hay que tenerle paciencia y persistencia. / Óscar Pérez

¿Qué diagnóstico hace tras recorrer el sur del Pacífico colombiano?

Que hay un total desgobierno en el andén Pacífico. No están las autoridades civiles y militares y el Gobierno lo ejercen dos economías ilegales: el cultivo de la coca y la extracción ilegal de oro. Esto ha creado un espejismo en lo que tiene que ver con los ingresos de las comunidades. Cuando uno lo camina desde Buenaventura hasta Tumaco, parando en poblaciones costeras y no costeras de Valle y Cauca, encuentra que no hay centros de salud, no hay escuelas en debida forma y no hay vivienda digna, pero encontrarnos el comercio abarrotado de los licores más lujosos. Algo no está funcionando. Todo el andén Pacífico está advertido en alertas tempranas de la Defensoría, le dijimos al Gobierno anterior y a este que la única posibilidad que tenemos los colombianos para que la paz se concrete y fortalezca es que hagamos inversión social, y la inversión social no la vimos. No se vio la institucionalidad cuando citamos a todos los ministros a una audiencia defensorial y mandaron delegados; gente profesional, muy capaz, pero que no son los responsables de la política pública. Uno como defensor del Pueblo se preocupa. Yo les pido a los ministros y directores de entidades que dejen los escritorios de Bogotá y salgan a conocer el país que manejan. En el caso de Tumaco, es importante que manden 9.000 uniformados para luchar contra el crimen, pero también que llegue la oferta institucional: el SENA, el ICBF y las obras de infraestructura.

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Comencemos por Buenaventura. ¿Qué fue lo que más le preocupó?

El total desgobierno. Vamos por el cuarto alcalde después de que capturaron al titular, Eliécer Arboleda; pero más me angustia que allá tenemos el cartel del huevo, el del arroz, el del plátano. La gente está desesperada con la extorsión y con los enfrentamientos en los barrios del casco urbano. El Eln ha dado la orden de asesinar a todos los miembros de las bandas criminales, y resulta que tanto unos como los otros son colombianos. ¿Qué tenemos que hacer para que no nos sigamos matando entre compatriotas? La única manera, y puede ser que sea una frase de cajón, es que necesitamos la presencia del Estado en estas regiones deprimidas. Si no invertimos en Buenaventura, y por ejemplo, no cumplimos el acuerdo que se hizo hace un año: que es mejor educación, que el hospital funcione, va a ser muy complicado que la gente pueda vivir como debería: en paz y con una mínima calidad de servicios.

Llegamos hasta López de Micay una semana después de que hubiera ocurrido una masacre. ¿Qué encontró allá?

Un caos producido por la fiebre del oro. El área rural está dejada a su suerte. Las máquinas amarillas entran sin ningún control. Hay una norma absurda que dice que solamente la Policía Nacional puede destruir esa maquinaria. La masacre ocurrida hace unas semanas está relacionada con asuntos del narcotráfico, porque este municipio está ubicado en un corredor estratégico desde Argelia, El Mango, Sinaí, El Plateado y San Juan de Mechengue. Y en general, las comunidades de toda esta zona me han dicho que quieren dejar la coca. El ingreso promedio de las familias cultivadoras es de $280.000. ¿Quién se está quedando con las jugosas ganancias del narcotráfico? Un problema que tiene que ver con que se necesitan garantías de producción y comercialización. Se necesita que les compren los productos del campo como les compran la coca: allá y a buen precio. Los campesinos de Colombia saben que están cultivando una mata de coca, saben que es ilegal, conocen los problemas que les ha traído, pero no tienen otra opción y la gente no se va a dejar morir de hambre. Y la conclusión es clara: no habrá paz en Colombina si no hay inversión social. El Estado tiene que llegar a las zonas que tenían controladas las Farc con oferta institucional. También creo firmemente que al Acuerdo de Paz y a la reincorporación hay que tenerle paciencia y persistencia. Es un plan que está a 15 años y no podemos dejar que los enemigos de la paz nos lleven a un nuevo conflicto.

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Atravesamos una zona en la que se nota el crecimiento de la disidencia de “Guacho”. ¿Qué sensación le quedó?

La gente de todo el andén Pacífico está aterrada, silenciosa, angustiada. Nadie habla, nadie puede contar lo que está pasando sin sentir un escalofrío. Imagínese que este mismo año, de una lancha de la Defensoría se llevaron a Iber Ángulo, un líder social de la zona, infringiendo el Derecho Internacional Humanitario. Después un encapuchado me manda un video diciéndome que el presidente del consejo comunitario del Naya no era ningún líder social y que por eso lo ajusticiaron. Esta es la hora en que todavía nos estamos preguntando dónde está su cadáver y los de tres de sus familiares. Nosotros, como Defensoría, seguiremos alertando de lo que está pasando en estas comunidades. Uno vuelve al campo y se sorprende de cómo han crecido las economías ilegales del oro y la coca. ¿Qué vamos a hacer con cuarenta máquinas que hay en la parte alta del río Timbiquí? ¿O es que los ciudadanos del andén Pacífico están obligados a ver cómo mueren sus ríos y nadie hace nada? ¿Cuándo será que los hombres de Estado, del Gobierno anterior y del actual, van a ir a ponerle la cara a la gente? ¿Cuándo la sociedad colombiana va a darse cuenta de que lo que les pasa a nuestros compatriotas en zonas como el Pacífico es tan dramático como lo que ocurre en África, y eso que allá no hay coca?

Y llegamos a Tumaco, que es una bomba de tiempo. La crisis humanitaria que se vive allí parece la más grave de todo el país...

¿Hasta dónde va a llegar la maldad de la sociedad colombiana? Hace un mes, en Vigía del Fuerte, se llevaron una niña de cinco meses, le cortaron la cabeza, le quitaron el corazón y le cortaron una extremidad. Me llegaron unas fotos que demuestran que los desmembramientos, de los que se hablaba en Buenaventura, están ocurriendo en Tumaco. La maldad de nuestra sociedad ha llegado a unos límites muy graves y eso se explica porque no hay condiciones de vida. Los niños no pueden estudiar. ¿Cómo vamos a sacar a adelante un país sin educación, sin salud, sin vida digna? Yo les pediría a las personas de las grandes ciudades que piensen en los niños de estas regiones. ¿Qué me preocupa de Tumaco? Todo. Primero, que hay que cumplir el auto 620. Segundo el Plan Nacional de Desarrollo, pues se tienen que asegurar las inversiones que garanticen una paz estable y duradera. La paz es con inversión. Si no hay oportunidades, la gente seguirá sobreviviendo de las economías ilegales, que es lo único que prospera en los rincones olvidados de este país. Nosotros tenemos que llegarle a la gente con unidades de producción para que pueda producir otra cosa. La gente en el Pacífico quiere vivir; quiere poder tomar agua potable, como la que les cae del cielo pero que no sale de la llave; quiere que sus hijos tengan futuro. ¿Será que los colombianos no podemos darles una opción de vida digna? Los dirigentes de este país no deberíamos poder dormir al saber lo que está ocurriéndole a la gente. Yo voy a seguir recorriendo todo el país, como lo he hecho ya en 21 ocasiones, deciéndoles a los colombianos y sus autoridades que no se olviden de la gente, del pueblo. La gran preocupación de la Defensoría en el andén Pacífico es que vuelva a ocurrir un Bojayá. En la cuenca del Truandó soplan vientos terribles: combates día y noche, reclutamiento de niños, desplazamientos forzados y muchos muertos. Y en el medio del fuego cruzado está la gente trabajadora.

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