El viernes se lanza el informe nacional sobre violencia sexual en el conflicto armado

La guerra que se inscribió en el cuerpo de las mujeres

La investigación del Centro Nacional de Memoria Histórica pone en evidencia la manera como los grupos armados convirtieron a las mujeres en objetos y las despojaron de su humanidad. Un horror vivido por 15.076 personas en el país en los últimos 59 años.

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Máscara hecha por Sara, participante del taller en el marco de la investigación. / Juan Pablo Daza

La violencia se incrustó en los cuerpos de ellas. Entre el 16 y el 21 de febrero del año 2000, unos 450 paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia acabaron con 59 vidas y se apropiaron de las mujeres en El Salado (El Carmen de Bolívar). A Yirley, de 14 años, la violaron cuatro hombres “premiados” por su comandante. La niña sólo le pedía a Dios que fuera su mamá la primera en encontrarla. Seis años más tarde, Yuliana era botín de guerra de las Farc en Huila. Guerrilleros del frente 32 abusaron de ella frente a su esposo cuando tenía nueve meses de embarazo. Después, en 2015, Magaly contó que tres soldados le echaron ácido en la cara a su prima y la violaron tras ser herida en un enfrentamiento con la guerrilla, donde era combatiente.

Estos relatos de horror están estampados en las 550 páginas del informe La guerra inscrita en el cuerpo, del Centro Nacional de Memoria Histórica, que se lanza el viernes 24 de noviembre. En sus seis capítulos, mujeres en cuyos cuerpos está inscrita la maldad de la guerra, pero también la resistencia, contaron cómo la violencia sexual quebró sus almas. Voces desde Magdalena Medio, Valle, Caquetá, Urabá, Meta, Tolima, Nariño y Arauca narran que los grupos armados legales e ilegales las violaron, esclavizaron, prostituyeron y las obligaron a abortar o a planificar.

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En Colombia, 15.076 personas han sido víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual desde 1958, según el Observatorio de Memoria y Conflicto. De estas, el 91,6 % han sido niñas, adolescentes y mujeres adultas. Casi la mitad de los casos ocurrieron entre 2000 y 2005, cuando la arremetida paramilitar se recrudeció. Los paramilitares son responsables del 32,2 % de los casos y las guerrillas del 31,5 %. A los agentes del Estado se les acusa de cometer 206 de estos actos.

Rocío Martínez Montoya, investigadora principal del informe, habla sobre los principales hallazgos de estos años de dolor. El documento, además de pretender ser un insumo para la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc, es un ejercicio de memoria en honor a aquellas que no sobrevivieron. Como María Cristina, torturada y desaparecida en Guaviare, y las gemelas Galárraga, encerradas en un campamento paramilitar para ser violadas y luego enterradas en una fosa oculta por 10 años.

¿Por qué la violencia contra las mujeres en el marco del conflicto se ensañó con sus cuerpos y su sexualidad?

El conflicto armado no inaugura la violencia sexual; las mujeres han sido víctimas y siguen siéndolo en otros entornos. Hay condiciones sociales que posibilitan que se asuman como cuerpos que pueden ser apropiados por los actores armados. Y esa violencia sexual tiene unos fines. Por ejemplo, se usa para castigarlas por ejercer liderazgo, por ciertos comportamientos que se consideran inapropiados (como la forma de vestir) y porque se consideran enemigas.

Los hombres también han padecido la violencia sexual. ¿Por qué no es igual la situación entre ambos sexos?

La violencia sexual se imprime en razón del género. Esa violencia ejercida sobre los hombres tiene un mensaje muy claro: la intención de feminizarlos y de ponerlos en una escala más baja en la valoración social de las personas, porque socialmente hay un imaginario que legitima la idea de que las mujeres son inferiores a los hombres.

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El informe asegura que ningún actor armado admite con franqueza haber violado, acosado o prostituido forzadamente a una víctima. ¿De qué manera se podrá llegar entonces a una verdad histórica en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)?

