Rostros de líderes amenazados en Colombia

Sandra Pérez, de la nación indígena Sikuani, se preocupa por su hermano menor, quien ha luchado contra las compañías petroleras y la contaminación que producen en la tierra. La ola de violencia contra los líderes sociales en la región hace que ella sienta temor por la vida de su hermano. Rubiales, (Meta) Colombia 9 de Abril, 2017. Foto Tom Laffay / Cajar.

El último caso que registró la prensa fue el 4 de octubre de 2017. La noticia llegó desde el Guaviare y confirmó que, un año después de firmado el Acuerdo de paz con las Farc, 83 líderes sociales han sido asesinados en Colombia.

Esta debería ser una tragedia nacional. El asesinato del vicepresidente de la junta de acción comunal de la vereda Pueblo Nuevo (San José del Guaviare), Jimmy Humberto Medina, sucedido apenas el miércoles 4 de octubre en horas de la tarde, ratifica que los están matando, y lo más grave aún, mientras ejercen esa labor de defender a sus comunidades. Salía de coordinar el mejoramiento de la vía que comunica a su vereda con la de Cachicamo, cuando fue sorprendido por las balas.

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Solo entre enero y junio de este año, 225 líderes sociales recibieron amenazas contra su vida en diferentes regiones del país, reveló el último informe de la organización Somos defensores.

Pero pareciera que esos son simples números y que no nos duele lo que está pasando. El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) encendió de nuevo la alarma en su reciente publicación: Defender el territorio y el ambiente en contextos de actividades extractivas.

¿Quiénes son los líderes sociales de los que tanto se habla después del Acuerdo de paz con las Farc, pero solo cuando son asesinados? Esa es una pregunta obligada a responder en este contexto: son campesinos, afrodescendientes e indígenas a los que el conflicto obligó a pegarse a la ley universal de los derechos humanos para defender la vida y el territorio. Llevan décadas en esta labor, incluso lo hicieron en los años más crudos de la guerra entre el Estado y las Farc.

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Pero en el conteo de los muertos hemos olvidado a quienes viven bajo amenazas. Son los casos de Julia Figueroa, presidenta del Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez de Bucaramanga (Santander); Héctor Sánchez, presidente del Comité Ambiental, Agrario y Comunitario de Puerto Gaitán (Meta), y Miller Dussán, catedrático e investigador de la Universidad Sur Colombiana, de Neiva, representante de los afectados por la hidreléctrica de El Quimbo. Todos han defendido causas ambientales o sus territorios en contextos particularmente hostiles, debido a la presencia de actores armados e intereses económicos poderosos.

“Los ataques se dirigen contra ellos, pero la finalidad se orienta a desarticular o frenar los procesos colectivos que les soportan”, dice el informe de Cajar. Quizás por eso es tan importante reforzar los mecanismos de protección de las personas defensoras de derechos humanos, así como hacer un análisis del papel que juegan actores económicos, legales e ilegales, para evaluar sus verdaderos riesgos.

Aquí están dos de esas historias: 

Julia Figueroa, abogada de la vida 

Cárcel, destierro o muerte: la historia de Héctor Sánchez