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Como en los años finales del siglo XX, cuando tomó forma el Plan Colombia y la frontera con Ecuador fue uno de sus escenarios críticos, hoy en los 586 kilómetros que dividen los dos países se desarrolla un nuevo reto contra la violencia y el narcotráfico. Ayer, porque en áreas estratégicas de Putumayo y Nariño controlaban las Farc y reinaba la coca hasta que Estados Unidos, a nombre de la lucha antidrogas, se involucró en el desenlace del conflicto. Y hoy, porque la disidencia de las Farc en la región no se quiere abstraer del millonario negocio de la droga, uno de cuyos epicentros es ese territorio limítrofe.
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El tema ha tomado tal magnitud, que las autoridades civiles y militares de ambas naciones ya encendieron sus alarmas, aunque su intervención haya llegado por otra vía. Primero, por la alerta de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que a finales de 2017 diagnosticó un desbordado crecimiento de coca en la región desde que las Farc firmaron la paz, dejaron la zona y su disidencia se quedó disputando la hegemonía con otros grupos ilegales. Y, después, por la advertencia de Washington, con ultimátum de descertificación, para intervenir en una zona de frontera que volvió a calentarse.
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Y como siempre en estas coyunturas de diplomacia y seguridad binacional, por ahora el desafío tiene nombre propio con recompensa incluida. Se llama Wálter Patricio Arizala, alias Guacho, y se afirma que nació en Limones, pequeño municipio de la provincia fronteriza de Esmeraldas, en Ecuador. Casi una década como guerrillero en la columna móvil Daniel Aldana o el frente 29, pero desde 2016 por su propia cuenta y riesgo porque no quiso sumarse al proceso de paz. Hoy se le atribuye ser el hombre que quiere el control de los vasos comunicantes del narcotráfico y sus conexiones con los carteles de Colombia o México.
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“A ese delincuente le habíamos puesto una recompensa de $150 millones. Hemos decidido duplicarla a $300 millones, para cualquier persona que nos dé información y permita capturarlo”, afirmó hace algunos días el presidente Santos, al término de un gabinete binacional para evaluar los dilemas de seguridad en la frontera. Un problema que en lo corrido de 2018 viene en ascenso y que ya registra ocho ataques en los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro, en Ecuador, el más grave el 27 de enero, con la detonación de un carro bomba contra un cuartel policial, con saldo de 28 uniformados heridos.
El pasado martes 27 de marzo fueron secuestrados dos periodistas y un conductor del diario El Comercio de Quito que adelantaban trabajo de reportería en Mataje, línea divisoria entre Ecuador y Colombia. El hecho rebozó la copa de las autoridades del vecino país y, además de la declaratoria del estado de excepción en Esmeraldas, con casi 12.000 militares y policías el gobierno del presidente Lenin Moreno decidió encarar el asunto. Desde entonces, la opinión pública y los medios de comunicación de Ecuador se han unido para manifestar su inconformidad frente a lo que está sucediendo.
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Los reportes de inteligencia de ambas naciones destacan que Guacho se desenvuelve con holgura en el mundo de la ilegalidad, con la perspectiva de que hoy es quien manda, pero mañana puede ser reemplazado. El excomandante de las Farc, Iván Márquez, insiste en que desde hace mucho tiempo dejó de pertenecer a la guerrilla e integra un grupo paramilitar. Pero en Tumaco, cuyos habitantes quedaron sin suministro de energía por la voladura de dos torres de interconexión eléctrica el pasado martes, o entre los ríos Mira y Mataje, que demarcan la frontera, todos dicen que se mueve a sus anchas con disidentes de las Farc.
Desde finales de 2017, de ambos lados de la frontera, con aportes del FBI y la DEA, se despliega una ofensiva binacional contra la disidencia de Guacho y otros grupos ilegales que buscan posicionarse en una zona históricamente aprovechada por el narcotráfico y otros delitos. Eso explica la violencia e intimidación a la población civil desplegada en las últimas semanas por quienes quieren copar el vacío de poder que dejaron las Farc, garantizando de paso a los carteles de la droga la continuidad de su negocio.
Entre la preocupación de Colombia y Ecuador o el ojo inspector de Estados Unidos, se recobra la memoria de los tiempos críticos que vivió la frontera a finales del siglo XX, cuando las Farc hacían de las suyas y el Estado pagaba un alto costo por impedirlo. Eran los días en que semanalmente crecía el número de prisioneros de guerra, sobre todo a partir de agosto de 1996, cuando fue atacada la base militar de Las Delicias (Putumayo), con saldo de 28 militares muertos y 60 cautivos. La época en que Colombia vivió atormentada por el drama de los militares, policías o políticos en las cárceles de la selva.
