Cuerpo Élite: Tras los asesinatos de los líderes sociales

De los 156 homicidios contra líderes sociales que investiga el Estado, 68 casos han dado lugar a 117 capturas de responsables materiales. Hay doce modalidades de asesinato de líderes sociales establecidas por el Cuerpo Élite. Investigan posibles hechos sistemáticos en Urabá relacionados con la reclamación y restitución de tierras.

cuerpo_elite.jpg

Sala estratégica del Cuerpo Élite de la Policía Nacional, ubicada en los edificios de la Dijín en Bogotá. / Gustavo Torrijos, con ilustraciones de Giuseppe Minota

El Cuerpo Élite fue creado seis meses después de la refrendación del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc. Empezó a operar el 15 de junio de 2017 y es el segundo en la historia del país, después del creado para perseguir y acabar con Pablo Escobar y el cartel de Medellín en 1992. Este grupo, integrado por 1.088 policías, encargado de prevenir, anticipar e investigar los asesinatos de líderes sociales y excombatientes de las Farc, tiene la difícil tarea de desmantelar las organizaciones criminales.

Lea también: Estos tres líderes fueron asesinados sin recibir protección del Estado​

En las dos misiones está trabajando el coronel William Oswaldo Rincón Zambrano, coordinador de este cuerpo especial de investigadores y analistas, para seguirles el rastro a los asesinos de líderes sociales. Una tarea compleja de cumplir frente a las 27 facciones de estructuras criminales que operan en varios departamentos. Algunas con sicarios a sueldo y otras como bandas con sus propios intereses, quienes ven la figura del líder como una piedra en el zapato para actuar desde la ilegalidad.

Los investigadores del Cuerpo Élite iniciaron su tarea en junio del año pasado, una vez recibieron la información de las Naciones Unidas sobre los 63 casos de líderes sociales asesinados en 2016. Luego, a esa lista se han sumado los 84 casos de 2017 y los ocho homicidios contra líderes agendados a la fecha de 2018 en la oficina del coronel Rincón. En total, son 158 los casos documentados por la Fiscalía y el Cuerpo Élite, las dos entidades estatales encargadas de investigar a fondo estos crímenes.

Diez meses después de creado este cuerpo especial de investigación, cada una de las carpetas de los líderes inmolados sobrepasa los cien folios. Y el hallazgo más importante, de acuerdo con las pesquisas del coronel Rincón, es que existen doce modalidades de asesinatos contra líderes en todo el país. A través de hombres motorizados (sicariato) han asesinado a 82 líderes, por establecer hay 28, siguen las riñas, con 17 casos, y los atracos, con 12 asesinatos, entre 2016 y marzo de 2018.

Cada una de las categorías que los investigadores han logrado establecer preocupan. No obstante, los casos de los líderes asesinados después de ser sacados a la fuerza de sus residencias son una pista clara de que había una orden premeditada. ¿De quién? Es la pregunta que las autoridades buscan establecer. Y asimismo las riñas, el degollamiento y la sofocación se constituyen en líneas claras de investigación para perseguir a los agresores.

Infografía: Las 12 modalidades de asesinatos de líderes sociales

De los 156 asesinatos de líderes que investigan el Cuerpo Élite y el CTI de la Fiscalía, 68 ya tienen avances investigativos y han sido capturadas 117 personas por su presunta responsabilidad material en los hechos. Sin embargo, aunque en algunos casos se conoce quién mandó a matar a los defensores de derechos humanos, es claro que el rostro de los autores intelectuales en la gran mayoría de los homicidios sigue siendo un enigma.

La línea delgada que nos separa del porqué están asesinando a los líderes sociales en Colombia cada vez es más difusa. En cada región hay intereses soterrados de muchos actores legales e ilegales que pretenden quedarse con el fortín ilegal que sostuvo a las Farc como ejército durante medio siglo de guerra.

“Han querido doblegar a las comunidades a través de sus líderes, de los presidentes de juntas de acción comunal, y cuando éstos no han querido ceder a los intereses particulares, entonces afectan a toda la comunidad dándole en donde más le duele: matando a su representante”, afirma el coronel Rincón, quien hace dos semanas viajó en una inspección judicial al Urabá antioqueño y chocoano para recabar información sobre quiénes están asesinando a los líderes reclamantes de tierras.

El coronel Rincón, luego de 26 años al servicio de la institución castrense, no se aventura a dar una respuesta. Pero da pistas y se aproxima a una hipótesis que involucra a hacendados del Urabá: “Tenemos tres hechos de personas significantes en Urabá, de personas que estaban liderando la restitución de tierras y que en menos de dos meses fueron afectados. Ahí tenemos que ser muy cuidadosos para saber si eso tiene que ver con los asesinatos de líderes en la región. Eso lo estamos haciendo con la Fiscalía, y si hay un patrón común pues lo vamos a encontrar ahí”, dijo Rincón.

Lea también: Estas son las 12 modalidades de asesinatos de líderes sociales​

El Urabá chocoano y antioqueño es un nido de intereses ocultos de legales e ilegales. Según la última alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, allá hay 7.000 procesos de restitución de derechos territoriales y durante el año 2017 fueron asesinados 15 líderes sociales, de los cuales nueve se registraron en la subregión del Bajo Atrato, en los municipios de El Carmen del Darién y Riosucio, donde ocurrieron siete de esos crímenes.

