La comunidad que espera a las Farc en el Catatumbo

El establecimiento de una zona de concentración de las Farc en Tibú (Norte de Santander), en la vereda Caño Indio, plantea dos grandes interrogantes en la población: qué pasará con los otros actores armados y cómo salir de la coca hacia economías lícitas.

comunidad_cano_indio_tibu-1.jpg

Habitantes de Caño Indio y otras veredas del municipio de Tibú (Norte de Santander) en un encuentro realizado durante la visita de Gobierno, Farc y ONU el jueves 11 de agosto de 2016.
Daniel Salgar

Hoy Tibú suena porque los fusiles, por lo menos los de las Farc, callan. Eso es novedad en este municipio de la región del Catatumbo, Norte de Santander, que por lo general sólo sale en las noticias cada vez que hay un muerto, un combate, una masacre, un secuestro. O cuando el presidente compara la región con el Bronx, como lo hizo en mayo pasado.

La atención ahora está puesta en un hecho que no genera víctimas, sino potenciales beneficios para una población acostumbrada a vivir en medio de las balas. Una recóndita vereda tibuyana llamada Caño Indio será una de las 23 zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN) de las Farc. Allá estuvieron el jueves pasado los representantes del mecanismo compuesto por Ejército, Farc y ONU encargado de verificar las condiciones para la concentración del frente 33 de esa guerrilla, que una vez firmados los acuerdos en La Habana comenzará su proceso de desarme y reintegración a la vida civil y política.

Vea aquí: Así fue la visita a la zona de concentración en Tibú, Norte de Santander

Después de casi cinco décadas de guerra, en Caño Indio no imaginaban ver a guerrilleros y soldados trabajando juntos. Los soldados, con un brazalete blanco y su fusil, firmes bajo el sol catatumbero, y al lado los guerrilleros aún no desmovilizados, caminando tranquilos por las trochas, saludando a civiles y funcionarios de diversas entidades de Tibú y Norte de Santander que llegaron hasta ese rincón del país para ver cómo el proceso que se inició en La Habana empieza a materializarse en Colombia.

Desde el casco urbano de Tibú hasta Caño Indio hay aproximadamente dos horas de camino. Esta vereda, que tiene 52 núcleos familiares, hace parte de un sector que alberga cuatro veredas más: Progreso, Chiquinquirá, Palmeras Mirador y Casa de Zinc. La elección de Caño Indio como ZVTN es una noticia positiva para estas comunidades. Los presidentes de las juntas de acción comunal aseguran que la desmovilización de las Farc no sólo podría reducir la violencia, sino que va a visibilizar las necesidades de una población abandonada por el Estado. A Caño Indio, el día de la visita de verificación, asistió gente de todas las veredas aledañas con carteles de apoyo al proceso de paz.

El presidente de la Junta de Acción Comunal de Caño Indio se llama Luis David Rincón, más conocido como Tory. Dice que este es el momento para que el país vea que casi toda su comunidad no tiene agua potable. Que no hay luz. Que la escuela apenas da para atender a sus 28 estudiantes. Que, como no hay luz, para usar los computadores de la escuela los habitantes ponen sus plantas eléctricas. Que la única trocha que comunica a la vereda con el resto del mundo fue construida por los propios habitantes con pica y pala. Que el abandono estatal permitió que durante años se fortalecieran grupos armados y que los campesinos se volvieran dependientes del cultivo de la coca. Y que “todo esto no es exclusivo de los de Caño Indio sino que, si usted se da una vuelta por el Catatumbo, encuentra lo mismo por todos lados”.

Las Farc, uno entre muchos actores armados

Una de las principales preguntas que tienen los habitantes de Caño Indio, y en general los del Catatumbo, es qué va a pasar con los otros grupos armados cuando las Farc se desmovilicen. La duda surge porque la región, y sobre todo el municipio de Tibú, ha sido escenario de varias organizaciones armadas y economías ilegales, y también de dos procesos de desmovilización.

A inicios de los 70 llegó el Ejército de Liberación Nacional (Eln), que justificó  sus acciones en la lucha contra la industria petrolera y declaró resistencia contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas, el mismo contra el que hoy este y otros grupos siguen atentando. A inicios de los 80 llegarían las Farc, que se justificaron en apoyar a una población abandonada por el Estado, pero aprovecharon la ubicación geoestratégica de esa región selvática, montañosa, fronteriza con Venezuela, para fortalecer actividades ilícitas de contrabando y narcotráfico. En los 90 sería el Ejército Popular de Liberación (Epl) la tercera guerrilla en aparecer en el territorio.

