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Si alguna región del país evidencia el círculo vicioso de la violencia en Colombia y las dificultades para implementar la paz tras la firma de los acuerdos de La Habana con las Farc es la zona del Catatumbo, en Norte de Santander. Situada en la calentura de la frontera con Venezuela y marcada por el negocio de la coca en auge, por estos días su población civil vuelve a sufrir los rigores de la guerra con dos protagonistas que se pelean los territorios dejados por las Farc: el Ejército Popular de Liberación y el Ejército de Liberación Nacional.
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Quienes conocen la zona y la forma en la que se mueven los ilegales coinciden en que la disputa entre el Epl y el Eln tiene como trasfondo la pelea por regular el mercado de la droga y por el control de la población sometida a sus dictámenes. Una confrontación en la que no faltan los intereses de otros terceros ilegales, como el Clan del Golfo u otros grupos armados operacionales seducidos por los cultivos de coca de la segunda región del país con más hectáreas cultivadas. Sólo en Tibú hay 12.787. En síntesis, una cartografía de violencia que ha vuelto el Catatumbo una tierra de nadie.
A pesar de que las Fuerzas Militares insisten en que tienen el control sobre el área y que no hay evidencia de que exista una guerra, la realidad es que al menos desde el pasado 12 de abril, el desplazamiento forzado, las amenazas, los secuestros y el acceso a servicios como la salud y la educación están severamente restringidos por la guerra que libran el Epl y el Eln. No hay sector de la población civil, incluyendo el periodismo, que no se vea restringido en Tibú, Hacarí, Teorama, San Calixto, El Tarra, El Carmen, La Playa, Convención, Ocaña, Ábrego y Sardinata.
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Sin embargo, los colosos de la guerra que por estos días tienen en zozobra a la gente por cuenta del paro armado tienen una larga historia de anarquía en la región. Del Eln se puede decir que desde comienzos de los años 70 hace presencia en la zona, inicialmente atraído por los recursos del petróleo. Después llegaron el frente Libardo Mora Toro del Epl y el frente 33 de las Farc, lo que explica la expansión del conflicto armado en Norte de Santander. Sus fuentes de financiamiento crecieron al mismo ritmo que la coca.
En los años 90, la región se convirtió en un objetivo primordial del paramilitarismo de la casa Castaño, a tal punto que, vía Ocaña y Sardinata, se creó el bloque Catatumbo. A principios del siglo XXI las masacres en La Gabarra y Tibú, sumadas a los crímenes políticos que llegaban hasta Cúcuta, evidenciaron la dimensión de la lucha territorial entre los ilegales. De esa confluencia de grupos violentos, en un contexto de ausencia del Estado y escasa inversión social, no podía quedar más que una república independiente del narcotráfico.
Lo que resulta más insólito es cómo en el Catatumbo los procesos de paz incentivaron la guerra. Por ejemplo, el Epl firmó la paz en 1991 y, aunque en gran parte del país se desmovilizaron sus frentes, en Norte de Santander el Libardo Mora Toro se mantuvo en la zona a punta de extorsiones y secuestros, sin hacerse daño con el Eln o las Farc. Por el contrario, en algunos momentos estuvieron unidos contra el paramilitarismo. Cuando el bloque Catatumbo se desactivó en 2004, se repartieron sus territorios sin renunciar a sus negocios.
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Más recientemente, con la salida de las Farc de la zona y su desmovilización como grupo ilegal, el Epl y el Eln comenzaron una disputa para reinar en los dominios que antes eran exclusivos del frente 33. Y mientras por ese lado luchan por el control territorial, la salida inmediata del Estado es anunciar tres nuevos batallones con 6.000 militares y 2.000 policías. Un cuadro crítico en el que la violencia es directamente proporcional a la ruptura de los acuerdos tácitos de poder que venían ejerciendo los ilegales. El dilema es que, según los líderes de la región, la solución no es militar ni ilícita. Es social, que es la que menos se asoma.
Wilfredo Cañizares dirige la organización de derechos humanos Fundación Progresar en el Catatumbo y su lectura no es distinta a la de asociaciones similares. En su criterio, además de la referida pelea a muerte entre el Epl y el Eln, el control en la zona de frontera es determinante para el aprovisionamiento y la movilidad de las rentas ilegales. En esos corredores geográficos hay poder económico por apropiar, y como no funcionan los programas de sustitución de cultivos ilícitos, imperan sus órdenes. “Hay una parte del municipio de Tibú, sobre el río Catatumbo en la frontera con Venezuela, que es una parte estratégica para la guerrilla por lo que significa en términos de movilidad de rentas ilegales y porque es muy funcional en la dinámica de la guerra. Quien se quede con ese corredor, al final tiene la ventaja”, explica.
Asegura que esta puede ser una de las razones que explicarían por qué si el Epl y el Eln han convivido en el territorio por más de 35 años, ahora se declaran la guerra abiertamente. Un tema al que habría que sumar el crecimiento de los grupos ilegales en la región.
De acuerdo con informes de la Fundación Ideas para la Paz, desde el 2015 se venía presentando una transferencia de integrantes de las Farc al Eln y al Epl, una fecha que coincide también con la muerte del máximo líder del Epl, alias Megateo, y con una época gris para la organización en términos de liderazgo militar.
