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Hoy, cuando entrega su informe sobre la situación humanitaria en Colombia, el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, le recuerda al Estado colombiano su obligación de prestarle atención adecuada a los familiares de los desaparecidos y de hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para la búsqueda, identificación y entrega de los cuerpos de las víctimas de este delito. Y a los grupos en conflicto les reitera su obligación de no desaparecer personas y de entregar la información para la ubicación de sus víctimas.
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La desaparición de personas, dice el CICR, es su prioridad operacional en Colombia. Hay varias razones: es una de las principales y más dolorosas consecuencias humanitarias del conflicto armado; es un drama invisible, que en nuestro país se volvió casi tabú (no se habla del tema); las familias son estigmatizadas (si desapareció, fue porque algo hizo); el Estado tiene serias falencias para atender el volumen de casos. Según cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1970 y 2015, se reportaron 60.000 personas desaparecidas. El 92% de ellas siguen en esa condición.
Lo más grave es que a pesar de la firma del acuerdo de paz con las Farc, cada día en Colombia desaparecen 29 personas. El CICR no hace ninguna distinción entre las víctimas, es decir, no importa si su desaparición está relacionada con el conflicto armado.
Joelle Kuhn es Suiza y es la Coordinadora adjunta de Protección en el CICR Colombia, encargada del tema de Desaparición. Udo Krenzer, es alemán y hace tres años es el Coordinador Forense de la delegación. Él y su equipo deben garantizar el buen manejo de los restos humanos que se recuperan y la entrega de los cuerpos a sus familiares.
Ambos conocen de cerca el drama de las familias y por eso insisten en que falta atención digna y adecuada para ellas y que tienen derecho a tener información de sus casos. “Es el centro de nuestra preocupación”, dice Joelle.
“Colombia ha creado un sistema bueno, tiene una legislación excepcional y una capacidad instalada que no tienen muchos países, pero falla la implementación, los funcionarios no saben aplicar las normas, falta llegar a los territorios fuera de Bogotá”, dice Udo sobre los avances en el sistema de búsqueda de desaparecidos.
Para él, Colombia tiene leyes y decretos, pero se carece de recursos económicos y humanos. Y, lo más grave, los ciudadanos no tienen confianza en el Estado. “Puedes tener el mejor mecanismo, pero no sirve si la gente no acude a él”, recalca.
Joelle también hace hincapié en que el gran reto ahora es la magnitud del problema, y hace un llamado algo doloroso: “El país tiene que estar preparado porque es posible que no todos aparezcan. Es importante que así no se encuentre el cuerpo, la familia reciba una respuesta”, dice.
Y surge otra dolorosa pregunta: ¿hasta cuándo hacer el esfuerzo de buscar? No es fácil responderla, dicen los dos. En España se buscan los desparecidos 70 años después; en Argentina están buscando a los nietos, es decir ya van por la tercera generación. “La necesidad de saber sigue vigente, después de muchos años”, insisten.
¿Cómo decirle a una madre que desista de buscar a su hijo, si para ella dolor no cesa?, se preguntan. Y cuentan un caso que atendieron recientemente de una persona que llevaba 25 años desparecida y apareció en las filas de un grupo armado. “La mamá pensaba que estaba muerto y tuvimos que hacer una video llamada para que nos creyera”, cuentan Joelle y Udo.
Lograr contactos entre las personas y sus familias es uno de los mayores logros para este equipo. Pero también lo es entregar los restos de quienes encuentran ya muertos. “En el último año fueron 17”, dice Udo. Más de la mitad de estas búsquedas ocurrieron en desarrollo de los acuerdos (conocidos como medidas de confianza), con las Farc.
Y se espera que los registros sigan subiendo. Udo cuenta esperanzado que, a partir de esas medidas de confianza, se han acercado más familiares a reportar y buscar a sus desaparecidos. Es el efecto que produce ver que son efectivas las medidas.
Estas recuperaciones humanitarias de cuerpos se hacen cuando se cumplen tres premisas, explica Joelle. La primera es que la familia reporte a la víctima y pida al CICR su intervención para buscar a la persona, la segunda es la anuencia del grupo armado que controla la zona, y la tercera es que las autoridades estatales no puedan llegar al lugar.
“En todos los 17 casos, nos acompañaron las familias durante todo el proceso. Es un derecho que, si ellos quieren, puedan ver qué se hace y cuál es el resultado”, explica Udo. El CICR acompaña y asesora a los familiares antes, durante y después.
Sobre lo que se viene en desarrollo del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, Udo y Joelle destacan el carácter extrajudicial de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos que se creará, (en virtud del acuerdo, el CICR será el coordinador). “Es una lección aprendida de Justicia y Paz, hay que animar al máximo a los combatientes y a los civiles a que entreguen información, sin temor a ser judicializados”, recuerdan.
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“Hemos pedido que la Unidad tenga independencia y autonomía, que tenga presupuesto, que pueda adelantar procesos de investigación, búsqueda, exhumaciones, identificación y entrega de cuerpos, que no se excluyan víctimas (combatientes, civiles, sin importar el victimario) y que los familiares participen activamente en el proceso”, dijeron sobre lo que esperan que quede consignado en el acto legislativo de justicia especial para la paz.
Al final, los dos delegados hicieron un llamado a los familiares de desaparecidos para que se acerquen a las autoridades o al CICR para denunciar sus casos.
