¿Qué viene en la lucha contra la coca?

Según el último balance del Gobierno, se firmaron acuerdos colectivos con cerca de 123.000 familias para la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Pero lo más difícil está por venir: que la sustitución sea efectiva, que haya garantías de seguridad y que los proyectos productivos no se conviertan en frustración.

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A orillas del río Rosario, en Nariño, queda la vereda Peña de los Santos. Según comprobamos, los cultivos y los laboratorios de coca inundan todo su paisaje. / Gustavo Torrijos - El Espectador

La sustitución de cultivos de uso ilícito fue uno de los puntos sobre los que dialogaron, el pasado jueves en Turbaco (Bolívar), el presidente Juan Manuel Santos, la FARC y los exmandatarios de Uruguay Pepe Mujica y de España Felipe González. No era para menos: es un tema vital para la implementación del Acuerdo de Paz en las regiones.

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Según el balance que dio el Gobierno, en el 2017 se firmaron acuerdos colectivos con cerca de 123.000 familias que se comprometieron a sustituir voluntariamente. Además, se hicieron los primeros pagos para la asistencia alimentaria de 28.660 núcleos familiares que están erradicando sus cultivos de coca.

Las familias incluidas en el programa de sustitución reportaron tener 39.795 hectáreas de coca. Hasta diciembre, y después de la verificación que hizo la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (Unodc, por sus siglas en inglés), la cifra total quedó en 15.611, lo que equivale al 31 % de la meta anual de sustitución que se trazó el Gobierno.

Sin embargo, es apenas el comienzo del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), estipulado en el punto cuatro del Acuerdo de Paz con las Farc. Los pasos que vienen son los más difíciles para el éxito de este programa, que desde el comienzo ha tenido obstáculos. Este año no sólo deben continuar con la firma de acuerdos y con la verificación de cultivos para sustituir. También tienen que consolidar el Plan de Atención Inmediata (PAI), que estipula el pago de un millón de pesos mensuales para la asistencia alimentaria inmediata y brindar oferta institucional de guarderías infantiles, comedores escolares, oportunidades laborales, brigadas de salud, estímulos a la economía solidaria y cooperativa, y estrategias de comercialización con las familias que se acogieron al plan.

Cuando cada familia haya erradicado completamente sus cultivos ilícitos y haya adecuado el terreno, debe empezar a definir los proyectos de ingresos rápidos y proyectos productivos de largo plazo, con la ayuda de la Agencia de Sustitución de Cultivos Ilícitos.

Pero falta mucho trecho, porque desde que comenzó el PNIS ha habido dificultades en su implementación . Los campesinos temen erradicar sus cultivos y que el Gobierno se demore con los recursos y la asistencia técnica, lo que los dejaría sin sustento.

Otras dificultades son la falta de coordinación entre la sustitución voluntaria y la erradicación forzosa, la inseguridad que se está presentando en las regiones por la presencia de grupos armados que se disputan el control del narcotráfico y la falta de recursos del programa.

Los obstáculos persisten

Nariño, con 42.627 hectáreas, y Putumayo, con 25.162, son los departamentos con más cultivos de coca en el país, según el informe de la Unodc del 2017. También sirven de ejemplo para las fallas que ha tenido el programa.

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En octubre de 2017 se perpetró la masacre de siete campesinos en Tumaco (Nariño) que buscaban impedir que la Fuerza Pública erradicara sus cultivos. El mismo mes hubo un paro nacional convocado por organizaciones campesinas, cocaleras e indígenas que también se oponían a la erradicación forzosa.

La falta de coordinación entre la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos y el Ministerio de Defensa fue revisada y se espera que este año ya no haya tensión en el terreno frente a este tema. Así lo asegura Claudia Salcedo, asesora de la Agencia de Sustitución de Cultivos Ilícitos.

“Tuvimos que cambiar la estrategia. Ahora lo que hacemos es sentarnos las dos partes todas las semanas y revisamos territorio por territorio, cada uno de los municipios y las veredas. Esto lo ha entendido la Fuerza Pública y para este año la estrategia es primero sustitución y después erradicación, esta debe ser la última estrategia de la implementación”, afirma.

En Putumayo, tras las protestas de las organizaciones sociales contra la erradicación forzosa en 2014, el Gobierno buscó el diálogo. Durante tres años se trató de alcanzar un acuerdo regional para la sustitución voluntaria, que en julio del año pasado se firmó con nueve municipios del departamento, Piamonte (Cauca) y el corregimiento Cofanía Jardín de Sucumbíos de Ipiales (Nariño). Es el único departamento del país donde todos los municipios con cultivos de coca aceptaron integrarse al programa.

En octubre, sin embargo, las organizaciones frenaron el proceso por falta de garantías en el tratamiento penal diferencial para los cocaleros y la inseguridad en la región. Hacen presencia nuevos grupos armados, como La Constru y Los Comuneros, y disidencias de las Farc que quieren apoderarse de las rutas del narcotráfico que dejó el antiguo grupo guerrillero.

