Las víctimas de la UP exigen justicia: Jahel Quiroga

En el Día Nacional por la Dignidad de las Víctimas del Genocidio contra la Unión Patriótica, Jahel Quiroga recuerda que el caso sigue en la impunidad, pero que las víctimas siguen pendientes de justicia. Esperan el fallo de la CIDH.

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En la Plaza de Bolívar se conmemoran las 6.528 víctimas del genocidio de la Unión Patriótica / Corporación Reiniciar

“Recogí muertos, me tocó recoger cuerpos de la calle porque las autoridades no llegaban. Todo el mundo tenía miedo”. Así recuerda Jahel Quiroga los años en que empezó el genocidio de la Unión Patriótica (UP), un partido político producto del proceso de paz entre las Farc y el gobierno de Belisario Bentancur.

Jahel, que sobrevivió el exterminio y que vivió para seguir trabajando por las víctimas y los familiares de las víctimas a través de la Corporación Reiniciar, no olvida los rostros de sus compañeros. Recuerda perfectamente lo orgulloso que se sentía Leonardo Posada, el primer congresista asesinado de la UP, de nunca haber vendido sus principios, de nunca irse a los partidos tradicionales. No olvida que a todo el mundo saludaba diciéndole "hola, viejo man", ni que todos lo querían en Barrancabermeja. Mucho menos el día en que lo mataron: 30 de agosto de 1986. Parece ver el llanto de niño de Jaime Pardo Leal en ese entierro, él no sabía que debía enterrar muchos más antes de ser asesinado.

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Ella tampoco olvida que en 1993, con la Corporación Reiniciar, se decidió a instaurar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el genocidio del grupo político. 6.528 víctimas. Y es un subregistro, dice, pues el tiempo y el miedo no ha dejado ver la verdad.

Ahora, más de 30 años después de ganar las 14 curules en el Senado y la Cámara, sin contar los cargos regionales, y de poner los primeros muertos, no hay respuesta de la CIDH ni del Gobierno Nacional. Sin embargo, la memoria de las víctimas sigue presente y por eso conmemoran, en el año número 12, a sus amigos y familiares que creyeron en un proyecto político distinto, pero que fueron asesinados en el intento. 

En este encuentro por el Día Nacional por la Dignidad de las Víctimas del genocidio contra la Unión Patriótica, serán las mismas víctimas que hagan un recuento de lo sucedido.

¿Cómo será la conmemoración de este 19, 20 y 21 y octubre?

Nosotros nos propusimos cada año, desde hace doce años, tomarnos la Plaza de Bolívar. Esto es un acto simbólico de que aquí estamos pendientes de que haya justicia. Este año vamos a dedicárselo al derecho a la verdad. Vamos a poner 500 mesas vestidas de blanco con algunos objetos de las víctimas y la gente contará quién era su familiar. Hemos invitado también a otras víctimas para que digan quiénes eran sus familiares. Eso es el jueves. También vamos a poner los discursos de Jaime Pardo en la plaza.

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El viernes haremos una instalación formal, luego vamos a un panel para conversar sobre las maneras de nombrar el crimen, las que ha hecho la justicia: exterminio por razones políticas, un crimen de lesa humanidad por razones políticas, un genocidio político. Nosotros aseguramos que ese es un típico genocidio. Luego, en la tarde, viene un panel sobre el estado de la implementación del Acuerdo de Paz.

¿Qué se le puede decir a las víctimas 30 años después?

Esto se ha ido transformando. Nosotros aquí desarrollamos varias propuestas como una sanación emocional. Organizamos las coordinaciones de víctimas en 20 departamentos de Colombia, lo hicimos para crear un espacio de encuentro, para generar tejido social entre ellos.

La gente, cuando viene a estos eventos en la Plaza de Bolívar, viene alegre, tranquila y convencida de que están haciendo algo para que esto no se quede en la impunidad. Es un compromiso ético con Colombia, esclarecer el caso de la UP, identificar qué fue lo que pasó, cuáles fueron las instituciones que fallaron, o qué está fallando en esta estructura del Estado, nos da a nosotros la satisfacción de que, si eso se desactiva, todo eso que propició el genocidio, pues no va a volver a ocurrir algo así.

