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El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos expresó su preocupación porque documentaron 11 nuevos casos de supuestas ejecuciones extrajudiciales en 2017, precisamente en los territorios que históricamente han sido más afectados por el conflicto armado: Arauca, Bolívar, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Norte de Santander y Tolima.
"Entre los factores que contribuyen a la ocurrencia de presuntas ejecuciones extrajudiciales se encuentra la posible falta de mando y control por parte de los comandantes de la Policía y de las Fuerzas Armadas, así como la falta de planificación de las operaciones y la ausencia de disciplina táctica, contribuyedo todo lo anterior a la persistencia de estas violaciones de derechos humanos".
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Ocho de esos casos fueron presuntamente cometidos por miembros del Ejército y tres por la Polícía. Además, "por segundo año consecutivo, se registraron presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército en Bolívar, Cesar y Norte de Santander".
De los 11 casos, cinco habrían sido perpetrados "en el marco de operaciones de seguridad ciudadana realizadas por las fuerzas militares, lo que demuestra los riesgos de involucrar a los militares en tareas policiales", anotan. Tres casos más supuestamente ocurrieron en operaciones contra el Eln y tres más fueron producto del "uso excesivo de la fuerza durante procedimientos policiales de rutina".
Más hallazgos y recomendaciones
Otro de los puntos más preocupantes que expresa el informe es que la ONU recibió información, "a través de sus presencias en el terreno, que indican la persistencia del reclutamiento y la utilización de niños en áreas donde operan exmiembros de las FARC-EP. Adicionalmente, el ELN y los grupos criminales siguen reclutando y utilizando a los niños". Esto se suma a que de las filas de las Farc solo se han desvinculado 135 niños, aunque también dicen que hubo desvinculaciones informales en Cauca, Caqueta y Meta.
Mirar a las regiones, ese es el llamado general del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos. Es en los territorios donde están sucediendo la mayoría y más graves violaciones a los derechos humanos en el marco de la implementación del Acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc. Los epicentros son las zonas donde antes estaba esta guerrilla, donde hay cultivos ilícitos y donde ahora se disputa el control territorial por parte de disidencias, Eln, Epl, paramilitares y delincuencia común.
Las cifras que alertan
Medir el impacto del Acuerdo
El informe es enfático en las causas de la violencia después del acuerdo, recalcando lo ya dicho por la Defensoría del Pueblo en las alertas de riesgo para las comunidades: "El 64 por ciento de los asesinatos ocurrieron en las Zonas más Afectadas por el Conflicto (ZOMAC) y en zonas con una presencia histórica de las FARC-EP. El vacío de poder que dejaron las FARC-EP después de su desmovilización; la falta de una presencia estatal integral; y demoras en la implementación del Acuerdo permitieron el ingreso de grupos ilegales y grupos criminales a las zonas, los cuales buscaban asumir el control de las economías ilegales aún existentes, provocando un aumento de la violencia", aclara el informe.
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Y en esta línea va la primera recomendación: "que se cree un sistema, que incluya el nivel veredal, para medir el impacto del Acuerdo en el disfrute efectivo de los derechos humanos". Así, hace un llamado a la Procuraduría y a la Fiscalía "para prevenir, procesar y castigar los casos de corrupción", pues esto iría mejorando el disfrute de los derecos económicos, sociales y culturales.
Enfoque étnico y territorial
"Las categorías de defensores más afectados por los atentados son líderes comunitarios, indígenas, campesinos, afro-colombianos y sindicales", aclara esta dependencia de la ONU. Sin embargo, no solo son los más afectados siendo líderes, sino también por la ausencia estatal. Dos cifras concretas son la mortalidad infantil y materna. La primera en las comunidades indígenas es cinco puntos más alta que población no indígena; y la segunda en población afro es más del doble que en el resto de la población colombiana.
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La recomendación, entonces va de cara a llamar al Estado a que llegue a las comunidades y a fortalecer los organismos propios de estas poblaciones, tales como la guardia indígena, los consejos comunitarios y las Juntas de Acción Comunales.
Además, llama al Estado a fijar "metas realistas en relación con la implementación del Acuerdo en zonas rurales y que incluya un análisis de riesgos que tome en cuenta la presencia de economías ilícitas y los riesgos para las comunidades y los implementadores".
Otra observación tiene que ver con la violencia sexual en los territorios. En el informe señalan que el Estado "aún no cuenta con estadísticas válidas sobre la dimensión de la violencia sexual, a pesar de la existencia del Sistema integrado de violencia basada en género. Asímismo, observó que generalmente no se respetan los protocolos de intervención en las zonas rurales, incluso cuando las víctimas desean presentar una denuncia ante un policía o fiscal".
Por último, alienta al aumento del respeto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, especialmente al gobierno y al Eln, "con el fin de construir confianza en el proceso de paz", sentencia.