Entrevista con Margoth Guerrero

Los archivos de la memoria en la justicia transicional

Un llamado a que más víctimas y organizaciones se sumen al Pacto por la Memoria, iniciativa que hoy cuenta con más 300.000 documentos relacionados con el conflicto armado.

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Margoth Guerrero, directora del Archivo de Derechos Humanos del Centro Nacional de Memoria Histórica. / Cristian Amaya

El Pacto por la Memoria es la gran apuesta para que durante décadas se salvaguarden los documentos que registran cómo se vivió medio siglo de conflicto armado colombiano. Una iniciativa que nació del Archivo de Derechos Humanos del Centro Nacional de Memoria Histórica y que, gracias a la buena voluntad de organizaciones sociales y algunas víctimas, logró recoger gran material fotográfico, jurídico y documental que permite construir el gran rompecabezas de la verdad. En entrevista con Colombia 2020, Margoth Guerrero, directora del Archivo de DD. HH., explicó que se trata de un proyecto del que toda la sociedad colombiana debe ser guardiana.

¿Qué es el Pacto por la Memoria?

En el Archivo de DD. HH. íbamos trabajando en lo que significaba la conformación de un archivo que hiciera referencia a las graves infracciones al derecho internacional humanitario. Seis años después de creada la ley y conformado el archivo, nos preguntábamos cómo hacerlo permanente, cómo era que todos nos íbamos a comprometer a conservar la información.

El Pacto por la Memoria es un llamado a todos (organizaciones sociales, medios de comunicación, líderes, etc.) para que participen y que la construcción de nuestro Archivo de DD. HH. sea permanente y cada día pueda tener mucha más información desde la perspectiva de memoria histórica. Coyunturalmente, es importante un pacto de estas características para los mecanismos creados en el marco de la firma del proceso de paz, es decir, para todo el Sistema de Justicia, Verdad, Reparación y No Repetición, y que deber tener permanencia en términos del esclarecimiento de la misma historia.

¿Qué organizaciones se han sumado al Pacto por la memoria?

Están Codhes (Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento), la Asociación Minga, la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare y País Libre, que nos acaba de donar todo su archivo, porque entró en liquidación y consideró, después de discusiones internas, que el repositorio de ese archivo debía ser el CNMH. También se sumaron los periódicos Voz y El Pilón de Valledupar, que también nos permitieron digitalizar todas sus ediciones y hacerlas públicas, y el periódico El Campesino. Finalmente, hay fondos de defensores de derechos humanos como Jesús María Pérez (líder de tierras), Fabiola Lalinde, Temístocles Machado y Arcilo Rosero, de Buenaventura.

¿De cuántos documentos estamos hablando?

De más de 100 fondos, que suman unos 300.000 documentos.

¿Por qué son tan importantes los archivos de Codhes o de País Libre?

Son ONG que tienen larga trayectoria en nuestro país y que se han destacado por trabajar con DD. HH. y DIH. Entonces ponemos el lente sobre ellas porque, para el caso inmediato de los mecanismos del Sistema de Justicia Transicional, han acompañado procesos de líderes y víctimas, muchas de ellas hoy desaparecidas. Conocen y documentaron muchísimos casos.

En Codhes decían que fue muy difícil la organización del archivo, porque no estaban capacitados para ello. ¿Cómo han tratado ese problema?

Parte de la labor que desarrollamos está en lo que llamamos el fortalecimiento. La primera llegada se trata de establecer relaciones de confianza. Es cómo ellos creen en nosotros, nos presentan su archivo y también quieren que los acompañemos en la organización de esos documentos.

¿Desde ese momento se tiene en cuenta la manera como una organización o la persona quieren manejar su fondo?

Sí, lo primero es el respeto por la otra persona. La individualidad y el manejo que esa persona considere que deba tener su información. Su autonomía jamás la debe perder.

Acercándonos al caso de Codhes, fue cuando ellos se dieron cuenta de que tenían mucha información, pero no sabían cuál porque técnicamente no tenían cómo saberlo. Su archivo no estaba concebido para prestar un servicio. Ahí es cuando los podemos orientar. Es una cooperación.