Los paramilitares llegaron a finales de los 90, con el bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), que cometió atrocidades inolvidables para la población. Por ejemplo, las incursiones entre mayo y agosto de 1999 en el corregimiento de La Gabarra, a pocos kilómetros de Caño Indio, que dejaron por lo menos 77 muertos en ese corregimiento y sus zonas aledañas. “Para entonces, de Caño Indio no se podía salir, porque uno era automáticamente guerrillero y lo mataban. Hubo muchos asesinatos y no hay justicia. Muchos aún ni se atreven a denunciar”, dice uno de los habitantes de la vereda que fue víctima en esos años y sigue esperando reparación.

Después de la desmovilización paramilitar en 2004, que se realizó en el corregimiento Campo Dos, el de mayor población en Tibú, el paramilitarismo ha reaparecido bajo el nombre de clan Úsuga (clan del Golfo), Rastrojos y Águilas Negras, entre otros. El mismo año de esa desmovilización, el 15 de junio, miembros del frente 33 de las Farc llegaron a La Gabarra y asesinaron a 34 campesinos señalados de cultivar coca y trabajar para las Auc. Y de nuevo el temor se expandió por Tibú.

La vida de Caño Indio y sus comunidades vecinas ha transcurrido en medio de las guerrillas y los grupos paramilitares pre y posdesmovilización, que se disputan y a veces comparten el control del territorio y del negocio del narcotráfico. El frente del Epl Libardo Mora Toro, que no se sumó a la desmovilización de esa guerrilla en los 90  —realizada en Tibú, en la vereda Campo Giles- es fuerte en algunas zonas y sigue siendo considerado en el Catatumbo una guerrilla. Después de que en octubre de 2015 el Ejército matara al líder del EPL, alias “Megateo”, en el municipio de Hacarí, también en Catatumbo, este grupo entró en una lógica de reacomodamiento económico y territorial.

Lo dice el director de la Pastoral Social en Tibú, fray Juan David Montes, con el conocimiento de una organización presente en casi todo el Catatumbo: “El Gobierno quiere mostrar al Epl como algo pequeño. No lo es. Si no fuera una guerrilla fuerte, no habríamos visto los recientes desplazamientos en los municipios de Teorama y Hacarí, ni los hostigamientos en Filo Gringo y Las Mercedes, los dos en las misma semana, por sólo mencionar algunos casos recientes”.

En Caño Indio, durante los últimos años, el grupo con mayor presencia ha sido las Farc. El Ejército, en cambio, poco se ha visto en la zona. Dice Tory que la guerrilla ha respetado la autonomía de las autoridades civiles y “la vida sigue normal, aunque sea en medio de la anormalidad de la situación”.

Ahora que las Farc se concentrarán en Caño Indio, la duda es quién va a copar los espacios que deje esa guerrilla. No sería muy extraño que no fuera el Estado —históricamente ausente—  sino otros actores los que busquen ejercer control territorial después de la desmovilización guerrillera. “Ojalá el Estado recupere credibilidad y se haga presente, no sólo con los militares sino con todo lo que necesitamos en programas y servicios”, dice Tory. “Si eso no sucede, la desmovilización no será un beneficio sino un daño más para la comunidad”.

Como asegura fray Montes, “la desmovilización de uno de los actores armados que hay en Catatumbo es una solución muy pequeña para los enormes problemas de la región. Es necesario que entren en el camino de la negociación las otras dos guerrillas. Si no, es imposible que el Estado entre con fuerza al Catatumbo. La misma guerrilla ha dicho que les tiene miedo a los paramilitares, y los hay. Además hay unos movimientos campesinos en una lucha de poderes, como Cisca y Ascamcat. A eso súmele las luchas de la minería, la palma y la coca. El contexto es sumamente complejo”.

¿Cómo salir de la coca?

Esa es la otra pregunta que se hacen muchos habitantes de Caño Indio, que son dependientes de los cultivos de coca para su subsistencia. No tienen otra opción. La falta de infraestructura vial y de garantías para el comercio de sus productos, sumada a la presión de actores armados que encuentran en los campesinos mano de obra barata para el narcotráfico, los ha arrojado a esa economía ilegal. Esa economía no los ha enriquecido, sino que apenas les da para sobrevivir. La misma situación se replica en muchas zonas del Catatumbo y ha hecho que la región sea una de las que más hectáreas de cultivos ilícitos tienen en el país.

