Diecisiete años después las víctimas recibieron amenazas

Las súplicas de El Naya para que el Estado impidiera la masacre

En estos documentos inéditos quedó registrado el clamor de los pobladores de esta región del norte del Cauca, quienes un año antes advirtieron de la inminente incursión de los paramilitares del bloque Calima y ocurrencia de la masacre. El DAS y el Ministerio de Defensa lo sabían. 

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Pobladores de la región de El Naya listos para desplazarse desde la vereda La Ventura ante la incursión paramilitar a mediados de 2000. / Archivo particular

El ministro de Defensa, Luis Fernando Ramírez, fue quien más comunicaciones recibió de las autoridades locales y pobladores del Cauca suplicando auxilio al Gobierno para que evitara la masacre de El Naya, que pese a todas las advertencias se cometió entre el 11 y el 21 de abril de 2001, dejando 21 muertos (esa es la cifra oficial, pobladores hablan de más de 40) y un número indeterminado de desaparecidos.

El 17 de mayo de 2000, luego del anuncio de la llegada del bloque Calima al norte del Cauca, César Negret, gobernador de la época, fue el primero en advertir sobre las amenazas del grupo paramilitar que meses más tarde masacraría a decenas de campesinos, indígenas y negros de la región de El Naya.

“Desde cuando asumí el gobierno del Cauca, el 2 de enero de 1998, he solicitado infructuosamente hasta ahora una presencia mayor y más efectiva de la Fuerza Pública en todo el territorio del departamento, con el objetivo de garantizar la tranquilidad y prevenir hechos de violencia”, dice la misiva con la que Negret denunció la llegada de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) a su departamento, durante la expansión nacional del grupo ilegal.

Facsímil de la carta del gobernador al Mindefensa informando de la llegada de las Auc al Cauca.

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Pero la tragedia parecía inevitable. El 20 de mayo desfilaron con uniformes de uso privativo de las Fuerzas Armadas en zona rural de Jamundí (sur del Valle) y desplazaron a 400 personas. Entre el 9 de junio y el 2 de julio de 2000 asesinaron a seis personas en las veredas La Ventura y San Francisco, y el corregimiento de Timba, en Buenos Aires (norte del Cauca).

El rumor era que iban a masacrar a todos los campesinos de esa región limítrofe entre Valle y Cauca, las torturas ya habían empezado. Los pobladores eran sacados de sus fincas en camiones pagados por los paramilitares y eso también fue denunciado por el alcalde de Buenos Aires, José Manuel Popó.

En una carta del 22 de junio de 2000, dirigida al ministro de Defensa, Luis Fernando Ramírez, suplicó la ayuda del Estado para impedir que los paramilitares siguieran planeando la masacre. “Le solicitamos adelantar acciones con el fin de evitar más traumas para los habitantes de esta comarca por desplazamiento, zozobra e incertidumbre”.

Incluso, el 12 de julio de ese año varios funcionarios de los departamentos del Valle y del Cauca redactaron junto a la comunidad del Alto Naya un acta en la que resumieron y resaltaron los hechos macabros que venían sucediendo por cuenta de ser señalados como guerrilleros vestidos de civil. En la misma misiva, dirigida al Gobierno Nacional, los habitantes solicitaron diálogo con los actores armados ilegales en la región, pues vaticinaban la tragedia.

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Ninguno fue escuchado. También lo supieron el fiscal general de la nación, Alfonso Gómez Méndez; el entonces ministro del Interior, Humberto de la Calle; el ya mencionado ministro de Defensa, y el director del extinto DAS. Y, a pesar de resistir tanto tiempo a los retenes ilegales y ultrajes de ese grupo ilegal, con la complacencia de las fuerzas estatales, hubo caucanos que terminaron asesinados, secuestrados o exiliados. Un comité de derechos humanos, creado con el apoyo de Jorge Muñoz y otros de sus colegas defensores del pueblo en esa región, fue la gota que rebosó la copa para los paramilitares de HH.

