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Como ya se había pactado desde hace unos meses, el presidente Juan Manuel Santos encabeza hoy, a las 10:30 de la mañana, la reunión del componente internacional de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), que se realizará en la sede de la Gobernación de Bolívar. A ella asistirán los expresidentes de España y Uruguay, Felipe González y Pepe Mujica, respectivamente, que fungen como verificadores internacionales desde marzo del año pasado y serán los encargados de dar a conocer un informe detallado sobre el avance de la implementación de los Acuerdos de Paz logrados entre el Gobierno y las Farc.
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Hay varios temas pendientes que serían tratados en la reunión, como lo son la reincorporación social y económica de los excombatientes y la creación de infraestructura para los municipios más afectados por el conflicto. De hecho, un reciente informe de la Agencia de Renovación del Territorio señaló que, dentro del plan de vías terciarias para el posconflicto, a cierre de 2017, se han construido 1.780 kilómetros de 2.406 que estaban planeados para intervenir, es decir, un avance del 74 %.
También se examinará el avance del otorgamiento de las amnistías a los exguerrilleros que permanecen en las cárceles y se analizarán los alcances del Decreto 2199 de 2017, firmado por el Gobierno el pasado 26 de diciembre y que permite el tránsito de exguerrilleros de la Ley de Justicia y Paz hacia la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), quienes serían beneficiados con la libertad condicional aplicable a los delitos políticos y conexos. Todo con la intención de que se puedan acoger a los procesos de reintegración que se desarrollan desde la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). La idea es definir un procedimiento para conocer los casos de los excombatientes que deseen hacer el paso y someterse a la JEP.
Aunque no es seguro, es posible que también se discuta sobre la amnistía de Martín Leonel Pérez Castro, conocido en la guerra como Richard y a quien se le atribuye el secuestro de los exdiputados del Valle del Cauca. Richard adelanta una batalla jurídica luego de que le fuese frenada su libertad. A pesar de que un juez decidió a su favor una tutela, tanto las víctimas de sus crímenes como la Fiscalía pulsan para que ésta no se dé al considerar que está vinculado a un crimen de lesa humanidad.
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Sobre la mesa también estará un informe titulado “La paz en deuda”, del Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz (OIAP), que realizó un control en tiempo real de la implementación, en lo que tuvo que ver con la adopción de leyes, decretos, actos legislativos, directivas y otras normas por parte del Estado. En una primera lectura, por ejemplo, señala que los avances de la implementación “son más contundentes cuando tienen relación con la ‘terminación del conflicto armado’ que con la ‘construcción de una paz estable y duradera”’.
Asimismo, resalta que una de las principales dificultades de la implementación se concentró en la resistencia del Congreso para cambiar la Constitución. “La implementación normativa e institucional del 18,3 % en el primer año es importante, pero insuficiente y pone en evidencia la falta de voluntad política y los múltiples obstáculos que enfrenta el Acuerdo Final”, comenta el informe, que considera que lo que resta de la misma estará ligada a los resultados de las elecciones de Congreso y Presidencia, y que con éstas el Acuerdo de Paz se somete “a otra refrendación”.
El documento, de 67 páginas, hace un estudio detallado del avance de la implementación en cada uno de los puntos del Acuerdo, pero al tiempo entrega unas recomendaciones al Estado colombiano, como que la construcción de paz estable y duradera no será posible si no se desarrollan los puntos de reforma rural integral y de solución al problema de las drogas ilícitas.
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Sobre el punto de la reforma rural integral, el informe menciona que su implementación a través de la vía ordinaria genera muchas dudas, debido al momento político, como la campaña electoral y el final del gobierno de Santos, así como la oposición de diferentes sectores políticos a la implementación: “Un año después de la firma no hay avances legislativos en asuntos como el acceso y la formalización de la tierra, es débil la implementación de los planes nacionales y es muy precaria la puesta en marcha de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) concebidos para hacer realidad la transformación del campo colombiano”.
La exguerrilla, que estará representada este jueves en Cartagena por el consejo político nacional de la colectividad, integrado por Iván Márquez, Pablo Catatumbo, Jesús Santrich, Rodrigo Granda, Pastor Alape y Victoria Sandino, llega a esta nueva reunión con un proyecto político más sólido. Sin embargo, aún mantiene las precauciones de seguridad propias del proceso de reincorporación, que será otro de los puntos de la reunión. El martes pasado se conoció una carta enviada por Rodrigo Londoño (Timochenko), en la que da indicaciones para la estrategia electoral del partido FARC. Una de las recomendaciones es mantener el “espíritu conspirativo” no contra el Estado, sino para evitar “que nos aniquilen”. En ese mismo sentido, pidió a los militantes tener disciplina en los desplazamientos, no frecuentar sitios riesgosos y cuidar las comunicaciones.