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Hasta hace poco los combates entre el Eln, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y la Infanteria de Marina en el bajo San Juan, entre Chocó y Valle del Cauca, hacían temblar las casas de madera de las 24 comunidades indígenas wounaan y las 30 negras que habitan a orillas de este afluente. Es aquí donde se sentirá o no el impacto del cese al fuego entre el Estado y el Eln así como la voluntad de sometimiento a la justicia de las AGC, que hizo pública el presidente Juan Manuel Santos.
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Pero la alegría está acompañada de escepticismo. En la región hace varios meses se dice que el frente Che Guevara del Eln no se acogería a un acuerdo de paz entre el Gobierno y la guerrilla. Sin embargo, esperan que sólo sean especulaciones y esta estructura armada cumpla el cese al fuego pactado inicialmente del 1 de octubre hasta el 12 de enero de 2018.
“Confianza total no hay, hay esperanza”, puntualiza un líder que, como los demás, prefiere proteger su identidad. Y agrega: “con el cese al fuego “uno se siente un poquito tranquilo porque se podría salir al campo y a la actividad (pescar, cazar y trabajar la tierra)”. Otra líder, además de celebrar las medidas, afirma que “las personas que viven en la ciudad no conocen las restricciones de movilidad que tenemos nosotros en el territorio”.
Las cifras dan una muestra del drama humanitario que se vive debido a esta confrontación armada. Dos municipios por los que pasa el río San Juan son los que más desplazados reportan en lo que va corrido del 2017: Litoral del San Juan (Chocó) con 1.189 y Buenaventura con 451. Además, como lo ha venido documentando Colombia2020, se han presentado masacres, torturas y confinamientos. Por eso, el cese bilateral al fuego era una noticia que las comunidades de esta región del país estaban esperando.
El enfrentamiento armado afectaba la posibilidad de las comunidades de alimentarse. No se atrevían a salir hacia el monte a cazar y a cultivar o hacia el río para pescar. Todos los actores, legales e ilegales, imponían restricciones de movilidad a los habitantes. En el caso de las AGC, operan los frentes José Morelo Peñate y Darién en Chocó. De ese tema en particular las comunidades tienen muy poca información, pero una líder dijo que si ese grupo armado se compromete a desmovilizarse y trabajar por la paz “es bienvenido porque es lo que todos los colombianos necesitamos”.
Todo está por verse, pero hasta hace poco el drama humanitario del San Juan no parecía tener salidas. A pesar de esa esperanza las consecuencias de la guerra todavía la sienten algunas comunidades que huyeron de sus territorios y llegaron al casco urbano de Buenaventura.
Problemas de atención
Eran las 5:30 pm del miércoles 30 de agosto y los desplazados de la comunidad negra de Cabecera, que se encuentran en el coliseo del centro de Buenaventura, no tenían que almorzar. Eran las 11:30 de la mañana del jueves 31 de agosto y los indígenas wounaan de Chagpien Tordó, desplazados en la misma ciudad, no habían desayunado.
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Las 107 personas desplazadas de la comunidad de Cabecera llegaron el 1 de abril de 2017 provenientes del bajo San Juan. Huyeron tras la masacre que el frente Che Guevara del Eln perpetró en la comunidad vecina de Carrá el 25 de febrero de este año donde asesinaron a cinco personas, dejaron una bandera de la organización guerrillera al lado de los cadáveres y mandaron la razón que los que seguían eran “los de Cabecera”.
Por eso, dejando todos sus enseres, salieron hacia la ciudad porturia. Pero la situación no ha sido fácil. El agua que tienen para su consumo sale de una especie de alberca “llena de mierda de paloma”, como ellos dicen. Sólo una vez, en los seis meses que llevan asentados en Buenaventura, llegó un carrotanque a brindarles el líquido. El gesto fue obra de la Cruz Roja Internacional.
También hay quejas frente a la alimentación. Por ejemplo, cuentan que aguantaron hambre durante cuatro días debido a que la Alcaldía de Buenaventura demoró en llevar los enseres que llegaron hasta el 1 de septiembre. Durante los últimos días de agosto desayunaron un vaso de colada con un banano. Durante esos días subsistieron gracias a la solidaridad de algunos vecinos que les han tendido la mano.
Contiguo al coliseo donde se encuentran queda el restaurante Acuarios que varias veces los ha ayudado. La administradora, Clemencia Paz, cuenta que casi diariamente le permite a los desplazados de Cabecera abastecerse del agua del restaurante. Además, cada que le queda comida se las da a la comunidad. “Me ha preocupado mucho verlos pasar trabajos”, dice.
Varios voceros de la comunidad fueron hasta la Alcaldía a exigir soluciones al hambre. Cuentan que durante tres días les dijeron que al día siguiente les llegarían los víveres. Hecho que se concretó sólo al cuarto día. Este diario se puso en contacto con Yolima Amu, enlace de víctimas de la Alcaldía de Buenaventura, pero fue imposible que contestara algo al respecto.
En la misma ciudad se encuentran los indígenas de la comunidad Chagpien Tordó que salieron de su territorio entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, tras resistir durante 13 días confinados sin poder salir a coger sus cultivos ni a cazar los animales que están acostumbrados a consumir. En inmediaciones de su comunidad se presentaron combates el 7 de febrero, después de lo cual no pudieron volver a hacer sus actividades.
Hoy cuentan que más de 12 mujeres han recurrido a vender sus cabelleras para tener con qué darle algo de comer a sus hijos. Hay personas que llegan hasta el albergue a comprar el cabello, en promedio en unos $100 mil pesos. Además, algunas otras mujeres se han sentado en las calles de la ciudad a vender sus artesanías.
Pero la plata no les alcanza, hay 254 bocas por alimentar de las cuales 100 son niños. “Estamos sufriendo de hambre”, dijo una mujer, el 31 de agosto, tras explicar que hace 8 días se les habían acabado los alimentos. Les tocó ir a la "Galería” (un lugar donde hay varios puestos de comida donde venden platos típicos de la región) a pedir que les regalen comida. Llegaron de ahí con algunos racimos de plátanos pequeños o cortados por la mitad y con unas pocas papas. “Lo que no sirve en esos restaurantes”, dicen.
Antes del mercado del 1 de septiembre, el último que recibieron fue el 11 de agosto. En esa ocasión a cada familia (que suele ser de más de cinco personas) le correspondió, entre otras cosas, un frasco de aceite de 900 mililitros, 12 libras de arroz, 4 de frijoles, 4 de lentejas, 6 latas de sardinas, 1 de arveja y 5 de atún para 20 días. Por eso, dicen que en los últimos días de agosto aguantaron hambre. Ahora temen que el dinero que dio la Alcaldía, ($19.000 por cada adulto de los 154 que hay, sin contar a los 100 niños que deben alimentar) no alcance para comer durante 15 días, el tiempo que dio la administración municipal antes de volver a enviar bonos de alimentación.
Han pasado más de seis meses desde que estas comunidades abandonaron sus territorios. Hoy, en la región más de uno abraza con esperanza los anuncios de cesar la guerra que prometieron el Estado, el Eln y las AGC. Quieren volver a los lugares de los que fueron expulsados. Sin embargo, quieren hacerlo “en condiciones dignas”. Esperan un retorno con garantías de seguridad y acompañamiento estatal, mientras logran recuperar los cultivos que perdieron por el abandono. “Los niños me dicen que quieren volver a comer su cañita y a pescar”, añora uno de ellos.