“El Epl es la organización que más ha crecido y se ha fortalecido en los últimos tres años en la región política, militar e incluso geográficamente. Ha ido aumentando su potencial de una forma acelerada, multiplicando sus hombres incluso más allá de Norte de Santander. Hasta hace cinco años, el Epl sólo hacía presencia en ese departamento. Hoy está también en el Eje Cafetero, la región Caribe y hasta Cauca”, señala Cañizares.
Nada distinto a lo que sostiene Luis Emil Sanabria, director de Redepaz y quien hizo parte del antiguo Epl. Sanabria explica que las Farc y el Eln compartieron tradicionalmente, en la parte norte del departamento, más territorio que con el Epl, que siempre estuvo en la parte centro, en lo que se conoce como la provincia de Ocaña. Sin embargo, cuando se creó la disidencia, recogieron base social de ese antiguo Epl y se posicionaron en los municipios de Hacarí, San Calixto y Teorama. De hecho, dicen que la comandancia actual salió de esos municipios.
“Tienen una base social inmensa en Norte de Santander. Estos personajes, en época de Megateo —y todavía—, si algún municipio no tenía ambulancia, ellos la compraban; si la escuela se estaba cayendo, ellos la construían. Son el Estado en esa zona. Cuando cae Megateo, el Estado se da cuenta de que el parque central de La Vega del Cincho, donde él vivía, había sido construido por el propio Megateo e incluso tenía una placa en su honor”, señala.
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Otros conocedores de la región que prefieren el anonimato agregan que en el fondo el problema actual tiene que ver con la movilización de la droga, pues es un secreto a voces que hay pistas clandestinas del lado venezolano que antes eran de las Farc y hoy controla el Eln, a las que el Epl no tienen acceso.
Esas mismas voces que callan por miedo o intimidación agregan que cada contendiente oculta otro secreto estratégico. El Eln porque protege al comando central de sus principales jefes, cuya movilidad y campamentos dependen de los corredores geográficos en la zona de frontera. El Epl porque se dice que está aliado con el Clan del Golfo, a tal punto que sus jefes presos o libres tienen historia de viejas relaciones y millonarios negocios con el mismísimo Otoniel Úsuga, el máximo jefe de esta organización. De hecho, hay quienes dicen que la alianza se dio porque Úsuga compartió trinchera con alias el Golo, uno de los comandantes del viejo Epl que no firmó la paz y se fue a las disidencias.
Lo increíble es que, a pesar de la violenta disputa entre las dos organizaciones y las ganancias del narcotráfico en este río revuelto que ya tiene nombre propio, con el cartel de Sinaloa como comprador mayoritario, unos y otros sacan réditos de sus ilícitos. La prueba es que cuando el Eln dinamita un oleoducto, el Epl también “ordeña” el tubo para sacar petróleo y alimentar además el tráfico de combustible, que genera millonarias utilidades a los ilegales y enormes pérdidas al Estado y la sociedad.
“Hay dos tubos: el Caño Limón, que atraviesa buena parte del territorio, y el de Zulia, y ambos son ordeñados. Cada vez que los vuelan les instalan unas válvulas artesanales que sacan petróleo. El petróleo Zulia es uno de los más finos del mundo. Usted hace un alambique, coge un tarro de acero, le mete candela, le pone un tubo y saca gasolina. Eso están haciendo en el Catatumbo. Eso se llama en el argot de ellos ‘pategrillo’. Con esta gasolina producen cocaína”, explica un habitante de la región.
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Un cuadro no muy distinto a lo que se vive en la frontera con Ecuador, donde no hay Epl, pero el Eln, las Guerrillas Unidas del Pacífico o la disidencia de las Farc con Guacho a la cabeza se matan o pactan entre sí, mientras el narcotráfico sale indemne, con sus bolsillos llenos. O en la región del golfo de Urabá, cerca a la frontera con Panamá, con conexiones directas con el bajo Cauca o Córdoba, donde también hay violencia por los territorios que dejaron las Farc y los dineros que dejan los embarques de droga.
En medio del drama humanitario que hoy vive el Catatumbo, sus dirigentes comunales, sociales e indígenas optaron por unirse en una comisión por la vida y la reconciliación, a la manera de un bloque pacífico para resistir las redes de amedrentamiento. Por ahora, su misión está concentrada en buscar incidencia política y que el país entienda lo que está pasando. Pero su norte a mediano plazo es que, si no cesa la guerra, al menos Epl y Eln admitan que el derecho internacional humanitario protege a la población civil.
Entre tanto, en algunos municipios han empezado a tomar medidas para protegerse. Mientras en algunas zonas se han creado espacios humanitarios para impedir el ingreso de cualquier actor armado (legal o ilegal), en otras, como El Tarra, se decidió que los establecimientos comerciales de toda índole abrirán medio día cada día de por medio, para cubrir las necesidades de adquirir víveres de la población.
El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, la Misión de Paz de la OEA, la Unidad para la Atención y Reparación Integral para las Víctimas y el Ministerio del Interior han expresado su inquietud por el Catatumbo, pidiendo protección para los civiles. Pero también saben que hay un viejo problema de Estado y un enemigo real, el narcotráfico, la otra guerra que no pasa por la paz sino con planes de sometimiento, y que sigue dejando a Colombia en la condición de ser productor mundial de cocaína.