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Para entender por qué una persona que suma tres amenazas en su contra no desiste de luchar por su comunidad es necesario remontarse a su historia. A sus inicios, motivaciones y razones.
El 8 de diciembre de 2002, en la vereda Alto de Palo, Cauca, comenzaron a escucharse estallidos. Melba Mina, madre de cinco hijos, escuchó el primero, distante, pero fue suficiente para despertarla. El segundo se atravesó entre los sueños de los niños, los padres de Mina y sus hermanos. Alberto Vidal Mina, de seis años, se acercó a su madre, le abrazó las piernas y le dijo: “Mamá, ¿rezo?” El tercer estruendo los estremeció. Sonó como si una bomba hubiese explotado frente a la casa. Ese día murieron dos de los familiares Vidal Mina, un tío y un primo que se enfrentaron a los agresores. Las Farc se habían tomado la vereda y desde las 12 de la noche hasta las cuatro de la madrugada hubo fuego, miedo, sangre y muerte.
Al día siguiente, los Vidal Mina se fueron para Tuluá. Dejaron atrás su historia y su tierra. El cambio del campo a la ciudad fue brusco. También resultó costoso. El ruido y el ritmo aturdieron a Vidal y su familia. Un día abandonaron Tuluá y se fueron a vivir a Caloto, municipio del departamento del Cauca, pero allí también la violencia los sacudió. Algunos grupos paramilitares habían llegado.
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En cuatro años, Alberto Vidal se convirtió en víctima de tres grupos armados a los que decidió resistir. También respondió. Lo hizo con música, danza y liderazgo. Desde que llegó a Caloto, encontró en el arte la terapia que necesitaba para transformar lo amargo en dulce.
Se inició como cabecilla de ideas defensoras desde su época escolar. Dio clases de danzas folclóricas y de música en la Fundación de Arte y Cultura Caloto Cauca. Desde ahí comenzó a formar grupos de niños con discapacidad, víctimas del conflicto o en situación de vulnerabilidad, y les daba clases.
Como consecuencia de la Ley 1448 de 2011, que creó las mesas de participación, llegó a ser representante nacional de jóvenes víctimas del conflicto armado. La forma en la que los organizó dentro de las mesas, para que reclamaran al Estado por el cumplimiento de sus derechos, le dio luces para que tuvieran acceso a toda la oferta institucional que por ley merecían.
Vidal manifiesta que es urgente la existencia de políticas públicas para atender a esta población y que, por ejemplo, dentro de la Ley estatutaria 1622 de 2013, enfocada a la ciudadanía joven, también debería existir un espacio para las víctimas.
Lleva más de ocho años guiando a su comunidad y, sobre todo, a su generación, para que reclamen, denuncien, se organicen, pregunten y cuestionen. Actualmente está en la veeduría nacional de la implementación del Acuerdo de Paz.
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Desde su participación en la Mesa Nacional de Víctimas y su intenso esfuerzo por defender el proceso de paz, ha sido blanco de los que evitan el debate. El detonante fue la denuncia que visibilizó la pausa en la implementación de los acuerdos. La hizo como vocero ante el Congreso de la República, y además de mencionar el incumplimiento en lo pactado, también se pronunció sobre las nuevas violencias que nacían en los territorios en los que el Estado aún no se hacía presente y que antes habían sido ocupados por las Farc.
El pasado 14 de julio comenzó a circular un panfleto que decía que después de un análisis realizado en el territorio por el comando central de las Águilas Negras, se declaraba a Alberto Vidal como objetivo militar inmediato. Ese aviso fue el más reciente. Cuando su madre se enteró, le suplicó que no “molestara más con eso”, y que parara con el liderazgo. Vidal respondió: “Esto ya no tiene reversa”.
La Unidad Nacional de Protección ha sido informada de cada amenaza realizada a Alberto Vidal. Desde la primera ocasión pidió auxilio y la UNP le hizo el estudio de riesgo. Los resultados arrojaron que, si bien corre peligro extraordinario, es muy bajo. Vidal recibió un chaleco y un celular.
Después de esa evaluación de riesgo ha recibido dos amenazas más que también fueron informadas. Sobre estas, la UNP no se ha pronunciado. Las respuestas a las cartas que Vidal ha dirigido a la entidad dicen que el proceso está en trámite y que lo están reevaluando. Mientras eso ocurre, el peligro aumenta. Por la casa de Vidal, quien vive con su madre, dos hermanos y una sobrina, rondan hombres con casco vestidos de negro.
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Desde hace nueve meses, Vidal cambia de ruta todos los días. Intenta no pasar por el mismo lugar en la misma semana. Se esfuerza por no permanecer mucho tiempo en el pueblo. Su prioridad es trabajar por los que siguen necesitándolo. Sabe que si sucumbe ante las intimidaciones, suspende la lucha por la que ha peleado desde su infancia.
Cuando pide a la UNP que le expliquen cuál es la justificación que soporta su bajo riesgo, la ambigüedad se impone en la conversación. Le dicen que hay un GVP (Grupo Preliminar de Valoración de riesgo), donde están todas las entidades del Estado y ellos son los que determinan la gravedad. De ahí el caso pasa al comité de implementación de medidas. Ellos fueron quienes tomaron la determinación de que, para proteger su vida, un chaleco y un celular son suficientes.
En la última semana, Vidal se reunió con varios líderes y organizaciones para redactar una denuncia que pretenden elevar a la Corte Penal Internacional. La problemática es evidente, pero las medidas de contingencia para que estas personas no hagan parte del grupo de líderes sociales asesinados brillan por su ausencia.
Él sigue convencido de que su labor como profesor de música y danza ayudará a niños de su pueblo a que nunca desvíen su mirada hacia la guerra. Está seguro de que guiar a las víctimas para que exijan las garantías que merecen es para lo que nació. Pide que le protejan su vida, porque no sólo acabarían con la de él, sino con la de su familia. Merece que lo cuiden, y sigue a la espera.