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“Puede que los que lean este artículo en Bogotá, en Cali o en cualquier otra ciudad grande tengan la idea de que el Catatumbo es un laboratorio de crimen y delincuencia, pero la realidad social es otra. Lo que hay aquí es una intensa necesidad de sobrevivir”. Así es como Diógenes Quintero, presidente de la Asociación de Personeros del Catatumbo (APC), resume la problemática social que vive la región limítrofe de Norte de Santander con Venezuela.
Sería un error pensar que el conflicto armado es el mayor problema que tiene la región del Catatumbo. Los personeros de los ocho municipios que conforman esa zona saben que, aún con las esperanzadoras perspectivas de acuerdos de paz con las Farc y el Eln, todavía quedarían activos importantes e históricos conflictos sociales: la sustitución de cultivos de uso ilícito, los problemas fronterizos con Venezuela, la lucha por las zonas de reserva campesina, la resistencia en contra de las empresas minero-energéticas, y las brechas entre instituciones y habitantes del territorio.
Los cultivos de coca son uno de los problemas más visibles de la región. Según cifras de la Oficina Nacional para el Control de las Drogas de Estados Unidos (ONDCP), las plantaciones de uso ilícito en Norte de Santander incrementaron un 82% entre 2014 y 2015. La Fuerza Pública estima que en ese departamento se producen 47 toneladas de cocaína al año. Esas alarmantes cifras en la práctica se traducen en cientos de laderas de bosque húmedo nativo deforestado para cultivar coca, la lucha de actores armados por el control de las plantaciones y cientos de niños y adolescentes que dejan la escuela para trabajar como raspachines.
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Tradicionalmente el Gobierno ha intentado controlar la proliferación de los cultivos con intervenciones militares y aspersiones aéreas, pero lo que plantea el acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc es un proceso de sustitución gradual y consensuado con la comunidad.
Este será un reto mayúsculo para el Gobierno porque implica llegar a acuerdos con una comunidad diversa, atomizada y que no confía en él. “Aquí no hay una organización de campesinos sino tres -la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat); el Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca) y el Movimiento para la Constituyente Popular (MCP). Además tenemos a la comunidad indígena Barí y un sector que no se agrupa en ninguna de las anteriores. El Gobierno debe buscar la forma de llegar a un acuerdo con todos estos sectores y rápido para cumplir las metas trazadas por la comunidad internacional”, añade Quintero.
De no llegar a acuerdos rápido podría suceder lo que pasa hoy en la vereda Caño Indio en el municipio de Tibú, que quedó en el limbo después del triunfo del NO en el plebiscito del 2 de octubre. Esa era una de las 22 Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) de las Farc. Desde hace meses alberga una pre concentración guerrillera y una veeduría nacional e internacional, y por lo tanto no llegan los insumos para los cultivos de coca a una comunidad que depende de la misma para su subsistencia. Richard Claro, personero del municipio, explica que los campesinos de la zona no tienen con qué sostener a sus familias. Les prohibieron los cultivos, pero tampoco han empezados los proyectos productivos alternativos. Viendo ese y otros proyectos implementados a medias, la comunidad y las autoridades locales hacen mucho énfasis en la “necesidad de implementar proyectos de sustitución con un claro enfoque territorial”, como lo explica Jesús Toro Villegas, alcalde del municipio de El Tarra.
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Los conflictos por la tierra no acaban en los cultivos de coca. Hay una gran desconfianza de la gente del Catatumbo hacia la política extractiva de minerales e hidrocarburos del Gobierno central. “Lo que dicen es que el Gobierno quiere acabar la guerrilla para entrar más fácil y llevarse los recursos naturales. Hay un tema de cohesión social en torno a evitar la erradicación y la extracción de recursos naturales. Eso puede causar un conflicto social grande.”, explica Diógenes Quintero.
Otro conflicto territorial previsible será entre agendas e intereses de los diferentes movimientos sociales. Por ejemplo, la Zona de Reserva Campesina que con tanto ahínco defiende la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), se traslapa en algunos puntos con los resguardos del pueblo ancestral Barí. Eso, dice Nelson Arévalo, director de APC, puede ocasionar conflictos entre las organizaciones.
