:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/FuJrFVXdqHUFGPd1MS_fEj_RL1s=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/BWFUPVBHMVEQZO73EQMVVZCKNM.jpg)
Las comunidades afrocolombianas que le han ganado terreno al mar en Buenaventura están pendientes de una señal del nuevo gobierno de Iván Duque para seguir adelante con la consulta previa que permita incluir sus propuestas en el plan de ordenamiento territorial de la ciudad. Le recuerdan al nuevo presidente el compromiso que adquirió en campaña electoral acerca de cumplir con los acuerdos que se firmaron para levantar el paro cívico que realizaron hace más de un año.
Ese compromiso está centrado en acompañar y financiar, a través del Departamento Nacional de Planeación, la concertación para que los habitantes participen como socios de los proyectos portuarios y turísticos que desarrolle el Distrito. El Ministerio del Interior debe ser el garante, recalca Leyla Arroyo, del comité interorganizacional de Buenaventura por la defensa de los territorios ganados al mar.
Ese proceso de concertación forma parte de las soluciones que las comunidades proponen para frenar el fenómeno del desplazamiento intraurbano que ha afectado a sus habitantes desde hace más de cuatro décadas. Sólo así, integrando las propuestas de los pobladores a los planes de desarrollo del puerto, se pueden resarcir las afectaciones que han sufrido cerca de 200 mil habitantes de esta zona de Buenaventura.
También lea: El líder del agua que se baña con totuma en Buenaventura
“Estamos proponiendo que planeemos juntos el desarrollo. Que llegue la inversión privada, pero que el Estado nos ayude a fortalecer nuestras capacidades. Queremos ser socios de esos proyectos de desarrollo, teniendo en cuenta que somos dueños del territorio y tenemos unos conocimientos y unas prácticas ancestrales. Por ejemplo, en la construcción de las casas palafíticas con elementos sismorresistentes”, dice Leyla.
Ella le llama ejercicio de gobernanza, y se traduce en un todos ponen, así: “Los privados reducen los dígitos de su rentabilidad, el Estado garantiza políticas públicas acordes con el desarrollo y nosotros ponemos nuestros saberes”. Todo con el objetivo de que los pobladores no sigan siendo desalojados de manera legal o violenta de estos territorios que sus abuelos y padres colonizaron rellenando el manglar para ganarle terreno al mar, con la excusa de que esos terrenos deben ser utilizados para ampliar el puerto y desarrollar proyectos turísticos.
Esas son unas de las problemáticas y soluciones que se plantean hoy en Cali durante el conversatorio regional de Colombia 2020 titulado “Integrar a los desplazados en las ciudades, un desafío en el posacuerdo”, y en el que participan Leyla Arroyo y otras dos iniciativas ciudadanas provenientes de Medellín y Cúcuta, que han encontrado alternativas viables para que las víctimas de este fenómeno participen en las soluciones.
Las dinámicas del fenómeno
El de Buenaventura es uno los casos más visibles del desplazamiento intraurbano, pero este es un fenómeno que no ha sido tradicionalmente objeto de atención para las autoridades. Son varias las dinámicas y causas, distintos los perpetradores y muy variada la forma de afectación a las víctimas. Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, reconoce que por no ser masivo no se evidencia de la misma manera que los grandes movimientos de población entre áreas rurales y urbanas que son características del conflicto armado interno. “En algunas zonas se presenta gota a gota. Por ejemplo, amenazan a una familia que no permite que recluten a sus hijos, o una familia que guardó un cargamento de coca y cayó con la Policía o puede ser una comunidad indígena como pasa en bajo San Juan por dinámicas de actores armados”, expone Ávila.
También describe el desplazamiento entre barrios, que obedece a desarrollos urbanísticos. Y cita el caso de Palmira, donde se construyó un proyecto de vivienda para exmilitares víctimas de minas antipersonales, quienes al verse acosados por la extorsión prefirieron destruir y abandonar sus casas, antes que pagarles a los delincuentes. Este tipo de casos se repiten en Buenaventura, Tumaco y Medellín. El desplazamiento se ocasiona por pequeñas pandillas, no por grandes estructuras.
Y esa, según Ávila, es una de las características que hace invisible el fenómeno. “Los sistemas de información y de atención del Estado no están preparados para recibir estas denuncias. Todo el sistema se basa en el desplazamiento relacionado con el conflicto armado”, dice. Además, la comunidad de los barrios termina “normalizando” el problema como un tema asociado con la delincuencia común y no denuncia.
Adriana Buchelli, jefa de la Unidad de Protección de Acnur, reconoce también este problema. De hecho, llama la atención porque no hay cifras consolidadas sobre desplazamiento intraurbano. “Muchas personas han llegado a las ciudades huyendo del conflicto en las zonas rurales y buscan protección, pero se enfrentan a nuevos riesgos y se reproduce el ciclo vicioso de la violencia. No hay medidas para proteger a estas personas en las ciudades, es muy difícil de identificarlo”, acepta.
Por eso, este organismo humanitario hace un llamado al Estado para crear medidas que permitan proteger esas viviendas que son abandonadas en las ciudades por cuenta de este desplazamiento y adaptar la política de restitución de tierras para esa nueva realidad. “Alguien debe velar para que esas viviendas no sean ocupadas por otras personas”, recalca.
También lea: Los líderes de El Naya están secuestrados
Otras dinámicas
Inge Valencia, investigadora del Icesi, llama la atención sobre la necesidad de evidenciar que el desplazamiento intraurbano también está asociado con disputas de control territorial entre actores armados, como sucede en buena parte de la costa Pacífica. “Es importante entender las relaciones entre hechos de violencia y rentas ilegales, que están relacionadas con procesos extractivos como minería ilegal y cultivos de uso ilícito (esta región concentra el 40 % de cultivo de coca). Pero también algunos actores están en barrios de las ciudades y tienen conexiones para manejar la entrada y salida de droga y armas, sobre todo en las zonas de bajamar. Por eso se producen asesinatos selectivos y desplazamientos dentro de la ciudad”.
Ella será la encargada de mostrar en el evento los mapas de los flujos de desplazamiento en el Pacífico sur para demostrar cómo se afecta la relación de las comunidades con los ríos, que han cumplido un papel importante en las dinámicas de poblamiento de esta región del país. Para Valencia, se debe reconsiderar esa idea de lo urbano y lo rural porque en esta zona los procesos de poblamiento son diferentes y no se pueden asimilar a los de las ciudades.