El informe se presenta hoy en Bogotá

Agúzate, siguen matando defensores de derechos humanos

Entre enero y junio de este año, 335 defensores de derechos humanos fueron víctimas de algún tipo de agresión que puso en riesgo su vida. Asesinaron a 51. Las cifras son del informe de Somos Defensores.

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Miembros de la Guardia Indígena del norte del Cauca lamentaron la pérdida del líder nativo, Eder Cuetia Conda, asesinado en 2016 en ese departamento del sur del país./Tom Laffay.

“Lo que en 2016 parecía una mala premonición, hoy es una delicada realidad: hay un importante incremento de homicidios y ataques contra la vida e integridad física de los defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia”. Esa es la preocupante conclusión a la que llegó el Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (SIADDHH) del programa no gubernamental de protección Somos Defensores.

Las cifras de homicidios sostienen con crudeza estas palabras: en el primer semestre de 2017 fueron asesinados 51 líderes sociales en el país. Eso quiere decir que 51 procesos campesinos, comunales, indígenas, sindicales, de víctimas y de población LGBTI perdieron la experiencia, la formación y el reconocimiento de uno de sus líderes.

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El incremento de estas muertes con relación al 2016 fue del 31 %. Se pasó de 35 casos reportados en el primer semestre del año pasado a 51 en el mismo período de 2017. Sólo siete de ellos habían denunciado amenazas. Y en siete casos los defensores fueron desaparecidos antes de que los hallaran sin vida. Seis de sus cuerpos también presentaban signos de tortura y sevicia. Las muertes, en su gran mayoría (80 %), fueron planeadas y hubo seguimientos previos.

De estos homicidios, el 86 % corresponde a hombres (44 casos) y el 14 % a mujeres (siete mujeres), cinco más de las que fueron asesinadas de enero a junio de 2016. Los departamentos que registraron mayor número de estos asesinatos fueron Cauca y Valle del Cauca, con ocho líderes cada uno. Los siguen Antioquia, con siete casos, y Cesar, con cinco. Al revisar, los liderazgos más golpeados fueron los asociados a juntas de acción comunal, a trabajos comunitarios (sobre todo en áreas rurales) y campesinos (con el mayor número de homicidios: 28 de los 51).

Las amenazas

Pero los violentos no sólo asesinan, también intimidan. Entre enero y junio de 2017 se registraron 225 amenazas, y por muy escandalosa que se vea esta cifra hay que destacar que disminuyó 3 % con relación al año anterior (se pasó de 232 defensores amenazados en 2016 a 225 en el mismo período de 2017).

Cauca registra el mayor número de defensores amenazados, con 59 casos, seguido de Bogotá, con 40; Valle del Cauca, con 26; Tolima, con 18; Antioquia, con 15; La Guajira, con 14, y Santander, con 11 defensores amenazados. Los amenazan principalmente con panfletos (139 defensores fueron amenazados mediante este mecanismo), correos electrónicos (26 casos), llamadas telefónicas (24), hostigamientos directos (19) y mensajes de texto (17).

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Con relación a quiénes estarían detrás de los asesinatos y amenazas, para Somos Defensores sigue siendo un indicador contradictorio que, mientras el Gobierno insiste en la desaparición del paramilitarismo, los denunciantes señalan como presuntos responsables de las agresiones a paramilitares (en un 59 %) y a actores desconocidos (en un 32 %).

Y no es que esta violencia sea nueva. Se ha documentado desde hace más de 10 años. Los ataques contra los líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido una realidad histórica, pero “ahora, con el silencio de los fusiles de las Farc, esta violencia se ha focalizado aún más contra este tipo de activistas”, dice el documento.

"Agúzate, que nos están matando" es el título de este informe y su nombre es un llamado a la autoprotección, al cuidado mutuo entre activistas, “ante una pasiva protección estatal, una nula prevención de estas violencias y un mínimo avance en las investigaciones por estos crímenes”, aseguran.

Esto ya que las cifras en aumento muestran que, pese a los innumerables anuncios, compromisos y disposiciones del Gobierno, el flagelo no cesa: “Hay un número importante de iniciativas, mesas de análisis, informes de advertencia del riesgo y pronunciamientos oficiales sobre este tema, pero los homicidios y atentados contra la vida de estos activistas no paran. Este año ya se contabiliza un incremento del 30 % en los homicidios”, aseveran.

En ese sentido, el informe reconoce que la Fiscalía General de la Nación avanza, pero no al ritmo necesario para el riesgo identificado en el que viven los defensores de derechos humanos y líderes sociales en el país. “La Fiscalía menciona avances históricos, pero no se compadecen del volumen de casos que son registrados día a día”, señala.

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Uno de los casos que resaltan dimensiona la complejidad de este problema. En mayo de 2017 se dio la primera condena en el país por amenazar a defensores de derechos humanos. El Juzgado 45 Penal de Circuito de Conocimiento de Bogotá condenó a cuatro años y dos meses de prisión a Diego Alexánder Céspedes Moreno por amenazar, mediante medios electrónicos, a 18 líderes sociales y defensores de derechos humanos en febrero de 2014. En ese momento Jaime Caicedo Turriago, líder político y defensor de derechos humanos, denunció amenazas de muerte provenientes de una cuenta de correo electrónico con mensajes intimidantes. En los correos se adjuntaba un panfleto amenazante firmado por Los Rastrojos Comandos Urbanos y se ofrecía una recompensa de hasta $50 millones al miembro de la organización que lograra atentar contra la vida de alguno de los 18 líderes políticos y defensores de derechos humanos del movimiento político Marcha Patriótica y del partido político Unión Patriótica.

El capturado, quien confesó haber realizado las amenazas, era escolta del esquema de protección del líder de Restitución de Tierras José Gilberto Buitrago Quiroga. Según la investigación, el procesado trabajó en el DAS como detective y escoltó a diversos líderes políticos, entre ellos algunos dirigentes de izquierda.

Al final, este informe es sobre todo un nuevo llamado a no perder la esperanza de tener un país donde la violencia política no sea más el arma de intimidación y silenciamiento. “Buscamos que el Gobierno tome acciones contundentes para detener esta andanada violenta que puede poner en jaque no sólo la paz, sino a la estabilidad del país, más aún cuando tenemos un año electoral por venir y estas violencias tienen un peso importante en las regiones”, concluye.