Óscar Naranjo se trasladó por una semana

Un problema duro de erradicar en Tumaco

Los enfrentamientos entre Fuerza Pública y cultivadores de coca dejaron seis muertos y 23 heridos, según datos oficiales. El Gobierno acusa a un disidente de las Farc como responsable, mientras las comunidades culpan al Ejército. 

En Tumaco ya es un cliché decir que era una muerte previsible. Lo ocurrido en lo que va del año en este puerto nariñense sobre el Pacífico constituye una tragedia humanitaria sobrediagnosticada que advierte lo que puede implicar una mala implementación del Acuerdo de Paz con las Farc. Tumaco, lo ha definido el propio Gobierno, es el plan piloto del posconflicto. Y la masacre ocurrida este jueves es una nueva señal de la urgencia de atender los problemas de una comunidad que se ha hecho en medio de las balas. Se dijo antes de la firma del Acuerdo que el posacuerdo podría ser violento: pues bienvenidos al posconflicto.

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Horas antes de que en Barranquilla se diera el pitazo inicial del partido de fútbol entre Colombia y Paraguay, en la región del Alto Mira y Frontera, área rural de Tumaco, de lo único que se hablaba era de los muertos y heridos que dejó un enfrentamiento entre campesinos cocaleros y la Fuerza Pública. La gente hablaba de más de diez muertos y 80 heridos. El Ministerio de Defensa reconoció la existencia de una compleja situación y añadió que detrás de los muertos estaba una disidencia de las Farc, comandada por Wálter Patricio Arizala, alias Guacho.

Las cifras y explicaciones de lo ocurrido dadas por uno y otro bando no coinciden. La gente y las organizaciones sociales señalan que los muertos son entre seis y catorce; y los heridos casi 80. “Tenemos un reporte preliminar de seis personas muertas en Medicina Legal. Pero tenemos información de que los muertos serían más: entre nueve y catorce. El punto donde ocurrieron los hechos está a dos horas y media del casco urbano y no todos han podido ser traslados al hospital municipal. Nos han reportado 80 heridos”, dijo Alejandra Torres, vocera política de la Coordinadora de Organizaciones de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Cocam).

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Por su parte, la Fiscalía reportó seis muertos confirmados, entre ellos un menor de edad, y envió a su delegado para la Seguridad Ciudadana, Luis González, para que encabece una comisión que esclarezca lo ocurrido. Lo propio hicieron la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. También aportó gente de la Gobernación de Nariño, que dicho sea de paso, vive una compleja turbulencia política luego del anuncio de imputación de cargos al actual mandatario, Camilo Romero. También se trasladó al puerto el vicepresidente Óscar Naranjo, quien lleva las riendas del plan piloto de erradicación voluntaria y forzada, así como el desmonte de organizaciones criminales.

Hace unas semanas, Naranjo —acompañado por Eduardo Díaz Uribe, director de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos— había anunciado los avances de la lucha contra las drogas desde el mismo Tumaco. Dijeron que la erradicación forzada se acercaba a la meta de 50.000 hectáreas desactivadas a final del año y agregaron que aunque los planes de sustitución voluntaria avanzan más lento, ya tienen acuerdo con 24. 000 familias, de las 72.000 que esperan involucrar en el programa en 2017, con lo que esperan tener otras 50.000 hectáreas sustituidas por cultivos legales.

Se estima que en Tumaco hay más plantaciones de coca que en todo Bolivia. Los últimos informes registran la existencia de 16.960 hectáreas cultivadas, lo que lo convierte en uno de los cuatro municipios más afectados en todo el país por este fenómeno. Un botín que se disputan a sangre y fuego un sinfín de grupos criminales, que van desde el Cartel de Sinaloa mexicano, pasando por la disidencia de las Farc, el Eln, el Clan del Golfo y pequeños grupos de narcotraficantes. Y en la confusión reinan la muerte y la ilegalidad. El año pasado se registraron oficialmente 147 homicidios; en lo que va de este, la Diócesis ya cuenta más de 140. En abril, los registros de la Personería ascendían a 50 asesinados.

