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Detrás del reciente asesinato de Nidio Dávila, líder social en el municipio de El Rosario, está la oposición armada de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) a la sustitución de cultivos de uso ilícito en al menos tres municipios de la cordillera Occidental nariñense.
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En El Rosario, este grupo armado ya reunió en dos ocasiones a los campesinos para advertirles que no dejarán arrancar las matas de coca y que quien jalone la sustitución será declarado objetivo militar. La muerte de Nidio Dávila no se puede sacar del contexto de amedrentamiento y amenaza en medio del cual viven los líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia.
De acuerdo con el informe de la organización Somos Defensores, que se conocerá la próxima semana, entre enero y junio de 2017 han sido asesinados 35 defensores de derechos humanos y líderes sociales.
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“Los que están ejerciendo las presidencias en las juntas de acción comunal tienen que tener cierto cuidado, no porque haya una amenaza cierta, pero sí está sucediendo en otras regiones”, reconoció ayer en entrevista con RCN Radio el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. Y aseguró que vienen realizando reuniones con las comunidades para prevenirlas.
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El líder de El Rosario
La última reunión a la que convocó Nidio Dávila se dio a inicios de julio en la vereda San Rafael, del corregimiento Esmeraldas. Llegaron unos 80 campesinos y hablaron del punto cuatro del Acuerdo de Paz, referido a las drogas de uso ilícito, que firmaron el Gobierno y la guerrilla de las Farc. Dávila impulsaba la sustitución de cultivos de uso ilícito y fue asesinado el domingo 6 de agosto.
Ese día hombres, que según denuncia la comunidad pertenecían a las AGC, llegaron hasta la casa de Dávila (en la vereda Piedra Grande, de El Rosario), le pidieron un pago y se lo llevaron hasta orillas del río Verde, donde lo ejecutaron y lo arrojaron. Su cuerpo lo recuperaron el lunes en las orillas del río en la vereda San Rafael.
Si bien no hay un parte oficial de los móviles del asesinato, en la región se siente como una advertencia para quienes estén impulsando la sustitución de cultivos de uso ilícito. “Por ahí va la cosa”, una persona que conoce la sitiación de orden público en El Rosario.
Desde mediados de julio las AGC hacen presencia en el corregimiento Esmeraldas, del municipio El Rosario, y empezaron a organizar reuniones con campesinos. Las dos reuniones más grandes las llevaron a cabo en las veredas La Morada, a mediados de julio, y San Rafael, el viernes 4 de agosto. Además de las amenazas dijeron que llegaron a la región a cobrar un impuesto a los narcotraficantes que compran la hoja de coca. También prometieron conseguir nuevos compradores y subir el precio de venta para atraer a campesinos cocaleros.
“Las AGC están protegiendo el combustible que siempre ha alimentado la guerra”, afirma Hárold Ruiz, coordinador del equipo de Sustitución de Cultivos de la Gobernación de Nariño, quien conocía a Nidio, porque habló con él acerca del programa de sustitución.
A la presencia de las AGC se suma que el campesinado está dividido entre quienes son escépticos frente a las propuestas de sustitución del Gobierno y quienes piensan que es la única vía para dejar de sembrar coca. Unos creen que el control de las AGC los puede beneficiar, otros temen que la llegada de este grupo esté acompañada de masacres y violaciones a los derechos humanos. El escepticismo con los programas del Estado está instalado en la región hace años. A El Rosario llegó el programa “Sí se puede” de la mano de la gobernación de Antonio Navarro (2008-2011). La iniciativa fracasó por falta de continuidad.
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Prueba del escepticismo es que en El Rosario no hay consenso frente a la llegada del Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS) de cultivos de uso ilícito creado en el Acuerdo de Paz de La Habana. Dicen que la oposición más fuerte está en el corregimiento Esmeraldas, zona que tendría propietarios de grandes extensiones de tierra cultivada con coca. Era Esmeraldas en donde Nidio Dávila estaba impulsando la socialización del punto 4 del Acuerdo de La Habana.
La amenaza de las AGC no se limita al municipio de El Rosario, en las reuniones también han dicho que protegerán los cultivos de coca en Policarpa y Leiva. No es un asunto menor. Según cálculos de algunas organizaciones sociales que hacen presencia en la región en Leiva, hay 1.025 familias cocaleras y en El Rosario, 800. Además, Nariño es el departamento con más cultivos de coca en el país: 42.627 hectáreas según el monitoreo a julio de 2017 de las Naciones Unidas.
El gobernador del departamento, Camilo Romero, ha dicho que la paz en Nariño depende en gran medida de que se resuelva el tema de los cultivos de uso ilícito y la minería ilegal. Por eso el pulso en El Rosario con las AGC es clave. “Si no hacemos una intervención integral (que incluya, por ejemplo, el mejoramiento de vías terciarias) es muy difícil que logremos la tranquilidad en los territorios”, enfatiza Ruiz.
Mientras la presencia estatal se consolida, los líderes sociales de esta región le apuestan a la sustitución, pero tienen miedo. Las AGC dicen ser la nueva autoridad. “Nosotros dijimos que esos procesos iban a cobrar vidas humanas, la de Nidio es la primera por acá”, advierte un lider de la región. A Nidio Dávila lo describen como un “enamorado de su comunidad”. En este municipio enclavado en la cordillera Occidental nariñense esperan que la sustitución de coca no les siga costando la vida.