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Poco más de una semana pasó entre el homicidio de Samuel David González Pushaina, un bebe de siete meses hijo de excombatientes de las Farc, y el asesinato de Dimar Torres, exmiliciano de esa guerrilla, ocurrido el pasado lunes 22 de abril en el municipio de Convención, Norte de Santander. Este último con un agravante mayor: fue ultimado, según confirmó el ministro de Defensa, Guillermo Botero, por una bala del Ejército Nacional.
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El responsable de haber disparado esa bala, dijo Botero, quedó a disposición de la Fiscalía que deberá establecer si fue un acto de legítima defensa, pues según la versión entregada por el ministro, el exguerrillero habría tratado de arrebatarle el fusil al uniformado. Una versión que contrasta con lo manifestado por la comunidad, quienes, según quedó registrado en un video, confrontaron a los uniformados instantes después del hecho y estos en principio negaron haberlo asesinado e incluso haberlo visto.
Por su parte, el partido FARC, en un comunicado, exigió del Gobierno garantías para su proceso de reincorporación y el ejercicio de la política. Un llamado que se eleva luego de que con la muerte de Torres se llegue a 100 excombatientes de las Farc asesinados desde la firma del Acuerdo, según el más reciente informe de la Misión de Verificación de Naciones Unidas.
Este nuevo caso se registra en una de las zonas más complejas para el proceso de reincorporación de la exguerrilla, el Catatumbo. Se trata de aquella en la que dejaron las armas al menos 500 excombatientes del Frente 33 que se concentraron en lo que hoy es el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de la vereda Caño Indio, del municipio de Tibú. Uno de los espacios que, desde el principio, cuando se configuró como zona veredal, más dificultades tuvo que afrontar.
Una de las más significativas ha sido la fuerte presencia de cultivos de uso ilícito en el territorio, pues justamente Tibú es el segundo municipio en todo el país con más hectáreas sembradas de coca, alrededor de 13.600, solo superado por Tumaco, que tiene más de 19.000, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
De los centenares de hombres que allí dejaron las armas, hoy quedan poco más de 80. Lucy Giraldo, quien pertenece a este ETCR y es delegada del partido FARC en Norte de Santander, explica que para quienes residen allí el asesinato de Dimar Torres dispara una preocupación enorme sobre las garantías para su seguridad. Según dijo, el hombre era un exmiliciano de las Farc (no un combatiente como tal) que había estado en la cárcel y que en el marco del proceso de paz había recuperado su libertad en 2017.
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Para los exmilicianos, explica Giraldo, lo que se acordó fue que, si bien integran los registros y los listados de la exguerrilla, serían citados para asuntos muy puntuales mientras llevaban a cabo su proceso de reincorporación en sus territorios de origen con sus familias, como era el caso de Torres, quien residía en la vereda Campo Alegre de Convención. Una situación cuyos vacíos ya han alertado distintas entidades como la Defensoría del Pueblo o la Fundación Ideas para la Paz, que han señalado que los milicianos no cuentan con una ruta de reincorporación y protección clara. Ello a raíz de que en el Acuerdo quedó en el aire su desvinculación pues solo quedó estipulada su dejación voluntaria de las armas.
Sobre la situación del espacio de reincorporación de Caño Indio, la representante de la FARC explica que es compleja. “Quienes estamos aquí, tenemos toda la intención de quedarnos. Hay mucha gente que quiere desarrollar aquí su proyecto de vida y varios tienen ya a sus hijos. Sin embargo, nuestra estadía en el espacio es incierta”.
De acuerdo con información de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), en el espacio hay más de una decena de iniciativas productivas entre ganadería, producción de pollos y huevos, tiendas comunitarias, cultivos de cacao, entre otros. Sin embargo, todas ellas autogestionadas por los excombatientes, es decir, ninguna ha recibido desembolso del Gobierno Nacional. Además, dice Giraldo, por ahora ninguna garantiza la sostenibilidad económica de quienes participan en ellas.
En el ETCR hay también varios proyectos en curso destinados a fortalecer la reincorporación, que vienen de cooperación internacional. Varios de ellos son financiados, por ejemplo, por el PNUD, por el Fondo Multidonante de Naciones Unidas y por el Fondo Europeo para la Paz.