Ahora las dudas crecen porque, como habrá zona de concentración de las Farc y hay que proteger a los guerrilleros que estén ahí y a las comunidades cercanas, ya hay mucha más presencia del Ejército y podrían criminalizar otra vez al cultivador, empezar a erradicar los cultivos, detener el transporte de insumos. “Y si lo hacen, nos morimos de hambre o nos vamos, porque no hay otra cosa de qué vivir. Nos tienen que dejar trabajar, porque de eso dependemos hasta que el Estado llegue con oportunidades claras”, dice Tory. Los líderes de comunidad consultaron a oficiales de la Fuerza Pública encargados de proveer seguridad a la ZVTN y les respondieron que tranquilos, que por el momento estarán enfocados en la seguridad de la zona y no se meterán con la coca. El día de la verificación en Caño Indio, los líderes de esta y las veredas aledañas dejaron claro ante todos los presentes que la salida de la coca requiere un proceso gradual, no es de la noche a la mañana.

El acuerdo de paz con las Farc plantea un enfoque diferente a la represión militar para que los campesinos dejen la coca. Está demostrado en el Catatumbo que la erradicación, sin ofrecimiento de alternativas, genera malestar y movilizaciones como la del paro agrario de 2013. Según lo acordado con la guerrilla, se creará un programa nacional de sustitución de cultivos para facilitar el tránsito hacia economías lícitas. Pero la implementación de este programa es un reto inmenso en esta región, donde la economía ilegal seguirá dando mayores ganancias en los años posteriores a la firma de la paz con las Farc, porque persisten estructuras ilegales que se lucran del narcotráfico y el contrabando.

Caño Indio, dice Tory, tiene un suelo fértil para producir plátano, cacao, maíz, caña, yuca, entre otros. Y la comunidad está dispuesta a hacerlo. “Pero es difícil pensar que a uno le vaya a rendir más la plata con otro producto diferente a la coca. Sale mucho más caro traer dos bultos de yuca hasta Tibú que sacar la coca y venderla ahí mismo en las veredas, por eso la pregunta es cómo salir de la coca y mejorar la condición de vida”.

La firma de la paz y la salida de la coca es una clave para el aprovechamiento del potencial productivo del Catatumbo. Como lo dice el alcalde de Tibú, Alberto Escalante, “la sustitución, la firma y el sí a la paz serían el punto de apoyo para la transformación agropecuaria, social y económica del municipio. Podríamos desarrollarnos en piña, cacao, cítricos, moringa y ganadería, entre muchas otras cosas. Ya no tendríamos la excusa de que las Farc no nos dejan”.

A pesar de la coca y la guerra, el Catatumbo ofrece un suelo generoso. Estudios recientes del Instituto Hernán Echavarría Olózaga indican que esta región representa más del 50% del área sembrada con productos lícitos de Norte de Santander y el 46,7% de la producción de este departamento. A nivel nacional, el 28% de la cebolla y el 22 % del tomate provienen del Catatumbo. Además, “de las 937 mil hectáreas cultivables en la región, 217.761 resultan altamente óptimas para el cultivo del cacao (…); 18 mil hectáreas estarían habilitadas para el cultivo de palma de aceite, y alrededor de 95 mil pueden ser destinadas para el cultivo del café”.

La palma es un antecedente parcialmente exitoso en sustitución de cultivos impulsado por el Gobierno Nacional en la región, aunque las grandes ganancias han quedado en manos de pocos y el monocultivo se ha visto en ocasiones asociado al paramilitarismo. El estudio citado muestra que hoy el Catatumbo aporta el 29,1% de la producción nacional de palma en el país, con 15.224 hectáreas sembradas principalmente en los municipios de Cáchira, El Zulia, La Esperanza, Sardinata y Tibú.

El fin de los conflictos abriría la puerta no sólo para que aumente la productividad del Catatumbo y mejore la vida de sus habitantes, sino para que salgan de la estigmatización. Para que el país sepa que el Catatumbo no es como el Bronx, lleno de drogadictos y delincuentes. Para que la región no suene sólo cuando hay balas, sino que sea reconocida por sus maravillas, por ejemplo el Parque Nacional Natural Catatumbo Barí y la Zona de Reserva Forestal de la Serranía de los Motilones. O por la riqueza ancestral de sus pueblos indígenas transfronterizos. O por las festividades que cada año celebran sus campesinos. O por el espectáculo único que se ve en un punto del río Catatumbo, que alberga la mayor concentración de relámpagos en el mundo. O por las miles de golondrinas que por esta época inundan Tibú y ocupan las primeras planas de los medios regionales. Por lo que ha quedado olvidado tras los sangrientos titulares la guerra.