Ningún armado lo admite, y todos afirman que está prohibido. Sin embargo, la memoria que el informe recoge, que es la de las mujeres, dice que es innegable que la violencia sexual ha sido usada. En el marco coyuntural en el que estamos, las organizaciones de mujeres y víctimas de violencia sexual tendremos que ejercer una veeduría para lograr obtener la información de los grupos armados. Esperamos que el informe sea un insumo que aporte a una verdad que resulta incómoda pero innegable.

Las mujeres miembros de grupos armados ilegales también fueron víctimas de violencia sexual. ¿A ellas también se les deberá entregar una porción de verdad?

Por supuesto. A pesar de que exista una responsabilidad por parte de los grupos armados, temas como la violencia sexual nos interpelan socialmente y hacen igual de necesario reconstruir la memoria de lo que sucedió en los cuerpos de quienes hicieron parte de estos grupos.

¿Por qué las niñas se volvieron víctimas potenciales en esos contextos de guerra?

En el caso de las niñas y los niños, hay dos formas en que principalmente fueron víctimas. La primera, como testigos silenciosos de la violencia sexual que se ejerció sobre sus mamás. Allí hay un trabajo por hacer, porque hay un vacío en el acompañamiento psicosocial. También fueron víctimas de manera directa, y en ello tiene que ver una exaltación social de “valores aceptados”, como la virginidad. Se asumió en el marco del conflicto armado que los cuerpos de las niñas eran trofeo para los comandantes.

¿Qué opina de la propuesta en el Congreso de que los casos de delitos sexuales contra menores vayan a la justicia ordinaria y no a la especial?

No es un tema menor, pero no necesariamente refleja las expectativas que tienen las víctimas con relación a la JEP. Lo que debemos garantizar es que la justicia transicional sea efectiva y trate los casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Si bien la judicialización es importante, ésta no ha garantizado a lo largo de estos años mayores niveles de justicia y acceso a la verdad y la no repetición. Los índices de impunidad, por ejemplo, son superiores al 90 % en los casos de violencia sexual en el conflicto armado. Existen leyes, pero no han significado un avance real.

¿Cuál será la responsabilidad de la Comisión de la Verdad sobre este tema?

Para documentar, deberá tener una conversación con organizaciones de mujeres y víctimas que han acompañado los procesos. Necesitamos que se garantice un reconocimiento por parte de las Farc, que aún no ha sucedido, del uso de la violencia sexual. Que se hagan responsables de los casos, que no fueron pocos. Así como que la Fuerza Pública también se responsabilice.

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Las mujeres que hablaron para el informe han posibilitado recuperar la memoria de otras que guardan silencio por miedo. ¿Qué les diría a estas últimas?

Que el informe revela que lo que les sucedió no le pasó a una sola mujer, les sucedió a cientos y en ningún caso fue culpa de ellas. Que hay un grupo grande de personas comprometidas con la verdad que continuará trabajando para que estos hechos se conozcan y no vuelvan a repetirse. Las mujeres en condiciones de seguridad necesitan hablar de lo que les sucedió, pero no todas las tienen. Algunas de las que participaron en el informe están preocupadas por su seguridad. Hay amenazas de nuevo.

Los grupos armados posdesmovilización siguen violentando hoy los cuerpos femeninos. ¿Cómo frenar estos ciclos violentos?

La desmovilización de los grupos armados no garantiza que se acabe la violencia contra las mujeres. El cambio social es urgente. El primer paso es hablar de género, de cómo estamos educando, de cómo asumimos que hay características inherentes a las mujeres que las hacen vulnerables o que el ser hombre está ligado a la legitimación de la fuerza para dirimir los conflictos. Es un tema que nos compete a todos. Hay una responsabilidad de los actores armados, pero hay una responsabilidad social, porque como sociedad permitimos que más de 15.000 mujeres fueran víctimas de violencia sexual.