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Si bien la cifra de 80 excombatientes que aun residen en este ETCR es mínima frente a los más de 500 que llegaron, que la mayoría haya salido del espacio no implica que hayan abandonado su proceso de reincorporación. Giraldo explica que muchos de ellos salieron a prepararse en los cursos para ser escoltas o retornaron a sus departamentos de origen para avanzar en su reincorporación desde allá. Así mismo, muchos de ellos están dispersos por otros municipios de Norte de Santander, pero siguen en contacto con la comunidad y aparecen en los registros de la ARN.
La incertidumbre de la que habla Lucy Giraldo sobre su estadía en ese ETCR tiene raíz en lo que sucederá a partir del próximo mes de agosto. Para entonces, varios de los compromisos con los excombatientes expiran, como la renta básica, la alimentación y la figura jurídica de los ETCR. “Hay mucha preocupación porque aún no hay proyectos sostenibles y ya se va a acabar la renta básica”, explica.
Pero, además, actualmente está en discusión en el Consejo Nacional de Reincorporación, entre el Gobierno y la FARC, la continuidad de algunos de los 24 espacios en el mismo lugar geográfico, lo que implicaría la compra de los terrenos, que actualmente están en arriendo. “Acá el propietario tiene la disposición de vender la tierra y nosotros la de comprársela. Sin embargo, el Gobierno nos ha dicho que tenemos que movernos de este espacio”, dice Giraldo.
Su preocupación la confirmó el consejero para la Estabilización y la Normalización, Emilio Archila, quien le aseguró a Colombia2020 que el ETCR de Caño Indio, después de agosto, posiblemente se va a trasladar debido a varios factores. “Para este caso nosotros tenemos un par de alternativas para poner a consideración de ellos. La decisión de trasladar un espacio se toma teniendo en cuenta varios factores”. Entre dichos factores están, por ejemplo, las condiciones de seguridad del espacio, el uso del suelo, o las vías de acceso, este último factor, crítico en el caso de Caño Indio.
Catatumbo, epicentro de la violencia
La reincorporación de las Farc en este territorio avanza, además, en medio de una espiral de violencia que ha puesto al Catatumbo como una de las zonas más críticas en materia de seguridad a nivel nacional. En marzo de 2018, se desató un enfrentamiento armado entre los dos principales grupos ilegales que tienen presencia en la región: el Eln y el Epl.Desde entonces y durante todo el año, los enfrentamientos generaron en los municipios del Catatumbo confinamientos, desplazamientos, amenazas y otros hechos violentos que dejaron en el medio a la población civil y cuyas consecuencias se sienten aún hoy.
En ese contexto, a finales de julio de 2018 se produjo la masacre de El Tarra, en la que en un billar fueron asesinadas 10 personas, entre ellas cuatro exguerrilleros de las Farc. Contándolos a ellos, la cifra de excombatientes de esa guerrilla asesinados en Norte de Santander asciende a 10, según Lucy Giraldo.
Pero a esta confrontación se le ha venido sumando la esporádica aparición de lo que sería una disidencia del Frente 33 de las Farc. Algunos centros de estudios en conflicto y paz han registrado acciones de dicho grupo y de acuerdo con panfletos que han circulado a su nombre, se evidencia un desencanto de este reducto con el proceso de paz y una reivindicación de la lucha armada "en las montañas del Catatumbo".
Hermes Alfonso García, alcalde de Convención, da cuenta del accionar de ese grupo armado en el municipio. De acuerdo con él, hace poco más de dos semanas en un mismo día se registraron dos acciones violentas que las autoridades atribuyeron a la disidencia del frente 33. “Hubo un hostigamiento a la inspección de Policía del municipio y atravesaron un vehículo con amenaza de explosivos para obstruir la vía que conduce de Convención a Ocaña. Dejaron marcas alusivas a la disidencia de las Farc”, dijo el mandatario.
Entre tanto, el proceso de reincorporación de la exguerrilla avanza y por lo menos hasta agosto quienes aun residen en el ETCR de Caño Indio se mantendrán allí. El llamado al Gobierno Nacional sigue siendo el mismo: garantías para su tránsito a la legalidad.