A propósito de la verdad, ¿qué esperan con la Comisión de la Verdad?

Nosotros tenemos una gran expectativa. De hecho, ante la CIDH en la demanda, habíamos pedido que se hiciera una comisión de la verdad para el caso de la UP únicamente.

Como ahora se establece la Comisión de la Verdad, pues vamos a participar. Hay 13 y una de esas es los ataques a movimientos políticos, en particular los de oposición. Ese tema sería con nosotros.  También hemos hecho ejercicios de simulación, creando un ejercicio pedagógico de montar una comisión de la verdad por regiones. Con las limitaciones que tendrá la Comisión, en el sentido de que no va a poder escuchar las diez o quince millones de víctimas, la ventaja que tiene el caso de la UP es que están agrupados y asociados. Tenemos un genocidio.

¿En qué va la demanda en la CIDH?

Estamos ad portas de que la CIDH emita una decisión de fondo. Este año hemos tenido tres audiencias. Sabemos que ya están trabajando en el informe.

Pero la última vez que nos reunimos aún nos preguntaban si íbamos a hacer la solución amistosa, pero es una solución que no reconoce responsabilidad. Si el presidente Santos hoy nos dice “Yo reconozco responsabilidad del Estado y miremos cómo vamos a reparar a las víctimas”, nosotros volamos para allá. ¿Qué mejor solución amistosa en un posacuerdo? Eso es un mensaje contundente, pero no lo han hecho.

Ante una eventual negativa de la justicia internacional, ¿la JEP podría hacer algo?

Está en entredicho. A la JEP todas las instituciones del Estado que son competentes para hacer investigaciones, deben pasar los informes a la JEP y será ella la que diga si eso le compete. Este caso está tan en la impunidad que, para acceder a la JEP hay unos requisitos y uno de esos es que los casos estén documentados, nosotros en este momento no tenemos sino 10 personas vinculadas al caso o con imputaciones.

Nosotros estamos exigiendo justicia. Hemos dicho que vamos a participar en la Comisión de la verdad y en la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Nuevamente amenazas, ¿Ha habido algún pronunciamiento estatal sobre este tema?

Sí, de la Fiscalía. La vicefiscal se apersonó del caso. La noticia criminal está en reparo y están investigando el caso. Lo mismo la Unidad Nacional de Protección, se está trabajando para proteger a las personas.

Pero ese panfleto es especial. Primero, no nos llaman guerrilleros, como siempre nos han llamado. Segundo, está bien escrito, no tiene errores de ortografía. Y, por último, es contundente contra el partido político, tiene una lista del comité ejecutivo de los que se reúnen en Bogotá. Dicen que van a combatir el comunismo, como dice la lucha de seguridad nacional. El problema es con nosotros.

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Yo no sé si las amenazas hayan coincidido o sean premeditadas ahora que viene la gente de las regiones, porque de todas maneras una amenaza a la dirección de la UP afecta mucho a las víctimas, porque tienen mucho miedo.

Ahora, en el proceso de reincorporación en la implementación del Acuerdo Final, ¿es posible que se repita un genocidio como el de la UP?

Lo más probable es que se repita. Siento mucho decirlo con esa crudeza. Como no se ha esclarecido el caso de la UP para decir qué fue lo que pasó, no hay un precedente. Es una impunidad rampante. Eso puede volver a suceder.

Para nosotros la reparación integral tiene que ver con las garantías de no repetición del Partido Farc. Una garantía es que a la UP la reparen y que se esclarezca. Ya han matado a 18 excombatientes y 11 familiares de ellos, fuera de los 150 de Marcha Patriótica, que es un grupo simpatizante de ellos. Uno podría prever que va a volver a ocurrir. Hay un envalentonamiento de los victimarios que dicen “Hagamos, que aquí no pasa nada”.