Además, nuestro acompañamiento no tiene como contraprestación que ellos tengan que darnos una copia de su archivo. Esas son discusiones internas en cada organización. Pero la mayoría de veces sí nos dan una copia.

Además de las personas que necesiten documentos para acudir al sistema de justicia transicional, ¿qué otra finalidad tiene poder consultar los archivos?

Primero, los archivos provienen de las órdenes que el Estado les emite al CNMH y a la Dirección de Archivos, como las copias de expedientes de las sentencias de Restitución de Tierras o de Justicia y Paz; de las investigaciones que hace el Centro; de archivos de organizaciones sociales, entre otros. O sea, es la unión de todas estas fuentes que vienen de diferentes vertientes y que le van a servir al académico, a las víctimas para el esclarecimiento y el conocimiento de sus derechos, al niño para que mañana entienda qué pasó y a los medios de comunicación.

¿Para qué le sirve a una víctima acceder a estos archivos?

Los documentos son el tesoro que ellas tienen para exigirle al Estado que aclare qué pasó, cómo, dónde y por qué. Ya tenemos mucho trabajo adelantado en el que las víctimas entienden la finalidad del archivo, de tenerlo organizado. Exigirle al Estado cómo les va a reparar, que no siempre se trata de algo económico. Este archivo no se hubiera podido conformar sin el trabajo y el apoyo de organizaciones y de víctimas en las regiones.

En la JEP no quedó consolidado que los informes de la sociedad civil fueran vinculantes. ¿Estos archivos podrían ser pruebas judiciales?

Algo que yo creo que tendrá que hacer la misma JEP internamente será mirar qué tan vinculantes o no podrán ser estos archivos. Además, puede que no sean pruebas judiciales, pero sí pueden aportar a otras pruebas. Lo primero que pregunta un juez es dónde está la cadena de custodia. Y sí la hay, porque tenemos la trazabilidad, sabemos de dónde vienen esos documentos. Jurídicamente vendrá preguntarse si le creemos o no a la persona que entregó el archivo. Y esto se mira bajo el principio de buena fe: yo creo que lo que me entregas es lo que te pasó. Ellos tendrán que mirar qué les puede servir como soporte para los procesos que lleven. Por esto siempre tuvimos cuidado con el tema de la cadena de custodia.

Muchos de los archivos que tienen son sensibles y podrían poner en riesgo a algunas personas. ¿Cómo concilian este hecho con el acceso público a la información?

Parte de la información que contienen estos archivos es vulnerable. Entonces, cuando hay una vulnerabilidad en términos de afectación de derechos, lo primero que se le pregunta a la persona que va a donar el archivo es si él quiere entregar esa información. Hay que explicarle qué puede pasar en caso de que entregue una información que contenga nombres que no quiere que se sepan. Él decide y debe entregar permisos. Por ejemplo, en el caso de que los archivos hagan referencia a violencia sexual, casos de niños, niñas y adolescentes, el tratamiento de la información tiene que ser especial. El hábeas data funciona y hay que mirar de qué manera se protege a la persona. Está la persona por encima de cualquier cosa. Ahí tendrá que jugar un papel importante la Comisión de la Verdad, sobre cómo se va a proteger a los custodios de la información. También se usa la reserva de uso, es decir, que en la página hay avisos sobre las tres categorías de la información: pública, clasificada y reservada.

¿Qué estrategias pedagógicas se han pensado para difundir el Pacto por la Memoria?

Nuestro afán es mostrar que los archivos no son estáticos, sino dinámicos. Se trata de cómo se produce más información a partir de este archivo que hay. Por ejemplo, las iniciativas de memoria que han hecho galerías fotográficas, si esto se documenta termina siendo otro archivo.

¿Cómo se imagina el Pacto por la Memoria en 50 años?

Sueño este Pacto como el estímulo para que un ciudadano común se empodere, se haga más participativo y piense en sus hijos cuando se pregunte cómo se le va a contar la historia. Cada uno debe ser consciente de que este pacto sólo funciona si todos contribuimos. Esta memoria, que es tan dolorosa, realmente es el futuro del país, un país en el que hablemos de que ya llegó la paz.