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En Antioquia se concentra gran parte del músculo político del Partido Fuerza Revolucionaria del Común (Farc). De los 50 candidatos para la Cámara de Representantes, agrupados en cinco listas, 13 están en este departamento. Pero allí también confluyen los principales problemas para este nuevo jugador de la política colombiana.
Los obstáculos son múltiples, diversos y complejos: desde los nuevos conflictos que surgen en las zonas donde ellos hacían presencia hasta lo que significa hacer proselitismo en el departamento que mayoritariamente le dijo NO a la implementación de los acuerdos de paz.
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En este departamento, la agresión más directa, sonada y reciente contra las Farc fue el asesinato de Wílmar Asprilla y Ángel de Jesús Montoya, baleados la noche del 16 de enero en el municipio de Peque, en el occidente antioqueño. Asprilla y Montoya preparaban una reunión para impulsar la campaña de Wilman Cartagena Durango, aspirante a la Cámara de Representantes. Se trató de los primeros homicidios de miembros de las Farc en el marco electoral de 2018.
Estos crímenes hacen parte de los 33 homicidios de excombatientes de las Farc, según registros de la Fundación Paz y Reconciliación. La Farc tienen un registro de 38 casos. Y cifras entregadas por el vicepresidente Óscar Naranjo, el 8 de febrero, dan cuenta de 50, incluyendo familiares y líderes sociales. En cualquier caso, son asesinatos cometidos desde el 30 de noviembre de 2016, después de la firma del Acuerdo de Paz.
En Antioquia han asesinado a ocho miembros de las Farc en proceso de reincorporación. Es el segundo departamento con más casos, después de Nariño, donde hay un registro de 14 asesinatos.
Las cifras, que muestran una tendencia de casi cuatro muertes cada mes (si se toma la base de 50), llevan a los miembros de la Farc a pensar en lo que sucedió con la Unión Patriótica, movimiento político que surgió tras el acuerdo entre las Farc y el gobierno de Belisario Betancur en 1984 y que fue víctima de un exterminio sistemático en su auge electoral. Desde 1985 hasta finales del 2000 hubo 1.598 víctimas. En este exterminio, las cifras de Antioquia son cercanas al 30%, de acuerdo a los registros presentados en el documento Unión Patriótica Expedientes contra el olvido.
Ómar Restrepo Correa, más conocido como Olmedo Ruiz, cree que puede haber más muertos y más amenazas. Pero está convencido de que “esta sociedad no vuelve a resistir lo de la Unión Patriótica”. Sin embargo, comunicados oficiales de la Farc sí han evidenciado su temor y le han hecho llamados al Estado y a las autoridades competentes para que tomen medidas sobre los asesinatos de miembros de la Farc, líderes sociales y defensores de derechos humanos, “para que no se repita un genocidio político como lo ocurrido con la Unión Patriótica”.
En Antioquia, los candidatos de la Farc han hecho campaña especialmente en las subregiones del Norte, Nordeste y Urabá. En las dos últimas semanas, tras la suspensión de las campañas, se han enfocado en hacer encuentros con comunidades y líderes sociales, especialmente en municipios. Lo han hecho en zonas donde, según Ariel Ávila, analista y subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, esta organización construyó pequeños capitales sociales con “campesinos marginados” y “cocaleros”. Incluso donde resistió la ofensiva paramilitar. “Las Farc fueron amos y señores en el Urabá antes de la llegada ‘para’ (…) La UP logró varios periodos la alcaldía de Apartadó, tuvieron concejales, igual en el Nordeste, en el Bajo Cauca…”, dice.
En estas zonas han surgido nuevos brotes de violencia, tras la desmovilización de los frentes guerrilleros. Allí hay disidencias de las Farc. O presencia del Eln. O bandas criminales. O los tres. Voceros de la Farc aseguran que los disidentes no son más de 50, ex miembros de los frentes 18, 36 y quinto.
La problemática se concentra especialmente en los municipios de Ituango, Tarazá, Cáceres, Valdivia, Campamento, Anorí, Amalfi, Segovia, Zaragoza y El Bagre. Estas localidades conforman un cordón geográfico que se conecta con Urabá, el sur de Córdoba y el sur de Bolívar.
Ese mismo cordón carga históricamente con las problemáticas de las rutas del tráfico de drogas, la minería y los cultivos ilícitos y los programas de sustitución y erradicación. Algunos de estos municipios están en una zona donde los cultivos de coca son permanentes desde 2006, según el monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos, presentado en 2015 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
El Eln está presente en 13 municipios (en Colombia están presentes en 55), las disidencias de las Farc en tres y las ‘bacrim’ en el 90 por ciento del departamento, pero no con la misma intensidad en cada municipio, según la Fundación Paz y Reconciliación.
