Los crímenes fueron entre 1996 y 1998

La deuda pendiente en El Aro, La Granja y por la muerte de Jesús María Valle

La Corte Suprema declaró crímenes de lesa humanidad la muerte  de Jesús María Valle y las masacres de Ituango. Los pobladores de esa región se preguntan de qué sirve, si su realidad es la misma de hace 20 años. 

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Jesús María Valle Jaramillo fue asesinado el 27 de febrero de 1998. / Ilustración de El Espectador.

El Aro quedó acabado. Los paramilitares llegaron a este corregimiento de Ituango (Antioquia) el 22 de octubre de 1997. En el camino hicieron sentir el estruendo de sus armas y, luego en el pueblo, se llevaron a varios de sus habitantes a la plaza, los arrojaron al suelo, los pusieron en fila, los acusaron de ser colaboradores de la guerrilla, los pisotearon y los mataron. Fue la misma estela paramilitar que recorrió el nordeste antioqueño provocando desplazamientos en toda la región. En El Aro fueron 15 muertos. Entre 800 y 1.200 cabezas de ganado fueron robadas. La mayoría de las casas fueron quemadas.

Un año antes, en junio de 1996, un grupo de al menos 22 paramilitares ingresó a La Granja, también corregimiento de Ituango, y mató a cuatro personas: William de Jesús Villa García, Héctor Hernán Correa García, María Graciela Arboleda Rodríguez y Jesús Sepúlveda Arias. Ambas masacres, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos —que condenó al Estado por estos crímenes en 2006— se cometieron con la mirada cómplice de agentes estatales. “Ha quedado comprobado que las masacres ocurridas en La Granja y El Aro (...) provocaron el desplazamiento interno de muchas familias”, se señaló en el fallo.

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El horror paramilitar y el silencio del Estado se convirtieron en desplazamiento y más muerte. Jesús María Valle Jaramillo, reconocido defensor de derechos humanos de Antioquia, lo expuso en la palestra pública con firmeza, al afirmar que en las masacres habrían participado militares de la IV Brigada del Ejército. En 1996 ya había alertado a las autoridades y a la Gobernación de Antioquia para que protegieran a la comunidad de Ituango, su pueblo natal. Lo siguió haciendo hasta cuando hombres de la banda La Terraza lo balearon en su oficina el 27 de febrero de 1998.

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Hoy, estos tres crímenes vuelven a aparecer en la memoria de sus dolientes, gracias a la declaratoria de lesa humanidad que hizo la Corte Suprema de Justicia el pasado jueves. Ya no prescribirán las investigaciones y los responsables, que siguen impunes, podrían ser encontrados por la justicia colombiana si hay la voluntad para ello. Una decisión que, si bien era esperada, llega después de 20 años sin castigo. Por eso, tras escuchar la noticia, Janeth, quien tenía 15 años cuando ocurrió la masacre de El Aro, expresa desde la misma localidad: “Todavía hay esperanza de que las personas que fueron culpables de todo esto, por fin puedan pagar”.

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“Los paramilitares acabaron con todo. Llegaron matando a la gente civil porque supuestamente tenían familia en la guerrilla”, agrega Janeth. Ella vivía en una finca ubicada a las afueras del pueblo y estaba con sus hermanos menores cuando todo pasó. “Se escuchaban las balaceras. Además se escuchaba un helicóptero que entraba y salía. Estaba dura la vuelta. Cerca de la casa de los abuelos estaba el camino para ir a Santa Rita. A ellos les quemaron la casa y se refugiaron en la finca con nosotros. A los tres días nos tocó desplazarnos. Ahí vimos lo que había sucedido y todo quedó al revés”.

Janeth y su familia se fueron para Puerto Valdivia. Lo mismo hicieron don Marcelino, don Tulio y otros sobrevivientes. Muchos no quieren ni recordar. Un mes después del horror, por necesidad, les tocó regresar a lo que quedó de El Aro. Hoy, en su opinión, la situación no ha cambiado. Ahí siguen la misma falta de trabajo y de vías de acceso, con el agravante actual de la crisis en la hidroeléctrica de Ituango y las amenazas de derrumbe.

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Lina María Zuleta, de la Asociación de Mujeres Ideales de Ituango, así lo describe: “El Aro tenía 14 manzanas. Hoy tiene casas dispersas que podrían sumar dos. Varias de las reconstrucciones se hicieron en casas que sus dueños abandonaron. Todavía hay dos con rastros de hollín de la quema tras la masacre”. Zuleta destaca que la declaratoria de lesa humanidad por parte de la Corte Suprema, para ellos como individuos que aún pelean por cómo vivir, es muy poco. “A la mayoría de gente acá no los toca (la decisión). Ellos están ocupados en sobrevivir y en conseguir el sustento, como siguió después de las masacres”.

A esta perspectiva de los pobladores se suma que ni en La Granja ni en El Aro se ha podido llegar a un acuerdo para la reparación colectiva con la Unidad de Víctimas, a pesar de que se hicieron múltiples reuniones. Con un problema adicional: de las víctimas de la masacre en La Granja, reconocidas por la sentencia de la Corte Interamericana, ninguna vive ya en el corregimiento. En El Aro, en cambio, el retorno fue voluntario. La pregunta que se hace la gente es: ¿qué va a pasar con esa sentencia en materia de reparación? La Corte Interamericana ordenó un acto de reconocimiento de responsabilidad, implementando un programa habitacional, otro de educación y de salud para los familiares de las víctimas, pero todo continúa en espera.

Ahora surge otra esperanza: que con la decisión de la Corte Suprema finalmente se llegue a establecer quiénes fueron los responsables. Lo mismo que afirma el abogado Sergio Ocazionez Merchán, de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), quien lleva el caso de Jesús María Valle en la justicia ordinaria. Hasta el momento, sólo se ha producido la condena de los hermanos Francisco Antonio y Jaime Alberto Angulo Osorio como determinadores, según falló el Tribunal Superior de Medellín en 2017. “Por eso es importante el reconocimiento que ha hecho la Corte, teniendo en cuenta el contexto de persecución a los defensores de derechos humanos de los años 90”, señaló el abogado.

Ocazionez explicó que esta declaratoria de lesa humanidad se da también en el marco de otras que ha hecho la Fiscalía, como los homicidios de Jaime Garzón, Eduardo Umaña, Mario Calderón y Elsa Alvarado, cometidos entre 1997 y 1999. “Pero ahora lo que se debe esclarecer es la participación de funcionarios públicos, de la Policía de Antioquia, de la Brigada (IV) que allá operaba y de la Gobernación que encabezaba Álvaro Uribe”, agregó. La CCJ busca constituirse como víctima en el expediente ordenado contra el senador Álvaro Uribe en la Corte Suprema.

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El pasado viernes, después de conocerse la decisión respecto a las masacres de Ituango y del crimen de Jesús María Valle, el expresidente Álvaro Uribe, a través de sus redes sociales, precisó que quiere que lo investiguen rápidamente. “Nada de dilaciones de mi parte. Sigo buscando pruebas sin manipular testigos, como lo dice el grupo de detractores”.

Senador Uribe pide celeridad

El senador Álvaro Uribe, gobernador de Antioquia para la época en que ocurrieron las masacres de El Aro y La Granja, siempre ha asegurado que no tuvo responsabilidad en las incursiones paramilitares. El expresidente, indagado de manera preliminar en la Corte Suprema por estos hechos y por la presunta conformación de grupos paramilitares, pidió que avancen rápidamente las investigaciones en su contra. Además, pidió retirar una solicitud de nulidad del proceso que había radicado por medio de su abogado.

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