En el Catatumbo la guerra está vigente
La guerra en el Catatumbo se remonta a principios de la década de los 70, cuando el Eln llegó a la región por primera vez. En los llegaron 80 a las Farc. Los grupos armados convivieron con las comunidades y las convirtieron en su retaguardia. Eso siguió hasta marzo de 1999, cuando los paramilitares, al mando de Salvatore Mancuso, arremetieron contra la población. Siguieron seis años de masacres, despojo de tierras y asesinatos selectivos. Cuando, en 2005, las autodefensas se desmovilizaron, las guerrillas de las Farc, Eln y Epl aprovecharon para retomar el terreno perdido en enfrentamiento directo con la Fuerza Pública.
Durante los ocho años del gobierno de Álvaro Uribe y los primeros cuatro de Juan Manuel Santos se priorizó la retoma de la región por la vía militar. El primero de octubre de 2015 el Ejército mató al comandante militar del Epl y negociador de cocaína, Víctor Ramón Navarro Serrano, alias ‘Megateo’. Muchos pensaron que, con esa victoria del Estado, el conflicto desescalaría significativamente, pero los habitantes de la zona dicen que no fue así.
Lo que más preocupa a la Asociación de Personeros del Catatumbo (APC) actualmente es que, con todo el discurso del posconflicto, el país olvide que esa subregión del Norte de Santander sigue en pleno conflicto armado. Advierten que no solo el Eln está delinquiendo en la zona. El Epl también sigue vigente como grupo guerrillero con una sólida base social, unos intereses claros y una estructura jerárquica definida.
Durante el último año, los personeros han notado que el Epl se ha fortalecido. Sin embargo, eso a nivel nacional no se nota. “Es como si hubiera un acuerdo interno de la Fuerza Pública para atribuirle los actos del Epl al Eln y así restarle importancia al Epl como grupo guerrillero. Pero eso no ha ayudado a solucionar el problema, sino que lo ha encubierto y empeorado”, explica José Luis Franco, personero del municipio de San Calixto.
Debido a los enfrentamientos entre Fuerza Pública, Eln y Epl, muchos municipios de la zona todavía viven balaceras en pleno casco urbano, la utilización de niños y adolescentes por parte de grupos armados y la toma de escuelas como bases militares, tanto por parte de la insurgencia como de la Fuerza Pública. APC advierte que el conflicto, lejos de acabarse, está mutando. Los enfrentamientos están pasando de lo rural a lo urbano y de las grandes tomas de pueblos y bombardeos a acciones muy concretas y asertivas.
Para demostrarlo solo hay que revisar los reportes del Ministerio Público durante el último año. En el municipio de San Calixto, por ejemplo, la Personería reportó que, en lo que va corrido de 2016, ha habido seis enfrentamientos armados dentro del pueblo que han dejado a cinco miembros de la Fuerza Pública muertos y dos heridos. A esto se le añade el asesinato de Nelly Amaya, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Guamalito y activista de la Unión Patriótica, quien recibió cinco impactos de bala en la noche del sábado 16 de enero, cuando estaba dentro de su tienda de víveres en el casco urbano de ese municipio.
Estos frecuentes enfrentamientos, que también ocurren en municipios como El Tarra, Tibú, Teorama y El Carmen, originaron una nueva forma de desplazamiento: las personas que viven cerca de la estación de policía o en la plaza sus pueblos deben dejar sus viviendas cada noche para no quedar en medio de los enfrentamientos. Como resultado, muchos ciudadanos concluyeron que entre más Fuerza Pública haya en la zona más riesgo corren y las brechas comunidad-Estado se han acentuado en muchos municipios.
Como conclusión el Ministerio Público señala que una de las necesidades más urgentes a futuro será construir de forma gradual una relación entre la comunidad y el Estado. Esto será vital para las largas jornadas de negociación territorial que se avecinan. Piden que instituciones como la Fiscalía, la Unidad de Restitución de Tierras y la Unidad de Víctimas tengan una mayor presencia en las zonas rurales de los municipios y no solo despachen desde Cúcuta u Ocaña. “Lo que el Estado perdió hace décadas no se recuperará en un par de meses. Tomará tiempo y que el Gobierno mire el Catatumbo con una perspectiva de atención social más que una intervención militar”, concluye el personero Diógenes Quintero.