Ni el paramilitarismo que llegó al valle del Guamuez y el bajo Putumayo para lucrarse de la coca y pelear la región a punta de masacres. Ni los narcotraficantes, encabezados por los Combas, que delinquían en la zona para garantizar la salida de su droga por el Pacífico. En un momento, el control ejercido por las Farc era casi imbatible. Hasta que el gobierno de Andrés Pastrana, que desde enero de 1999 adelantaba un proceso de paz con las Farc en zona desmilitarizada en la región del Caguán (Caquetá), decidió aplicar el proyecto paralelo que modificó el rumbo de la guerra: el Plan Colombia.
Cuando el proceso de paz llegó a su fin, en febrero de 2002, la crisis humanitaria en la frontera era una bomba de tiempo. Con dos agravantes más: el incremento en el flujo de refugiados y la crisis política en el vecino país que desde 1997 a 2006 tuvo siete presidentes: Abdalá Bucaram, Fabián Alarcón, Rosalía Arteaga, Jamil Mahuad, Gustavo Noboa, Lucio Gutiérrez y Alfredo Palacio. Cuando llegó Rafael Correa, gobernaba en Colombia Álvaro Uribe y con Fuerzas Armadas modernizadas por el Plan Colombia, la frontera era uno de los territorios de guerra.
Dos hechos rememoran lo que se vivió entre las dos naciones. En enero de 2004, la captura en Quito del jefe guerrillero Ricardo Palmera, conocido como Simón Trinidad, ese mismo año extraditado a Estados Unidos. Y en marzo de 2008, en la región de Angostura (Ecuador), a escasos kilómetros de la frontera, el bombardeo del campamento del canciller de las Farc, Raúl Reyes, en desarrollo de la llamada operación Fénix, desplegada por las Fuerzas Armadas de Colombia. Una acción en la que murieron 24 personas entre guerrilleros colombianos y visitantes ecuatorianos y mexicanos, desatando una grave crisis diplomática.
Hasta que el diálogo internacional se impuso y en la vigésima cumbre del Grupo de Río en Santo Domingo (República Dominicana), parcialmente se zanjaron las diferencias entre Ecuador y Colombia. Sólo que, en la medición de fuerzas de la geopolítica, con Álvaro Uribe de un lado, Hugo Chávez del otro y la frontera con Ecuador en el eje de la discusión continental, pronto apareció el nuevo ingrediente para enredar las relaciones: los computadores de Raúl Reyes, cuyos contenidos comenzaron a ser filtrados a medios de Colombia, Estados Unidos o España, para sacarle rédito a la crisis.
Al final, el escándalo se desinfló en la justicia, pasó la era Uribe y en tiempos de Juan Manuel Santos se abrió paso el proceso de paz con las Farc, que terminó con su desmovilización en 2016. Pero no todos sus integrantes se sumaron y la mayoría lo hizo por la misma causa: no desprenderse de las utilidades del narcotráfico. Entre ellos Guacho, en una región donde pudo ser él u otro, porque desde hace casi tres décadas se mueve tanta coca desde las costas del Pacífico, que hasta que los gobiernos se impongan alguien va a traficar o a esgrimir sus armas para mandar o cobrar entre traquetos, sicarios y capos.
La prueba es que además de Guacho y sus compinches, tratan de posicionarse los del clan del Golfo o las Guerrillas Unidas del Pacífico. Los Grupos Armados Operacionales, como los denomina el Estado, para definir a los pescadores en el río revuelto de la coca o el tráfico de combustible. “Vamos a reforzar la frontera y los mecanismos de investigación. No vamos a permitir que la criminalidad se enseñoree. Estos sinvergüenzas están acostumbrados a tener una tierra de nadie. Ecuador no lo permitirá”, manifestó el presidente Lenin Moreno. No muy distinto a lo que se promete del lado de Colombia.
Ambas naciones, hoy preocupadas por un territorio tan movedizo como estratégico, donde cada desplazamiento ilegal está asociado con los carteles buscando corredores libres para sus embarques o espacios políticos para sacar barata su rendición. Ya no son los tiempos de 2007, cuando el entonces ministro de Defensa de Ecuador, Wellington Sandoval, llegó a afirmar que su país limitaba al norte con las Farc, pero su principal disidencia, hoy pulsa en el laberinto de la coca y vuelve a poner en jaque a las autoridades de las dos naciones.