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“Se supone que ya hay compromisos, pero hasta ahora no se ha visto nada de parte del Gobierno. Incluso, la situación de seguridad empeora cada día”, denuncia Yule Anzueta, integrante de la Mesa Regional de Organizaciones Sociales del Putumayo.

A pesar de que las amenazas y los asesinatos contra líderes han aumentado, como lo documentó Colombia 2020, el programa se retomó el 17 de noviembre en medio de una reunión en Puerto Asís entre el alto consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo; el director de la Agencia para la Sustitución de cultivos ilícitos, Eduardo Díaz; la directora de la Agencia de Renovación del Territorio, Mariana Escobar; el viceministro del Interior, Héctor Olimpo, y las organizaciones sociales del departamento.

Según Miguel Ortega, coordinador del equipo regional para la sustitución voluntaria en Putumayo, hay un estimado de 27 mil familias que entrarán al PNIS en el 2018. La verificación familia a familia se hará entre finales de este mes y principios de febrero para comprobar que tengan cultivos ilícitos, firmar los acuerdos individuales restantes y empezar con el levantamiento de las matas.

La desconfianza de los campesinos está presente en todo el país. En el caso del tratamiento penal diferencial, el proyecto de ley que presentó el Ministerio de Justicia el año pasado para rebajarles las penas a los cultivadores de menos de 3,8 hectáreas no se radicó y se empezará a discutir apenas en marzo.

Lo mismo pasa con los proyectos productivos. Este factor, el más importante para que se dé con éxito la sustitución de cultivos ilícitos, se enfrenta a dificultades como el acceso a tierras, la capacitación a los campesinos, la construcción de vías para la comercialización de los productos, el enfoque diferencial en las comunidades y los recursos que como tal tiene asignados el PNIS.

El informe que publicó en septiembre del año pasado la Fundación Ideas para la Paz estimó en ese momento que para cubrir el total de familias con las que se ha suscrito acuerdos colectivos durante el 2017 “se requerirán $2,7 billones. A esto hay que sumarle $11’600.000 del segundo año para cada familia, lo que sólo en la asignación de subsidios arrojaría un total $4 billones”. En contraste, la cifra asignada por el Estado para 2018 es de aproximadamente $1,4 billones, del presupuesto de la Nación y de cooperación internacional.

En Tibú (Norte de Santander), Juan Carlos Quintero , vicepresidente de la Asociación Campesina del Catatumbo, denuncia que el Gobierno les ha cumplido de manera parcial con el pago de los $36 millones a las familias campesinas. “Nos han dado $5 millones, pero no han comenzado los proyectos productivos, a pesar de que se erradicó toda la coca. Nos preocupa que el proyecto de sustitución fracase”, agrega.

Con respecto a la adecuación de infraestructura para el campo, el Gobierno dice ser consciente de que debe haber una articulación institucional para apoyar a los campesinos. “El acompañamiento del Estado y de los distintos actores que están en el territorio es lo que se viene. Lo complejo, por ejemplo, es cómo vinculamos a la Agencia de Desarrollo Rural a este proceso, para que ellos asuman todo el proceso tanto de asistencia técnica como todo el ciclo productivo hasta el tema de comercialización, para que esto no se vuelva un fracaso”, asegura Salcedo.

Para este año, el Ejecutivo aspira a que en mayo se haya alcanzado la meta de las 50 mil hectáreas (van en el 31 %) y 72 familias estén vinculadas. Pero esto no podrá ser una realidad si el Gobierno no enfrenta de manera más eficaz los desafíos que tiene encima y le apunta a una coordinación entre instituciones como la Agencia de Renovación del Territorio y la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, para que no se pierdan los proyectos productivos y lleguen a más familias campesinas.

El caso Tumaco, otro punto de referencia

Después de la masacre de los siete campesinos en la vereda El Tandil, en octubre de 2017, la estrategia para la erradicación de los cultivos ilícitos en este municipio se repensó. “Tumaco es un caso sui generis” aceptó la asesora de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, Claudia Salcedo. “Con ellos tenemos un plan de contingencia de corto plazo para sacar adelante al municipio con todo lo que ha pasado”, agregó. Sin embargo, ese plan de contigencia va a paso lento. Tumaco tiene el 50% de los cultivos de coca de Nariño, pero la Dirección de Sustitución solo tiene a un funcionario en el terreno. “Es solo una persona para recorrer 24 mil hectáreas de coca y trabajar con 30 mil familias que son pequeñas productoras”, resaltó Harold Ruiz, coordinador del equipo de sustitución de la Gobernación de Nariño.

“Hay más de 15 mil familias en el Tumaco que están a la espera de ser vinculadas, pero aún no lo han sido porque efectivamente el Gobierno no tiene ni los recursos económicos ni operativos para atender esta contigencia. La mayoría de las acciones han sido adelantadas por organismos departamentales”, afirmó.