Exguerrilleros con discapacidad, excluidos en la implementación

El tratamiento especial para población de las Farc que vive con limitaciones físicas o sensoriales no se estipuló en el acuerdo de paz. Son discriminados en los programas de reincorporación y en el sistema de salud no cuentan con atención especializada para su rehabilitación.

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Rusbel Jiménez, exguerrillero de las Farc, perdió sus manos en medio de un combate con el Ejército en la serranía de La Macarena. / Foto: Guillermo Camacho.

Cerca de 3 mil excombatientes, según el censo realizado en 2017 por la Universidad Nacional, sufren de algún tipo de limitación: viven con una pierna o un pie amputado, perdieron la vista por esquirlas de un artefacto explosivo, o la audición por fuertes detonaciones. Es un porcentaje de las Farc al que la guerra le dejó cicatrices irremediables.

Este sector de la exguerrilla, al igual que los demás integrantes instalados en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), está acogido a un plan básico de salud implementado por el Gobierno, que consiste en un puesto de salud en el que hay una ambulancia, un médico y un auxiliar de enfermería. Sin embargo, no hay ningún tipo de atención diferencial y especializada para los casos más graves y urgentes como cáncer o alguna enfermedad crónica, ni el apoyo en la rehabilitación para las personas en situación de discapacidad.

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Precisamente, esta fue una de las preocupaciones que manifestó Jean Arnault en el informe de las de las Naciones Unidas de diciembre de 2017. El jefe de la Misión de la ONU para el proceso de paz relató que la prestación de servicios médicos es un gran problema debido a la lejanía de los espacios de los centros de salud especializados. “Esta situación es particularmente difícil para los 130 excombatientes con discapacidad, que necesitan cuidados de rehabilitación sistemáticos que solo pueden prestarse en las grandes ciudades. Los gastos de transporte y alojamiento para recibir esos servicios pueden representar hasta el 40% de los ingresos básicos de esas personas”, señaló.

Laura Villa, exguerrillera y médica que integra el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) denuncia que más allá de la atención primaria, ningún excombatiente con alguna limitación física o sensorial, ha recibido acompañamiento por parte de entidades de salud para su rehabilitación o la adquisición de instrumentos de apoyo como bastones, sillas de ruedas o auriculares. Tampoco se ha pensado su inclusión en los programas de reincorporación con un enfoque diferencial.

Villa cuenta que ha sido el CNR el encargado de “autogestionar” la identificación y caracterización de personas con algún tipo de discapacidad física o sensorial, pues entidades como el Ministerio de Salud o la Agencia Nacional para la Reincorporación no han sido diligentes en la creación de programas para esta población. Por eso, a finales del 2017, se creó una mesa técnica que agrupa a estas entidades y al CNR, para ubicar los casos prioritarios y establecer un acompañamiento adecuado en su atención en salud.

“De lo que va implementado, ningún proyecto está dirigido a las personas en condición de discapacidad, incluso están sintiendo discriminación y exclusión. Estamos dando una lucha para que haya un manejo integral desde su atención en salud y de cómo va a ser su ingreso a los proyectos productivos. Estamos trabajando en lo que debe ser la educación para el acceso a sus derechos, asesorías jurídicas, acceso a pensiones y acompañamiento hasta en lo que tiene que ver con vivienda, pero hasta el momento estamos en la formulación de estos proyectos”, dice Villa.

Agrega que los excombatientes de algunos espacios territoriales han recibido prótesis y atención en rehabilitación por parte de la Cruz Roja Internacional o la Universidad Nacional, pero que son programas que no están articulados a nivel nacional por la dificultad de encontrar personal y financiación.

“Nosotros nos hemos entrevistado con el Ministerio de Salud porque para poder ser reconocido con alguna discapacidad, la persona tiene que tener una certificación que expide el Ministerio o la EPS. Desafortunadamente esta entidad no ha empezado a trabajar en eso, que es su obligación, para poder identificar y caracterizar bien a las personas con discapacidad y saber a qué derechos y tratamientos pueden acceder”, agrega.

La respuesta por parte del Ministerio de Salud es que el proceso de reglamentación para la expedición de esos certificados, no solo para excombatientes sino para la población en general, está terminando y se espera que esté listo dentro de dos semanas. Después de esto, comenzarían el trabajo de coordinación con entidades territoriales y la Nueva EPS -entidad a cargo de la salud de los excombatientes-, para trabajar con las personas priorizadas por las Farc con limitaciones físicas.

“Sí se han canalizado bastantes casos de atención prioritaria para exintegrantes de las Farc, muchos de ellos con condiciones de discapacidad. El CNR nos pasó una lista de cerca de 80 personas, de los cuales 36 se han identificado con algún tipo de discapacidad física. Esos casos se han venido gestionando con la Nueva EPS para que puedan tener acceso a las ayudas técnicas, las prótesis y a otros apoyos que requieran para su rehabilitación”, sostiene Juan Pablo Corredor, jefe de la oficina de Promoción Social del Ministerio de Salud y quien está a cargo de este tema directamente.

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También sostiene que todo lo que son tratamientos de rehabilitación están incluidos en el plan de beneficios en salud y que la Nueva EPS tiene a su disposición los servicios y profesionales, pero en el caso de prótesis y elementos como sillas de ruedas, buscarán programas con las entitades territoriales para que sean proporcionadas a la población una vez ya esté completado el proceso de valoración.

A pesar de esto, él mismo asegura que se enfrentan a dificultades operativas como los desplazamientos de los excombatientes a los centros de salud especializados en los cascos urbanos y el tiempo que tome realizar la identificación y caracterización, expedir los certificados y estructurar los programas en salud diferenciales para esta población. Según Corredor, se estima que esto tarde entre cinco a seis meses.