Facsímil de la carta que envió el alcalde de Buenos Aires al ministro de Defensa. 

Muñoz estaba encargado de la Defensoría del Cauca y fue el primero en enterarse de la fuga de Eladio Viveros, un transportador reconocido en la región y secuestrado por los paramilitares a mediados de 2000. Lo querían convertir en su guía para que les enseñara las rutas del narcotráfico que conectan la cordillera Occidental con el océano Pacífico, una región que dominó históricamente la guerrilla de las Farc.

Fue retenido durante tres meses en un campamento paramilitar en Timba (frontera entre Cauca y Valle) y luego de ser llevado en helicóptero al Batallón Pichincha en Cali, en donde le entregaron celulares y otros elementos para que colaborara con el bloque Calima, Viveros presintió la muerte y se escapó hasta llegar a la Defensoría del Pueblo del Valle. En esa ocasión, Muñoz viajó a Cali, le tomó la declaración y pudo comprobar que los hombres de HH también querían asesinarlo a él por liderar “la cizaña de los derechos humanos”, contó Viveros.

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Terminando el segundo milenio, Muñoz y Viveros tramitaron su refugio en Canadá. Para esos días Muñoz también había recibido un panfleto con mensaje póstumo en el que igualmente mencionaron a su colega de oficina, el defensor Víctor Meléndez. “Con sentido pésame y muchas oraciones a Dios para que les dé ayuda, su fuerza y su esperanza durante este tiempo doloroso”, decía la tarjeta que contenía un sobre con un título: “Qué Dios les consuele”.

El director del DAS del Cauca, Jorge Castillo Rojas, en septiembre de 2000, a través de un documento reservado, le informó a Muñoz sobre el análisis de sus amenazas: “El documento analizado (panfleto) no presenta características propias de organizaciones bien estructuradas como son las autodefensas o la subversión, ya que éstas acostumbran emitir de forma directa sus comunicados en papeles membreteados con escudos, escrituras y símbolos alusivos a su agrupación”. (Ver facsímil).

No obstante, aunque la entidad reconoció que la carátula del sobre decía que el autor de la amenaza era el Comando Mayor Rojas Chaux de las Auc, al final concluyó: “Por lo anterior se puede descartar que dicho documento haya sido enviado por uno de estos grupos al margen de la ley”. (ver facsímil).

Facsímil del análisis que hizo el DAS en el caso del defensor del pueblo, exiliado en 2000.

Tras el exilio de los líderes del comité de derechos humanos, el 5 de abril de 2001 Jair Alexánder Muñoz, alias Sisas, reunió en las veredas La Sonora y Palo Alto, de Truijillo y Tuluá (Valle del Cauca), a 50 paramilitares para desplazarse hasta la vereda San Miguel, del municipio de Buenos Aires. Todo estaba preparado.

Évert Veloza los recibió en la vereda San Miguel y se juntaron con los paramilitares del norte del Cauca, los cuales comandaba desde hacía varios meses Elkin Casarrubia, alias el Cura, jefe militar del bloque Calima. Con mapa en mano entraron a colonizar a sangre y fuego las tierras de El Naya (como lo habían prometido), y a su paso, durante la Semana Santa de abril de 2001, acribillaron a más de una veintena de campesinos, indígenas y negros.

Ahora, aunque han pasado 17 años de la masacre, las víctimas de El Naya volvieron a ser amenazadas. El 14 de abril de 2018 desconocidos dejaron un panfleto en la casa del cabildo indígena del resguardo Kite Kiwe (centro del Cauca), sitio donde se asentaron después de la tragedia. Los amenazan por aplicar la justicia indígena. “…Los tenemos en la mira, apenas dejen esos palitos (bastones de mando), ya saben cómo quedó su compañero Gerzon Acosta (líder social asesinado en 2017)". En el listado de señalados aparece Licinia Collazos, quien es la líder más importante de los sobrevivientes de El Naya. Ella pide garantías de seguridad para su comunidad, ojalá esta vez sus súplicas sean escuchadas.