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A Fredy Armando Uron Freytter, el personero de Murindó (Antioquia), le siguen llegando mensajes a su celular de lancheros del Medio Atrato quelo advierten de que el comandante de las Autodefensas Gaitanistas del corregimiento de Brisas lo está buscando. El 12 de julio pasado lo sacaron en helicóptero, luego de que la Policía del pueblo recibiera información de que existía un plan para atentar contra su vida. De su casa salió escoltado por diez uniformados con fusiles, mientras él cargaba una colchoneta y parte de su ropa. La última noticia que recibió es que desconocidos averiaron la puerta y la ventana de la oficina de la Personería.
El riesgo del personero es inminente, advirtió la Defensoría del Pueblo el pasado 24 de julio, luego de emitir una alerta temprana para la cabecera municipal de Murindó y los corregimientos de Opogadó, Bella Luz y Campo Alegre. Uron ya completó 15 días por fuera del pueblo, y el Estado, a través de la Unidad Nacional de Protección, sólo le proporcionó el pasado viernes un botón de pánico, un chaleco antibalas y un celular.
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Por su parte, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, dijo que la amenaza era una “mentira” y que le pedía al procurador general de la Nación que lo investigara por “generar desorden institucional”, en una declaración que dio en Medellín el 17 de julio.
Las amenazas al personero llegaron luego de que éste alertara de la incursión de 150 hombres de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, con armas largas, a su municipio, el pasado 7 de julio. Los armados se apostaron por varios minutos en el cementerio de la comunidad. Uron envió un mensaje de voz con la advertencia a más de 400 personeros del país.
“Al día siguiente hicimos un consejo de seguridad y la Fuerza Pública, que verificó la zona horas después de la alerta, aseguró que no observó a nadie, que no encontró rastros de que el grupo armado hubiera estado allí”, relata el personero, que hoy busca salir del país ante las amenazas y las precarias medidas del Estado para protegerlo. Sus denuncias fueron ratificadas por la Defensoría del Pueblo la semana pasada.
De hecho, los registros de esta entidad dan cuenta de la intranquilidad que viven los pobladores de este municipio del Urabá antioqueño desde principios de 2017. A mediados de febrero de ese año, cerca de 290 hombres del frente 34 de la entonces guerrilla de las Farc abandonaron el territorio para concentrarse en la zona veredal de Vigía del Fuerte y dejar las armas. Desde entonces, advirtió la Defensoría, “no se ha evidenciado presencia de la Fuerza Pública tomando el control de los territorios cedidos por la guerrilla”.
La disputa por el territorio la libran la compañía Néstor Tulio Durán del Eln y un grupo de las Autodefensas Gaitanistas procedente de los municipios de Riosucio y Carmen del Darién. Los dos grupos armados no quieren ceder terreno, dicen las autoridades locales, pues lo que está en juego es el control de corredores de movilidad que comunican las subregiones del Atrato y la costa Pacífica chocoana y que hace décadas se utilizan para el tráfico de droga hacia Centroamérica. Y, claro, también se trata de una pelea por el oro, que en Murindó abunda.
De hecho, no son los únicos. La Corte Constitucional ha tutelado los derechos de los pueblos indígenas asentados en esta región, para que el Estado los consulte previamente ante el interés de las transnacionales de hacer minería a través del proyecto Mandé Norte. Son 16.000 hectáreas solicitadas en concesión, y dos comunidades afrodescendientes y cuatro resguardos indígenas podrían ser afectados con la decisión, resaltó la Defensoría en su última alerta temprana.
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En cuanto al tráfico de estupefacientes, todo indica que los mayores narcotraficantes interesados en mantener este caldo de cultivo están afuera del territorio. Y un ejemplo de ello es la accidentada avioneta que cayó a finales del año pasado y está parqueada en la pista aérea del pueblo. “Tiene placas de Estados Unidos y era para transportar cocaína”, dijo un líder de la región, que prefirió no revelar su identidad ante la amenaza constante y silenciosa que viven.
En el documento de la Procuraduría, de fecha 13 de julio de 2018, le piden al director de la Unidad Nacional de Protección que le otorgue medidas de protección al personero Fredy Uron. El otro, es un apartado de las advertencias que venían haciendo el funcionario desde principios de este año.
El miedo a la repetición
Murindó tiene poco más de 3.500 habitantes. La mayoría de sus calles y casas rústicas están construidas sobre palafitos o andamios, a dos metros del río. La pobreza es tan evidente como el miedo que tiene esta población a la violencia, que se remonta a 1997.Entonces el bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá ingresó a la comunidad de Bartolo (zona rural de Murindó), quemó el caserío y replegó a los combatientes de las Farc a cercanías de la cabecera de Murindó, lo que estigmatizó por muchos años al pueblo como aliado de la guerrilla. Esto desembocó en un sinnúmero de operaciones contrainsurgentes que, según la población, afectó sus vidas.
Después de eso la guerra no cesaría, aunque Murindó sólo volvería a ser noticia cuando las Farc decidieron hacer la paz con el Gobierno. En marzo de 2017, cien hombres armados y con prendas de uso militar llegaron de nuevo al reconstruido caserío de Bartolo, como lo denunció el personero Uron. Posteriormente, en agosto se registró la confrontación entre el Eln y la Fuerza Conjunta de Tarea Titán de la Séptima División del Ejército. Y distintos artefactos explosivos con insignias del Eln fueron desactivados dentro de balsas y en las riveras de los ríos Chageradó y Murindó.
En 2018, el paro armado del Eln confinó durante varios días a las comunidades étnicas de este municipio: 13 afrodescendientes que pertenecen a los consejos comunitarios de Murindó y Cocomacia, y a las diez comunidades indígenas del pueblo embera katío.
Todos estos episodios han hecho que la desconfianza de los pobladores hacia los diferentes actores armados, legales e ilegales, siga vigente. Esto sumado a que aún no es claro por qué se incendió la sede de la Policía de Murindó en febrero de este año, donde estaban las armas de los uniformados.
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“Se quemó la armería de la Policía y no hay un reporte oficial de qué fue lo que sucedió. Y los bomberos nunca fueron alertados de la situación. Ellos reaccionaron porque el incendio estaba muy avanzado y ya era evidente en todo el pueblo. La gente fue la que alertó con gritos, pero no hubo un llamado oficial de los uniformados para atender la emergencia”, relató un habitante que pidió proteger su identidad.
Esta es la situación de zozobra que trajo a cuestas el personero, quien se refugia para no morir en el intento de cumplir con su labor. Uron siente que ya no puede regresar. En Apartadó, cuando lo sacaron en helicóptero, estuvo una noche y fue víctima de seguimientos intimidantes. En Medellín fue desmentido apresuradamente por el gobernador Pérez, y en Bogotá ha recibido una respuesta institucional que considera débil para su nivel de riesgo. Por lo pronto, los pobladores de Murindó esperan una respuesta contundente del Estado ante tantos años de violencia y olvido.
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