Ituango, en el norte del Departamento, es uno de los municipios donde confluyen todos estos grupos. Allí se ha acentuado el conflicto más reciente. Uno de los hechos más dolorosos sucedió el 4 de febrero, cuando murió una niña de tres años, luego de que desconocidos lanzaran un explosivo contra una vivienda. Dos días después, luego de un consejo de seguridad, el gobernador de Antioquia Luis Pérez anunció la llegada de 500 soldados a la zona.
“Lo de Hituango no es nuevo”, dice Manuel Antonio González, más conocido como Élmer Arrieta, quien coordinó la zona veredal de Santa Lucía, en Ituango. Cuenta que desde antes de firmar los acuerdos ellos le advirtieron al Gobierno que la Fuerza Pública debía hacer presencia en los sitios que ellos iban a dejar, si no estos lugares se los iban a disputar otros actores armados. “Eso es vergonzoso para la institucionalidad”, dice.
La Farc han concentrado el proselitismo en esta zona porque allí están la mayoría de simpatizantes. Sin embargo, allí también están los principales obstáculos: miedo, estigmatización y enemigos. “Hay mucha gente que está con nosotros, pero no lo dicen públicamente para evitar la estigmatización. Aquí hay un odio generalizado contra la izquierda”, dice Olmedo Ruiz.
Elmer Arrieta agrega que hacer campaña en el departamento donde la gente votó mayoritariamente en contra del Acuerdo no es fácil. En Antioquia, solo 28 municipios, de 125, le dijeron sí al Acuerdo. La mayoría de esos municipios, incluyendo a Urabá, es donde hoy las comunidades están más acosadas por el conflicto.
El panorama parece adverso. El analista Ávila dice que si la Farc “la tienen difícil en todo el país, aún es más difícil en Antioquia y el Eje Cafetero”. Cree que en Antioquia la participación en las urnas a favor de las Farc, en las elecciones de marzo, será muy baja. Piensa que pueden sacar cinco o seis mil votos.
Los voceros de la Farc consultados, sin embargo, son optimistas. Coinciden en que perciben mucha simpatía en las comunidades donde se movían anteriormente. Pero reconocen que tienen unos riesgos grandes por delante. “Pero estamos dispuestos a correr el riesgo para la construcción de la paz y para demostrarle a la comunidad nacional e internacional que el problema no era las Farc”, agrega Cartagena Durango.
Las quejas
Las quejas de estos miembros de la Farc son calcadas. La principal, dicen, es que no se ha podido desmantelar el crimen organizado, como está expresado en el punto 3.4. del Acuerdo, “sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres”. Coinciden en que cuando suscribieron el punto 3 de este Acuerdo la principal aspiración era “la materialización de garantías reales y efectivas para la participación política y la reincorporación digna de nuestros combatientes”.
Las garantías reales y efectivas son nulas o parciales, según los miembros de la Farc entrevistados en Antioquia. Ellos hablan a la luz del punto 2.1.2.1 del Acuerdo, el cual dice que, para el ejercicio de la política, “el nuevo movimiento político, sus dirigentes y militantes, tendrán garantías especiales de seguridad”. Hasta la última semana de febrero, solo tres de los trece aspirantes a la Cámara por Antioquia, tenían esquemas completos de seguridad: Olmedo Ruiz, Élmer Arrieta y Érika Montero. Wilman Cartagena afirmó que tenía un esquema parcial, el cual se lo implementaron el 4 de febrero.
Sin embargo, Olmedo Ruiz se pregunta: “¿Qué nos ganamos con que yo tenga seguridad si las comunidades no tiene seguridad? El Estado no le puede poner esquemas de seguridad a todos los excombatientes”.
A las pocas garantías de seguridad se suman la falta de recursos y el ambiente hostil en lugares como Medellín, donde les han advertido, por medio de notas anónimas, que no pueden hacer campaña.
Antioquia, como dice Ávila, representa un anhelo político para la Farc, pero el panorama allí es de los más oscuros para este movimiento.
Los candidatos de la FARC
Para las elecciones legislativas del domingo 11 de marzo de 2018, la FARC tienen 73 candidatos inscritos: 23 para el Senado y 50 para la Cámara de Representantes. En Antioquia, la lista para la Cámara de Representantes la encabeza Ómar de Jesús Restrepo Correa, más conocido como Olmedo Ruiz.
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Olmedo Ruiz, quien entró a las Farc a los 16 años, fue negociador en La Habana y fue el segundo comandante del Frente 36 de las Farc, que operaba en el norte del departamento. También manejó el plan piloto de desminado en la vereda El Orejón, municipio de Briceño (Antioquia).