(Lea: "La realidad sobre las disidencias de las Farc")

Y no han sido pocos los episodios graves de orden público ocurridos este año en La Perla del Pacífico. A principios de abril, una multitudinaria manifestación de cocaleros se enfrentó a las unidades de erradicadores de la Fuerza Pública en el mismo corregimiento de Llorente —donde el jueves ocurrió la masacre—, con saldo de un soldado muerto y 16 retenidos por la comunidad. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU medió para conseguir su liberación. Las protestas se hicieron cada vez más violentas, hubo quema de carros de la Policía y heridos por decenas.

A mediados del mismo mes, en el casco urbano del municipio se registró el asesinato del primer indultado de las Farc, Luis Alberto Ortiz Cabezas, conocido como Pepe. Se señaló como responsable a un grupo criminal encabezado por un exparamilitar conocido como Renol. Un mes después, en mayo, asesinaron al líder comunitario Víctor Segundo Castillo, quien había jugado un papel protagónico en la desmovilización de un grupo de más de 100 milicianos de las Farc que se habían declarado en disidencia.

“Son hechos previsibles. Llevamos cuatro años en Alto Mira y Frontera, y hace tiempo advertimos de esta tensión entre la comunidad y la Fuerza Pública. Es la contradicción entre la sustitución y la erradicación forzada, sumada a los problemas en el tema de reincorporación. Estos dos factores han creado una situación de riesgo para los líderes que viven en esta zona. Los cultivadores de coca tenían la ilusión de entrar al programa de sustitución y había un principio de acuerdo. Pasaron los meses y el proceso no avanzó y generó un grave riesgo para los líderes que están empujando la sustitución. Gran parte de ellos salieron de la zona hace unas semanas por seguridad. Allá hay ‘narcos’, grupos armados pequeños que están invitando a la gente para que continúe con el negocio de la coca. Hay una mezcla muy compleja. Las dificultades dejan ver la necesidad de que se implemente de manera urgente el Acuerdo de Paz”, explicó Todd Howland, representante en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.

Lo que está en el centro del problema es la implementación del Acuerdo de Paz desde dos perspectivas: la reincorporación de los desmovilizados, que se encuentra empantanada, y la contradicción entre sustitución voluntaria y erradicación forzada, que afecta a las comunidades. “Hoy me levanté consternado. Nunca pensé que después de haber dejado las armas con el pleno convencimiento de que encontraríamos las vías específicas para alcanzar una paz estable y duradera sin más derramamiento de sangre, fuéramos a tener que presenciar y sufrir hechos tan dolorosos como esta masacre terrible ocurrida en el departamento de Nariño (...) sigo pensando, y espero no equivocarme, que la paz es para todos, que no se siga mirando a los campesinos como los enemigos del país, como si fuéramos los parias que hay que aniquilar; de buscar maneras de sobrevivir en un país donde se han cerrado las posibilidades de trabajar honesta y dignamente. Porque lo único que quiere la gente pobre que ha sido empujada por la miseria a sembrar coca es poder ganar el pan para sus hijos”, escribió Edinson Romaña, líder de la Farc y encargado del Espacio de Reincorporación y Capacitación en Tumaco.

“Hemos llegado también para asegurarnos de que haya garantía plena de que la Fiscalía establezca los hechos que al final produjeron seis personas muertas y 23 heridos. Nos duele ver a estos campesinos sometidos a las presiones de las mafias y el crimen organizado. Nos duele ver como, a pesar de que tenemos un acuerdo para sustituir los cultivos ilícitos, hay organizaciones que se oponen a esto y a la erradicación forzosa”, expresó por su parte el vicepresidente Naranjo, quien se trasladó al puerto por ocho días para atender la situación.

Por ahora, el saldo de los enfrentamientos obsesiona a las autoridades para entregar un consolidado, así como también han lanzado un operativo contra alias Guacho, acusado por la inteligencia militar de ser el responsable de la masacre. Sin embargo, los videos de las comunidades y sus testimonios siguen señalando a la Fuerza Pública. Una tragedia anunciada que opacó la fiebre de la eliminatoria al Mundial, pues mientras millones de colombianos lloraban la derrota ante Paraguay, en el Alto Mira y Frontera la gente lloraba a sus muertos.