A finales de diciembre de 2017, más de 60 líderes amenazados de la región del Urabá llegaron a Bogotá para advertir de las presiones de empresarios en la pelea por la tierra y para simbolizar ese miedo a través de máscaras que ocultaron sus rostros. Fue una imagen desgarradora, pues ocho días antes había sido asesinado Hernán Bedoya cuando llegaba en caballo a su casa en zona rural del Urabá chocoano. Se trataba de un reclamante histórico de tierras, y así lo tituló la prensa.

Junto al caso de Bedoya, el Cuerpo Élite también investiga por qué fue asesinado Porfirio Jaramillo a finales de enero de 2017. Las pesquisas más importantes a la fecha establecen que Jaramillo llevaba un proceso de restitución mediante el cual buscaba que le devolvieran la finca No Hay Como Dios, de 33 hectáreas, ubicada en la vereda Guacamayas de Turbo, de la cual tuvo que salir por primera vez ante la incursión paramilitar de 1996 en Urabá. El opositor en ese proceso es el empresario Germán González, conocido en la zona como César Cura, de quien no hay mucha información disponible.

Lea también: El Trébol, la finca vinculada con el asesinato de un líder de tierras​

En 2017, la Defensoría del Pueblo documentó 70 casos de amenazas contra líderes y defensores de derechos humanos en la regional Urabá, y dos líderes del consejo comunitario de Jiguamiandó fueron víctimas de un atentado el 27 de marzo de 2017 en El Carmen del Darién. Estos casos son investigados por el Cuerpo Élite para establecer si hay o no sistematicidad y si ésta obedece a intereses ocultos de terratenientes.

El coronel Rincón ha tomado las riendas de investigar a fondo el homicidio de líderes “porque 50 años de guerra fueron suficientes para tanta intolerancia”, comenta cuando se le pregunta qué está haciendo el Estado para evitar que la matanza de defensores de derechos humanos se convierta en un genocidio. En el sur del país, cuenta el jefe del Cuerpo Élite, específicamente en Tumaco (Nariño), las investigaciones avanzan con resultados.

En seis meses, el Cuerpo Élite ha logrado esclarecer cinco casos de afectación contra líderes de derechos humanos en esa parte del Pacífico. Uno de ellos es el de Víctor Segundo Castillo, quien fue el presidente de la Junta Comunal del barrio Panamá, en Tumaco, hasta el 26 de mayo de 2017, cuando fue asesinado después de 20 años como líder barrial.

El autor material e intelectual fue la banda criminal La Gente del Orden. Tras la investigación, el 13 de julio de 2017 el Cuerpo Élite capturó a alias Cristian, entonces sindicado de ser quien disparó el arma de fuego que acabó con la vida del líder Segundo Castillo. Semanas después fueron capturados comandantes de esa estructura conocidos como Hugo y Albert, sindicados de dar la orden de matar a Castillo.

Al contrario de Urabá, donde la disputa es por la tierra, en Tumaco los ilegales asesinan a los líderes sociales para sacarlos del camino y controlar el territorio y los corredores del narcotráfico. Esta región es mucho más compleja para ejercer el liderazgo comunitario tras la salida de las Farc. También lo reconoció hace poco la Defensoría del Pueblo: “En Nariño, Cauca, Caquetá y Putumayo, la situación de disidentes y desertores de las Farc es preocupante. Grupos como Guerrillas Unidas del Pacífico, Gente del Orden, los Comuneros, y otros de los cuales no se tiene denominación clara pero que son disidentes de los frentes de la otrora Farc EP: 1, 6, 7, 14, 15, 29, 32, 40, 48, 49 y 63”.

En Tumaco pretenden desmantelar esas bandas criminales y encontrar a los responsables de los asesinatos de líderes sociales a través de la ejecución de la operación Poseidón. Se trata de 30 hombres del Cuerpo Élite regados por el puerto. Esto pese a que se supone que Tumaco es un “municipio priorizado” y tiene un pie de fuerza que sobrepasa los mil uniformados.

Los investigadores del cuerpo especial en Tumaco también capturaron a los asesinos de José Jaír Cortés, quien fue asesinado por orden de Cachi, uno de los cabecillas de las Guerrillas Unidas del Pacífico, al mando de Guacho.

“Él tuvo un encontrón con este sujeto llamado Cachi, una discusión que no hemos podido establecer de qué se trataba. Cachi lo amenazó y Cortés se fue del lugar, porque su esposa se enfermó. Cuando llegó al sitio se encontró con los sujetos conocidos como el Cholo y el Curandero, quienes le dispararon ese 17 de octubre de 2017. Los agresores fueron capturados el 5 de noviembre del mismo año”, dijo el coronel Rincón.

En todo caso, de los 156 homicidios contra líderes sociales que investiga el Cuerpo Élite y la Fiscalía (registrados entre 2017 y lo que va corrido de 2018), 98 están en indagación (en proceso de imputación), 18 en investigación, 31 en juicio y nueve ya tienen sentencias condenatorias. Cifras que aterrizan el largo trabajo que queda por delante.

Lea también: Asesinato de Jair: el riesgo persiste