La radiografía del Bloque Mineros en 2.392 páginas

El trazo criminal de “Cuco” Vanoy en el crimen organizado y las autodefensas

El Espectador revela los apartes de la segunda sentencia de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, que resumió el accionar del paramilitarismo en el Bajo Cauca.

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Los excomandantes paramilitares Ramiro Vanoy Murillo y Ramón Isaza, alias “El Viejo”. / Luis Benavides

De los principales jefes del paramilitarismo existe extensa documentación judicial, pero el máximo logro de Ramiro de Jesús Vanoy Murillo, alias Cuco, fue pasar de agache. Sin embargo, tras la lectura, el pasado 24 de julio, del fallo de 2.392 páginas del Tribunal Superior de Medellín que examinó su conducta como jefe del Bloque Mineros, queda claro que su crueldad fue extrema y que, pocos como él, protagonizaron desde distintos bandos la violencia colombiana de los últimos tiempos.

Nacido en Yacopí (Cundinamarca) nueve días antes del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, en 1948, hasta alcanzar su mayoría de edad Cuco Vanoy se rebuscó entre diversos oficios en su pueblo. Fue jornalero, arriero, carnicero y apostador de gallos. Después empezó a negociar con tierras y fue y volvió del Magdalena y Arauca. Cuando se constituyeron las Farc, por medio de su padrino, entró a asistirlas con apoyo logístico. Pero cuando a su mentor lo ajusticiaron entre Tibú y Cúcuta, buscó otro escenario de combate.

Entonces recaló en la zona esmeraldífera de Boyacá, donde primero ganó la confianza de los rezagos de las Farc, pero después entró al círculo de Víctor Carranza o Gilberto Molina, los capos de la región. Cuando entendió los secretos del negocio y la forma de expandirlos con la violencia, pero asumió que no tenía la fuerza para tomar el mando, migró a Medellín. Allí constituyó una compraventa de carros llamada La 30 y una empresa de ganadería. No obstante, sabía que tarde o temprano se sumaría a la guerra.

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Hacia 1983, se trasladó al Magdalena Medio, justo en la época en la que el movimiento Muerte a Secuestradores (MAS) causaba estragos entre la población civil. Pronto estableció relaciones con Gonzalo y Henry de Jesús Pérez, y junto a varios políticos y hacendados de la región ayudó a constituir la Asociación de Campesinos y Ganaderos del Magdalena Medio (Acgdegam), una fachada del paramilitarismo en ascenso que desde Puerto Boyacá desató el terror y sembró la muerte.

Eran los tiempos en los que el narcoparamilitarismo estaba unido y por eso Cuco Vanoy también comenzó a apoyar al mismísimo Pablo Escobar, por intermedio del hombre que le cuidaba sus laboratorios de droga en el Magdalena Medio. Sin embargo, como demostró habilidad y osadía para el delito, por orden de Henry Pérez se desplazó a la región del Bajo Cauca en Antioquia, donde conformó un grupo llamado Mineros por la zona de La Caucana. Desde ese entorno vivió el ascenso y declive de sus socios.

Hacia 1989, cuando las autodefensas de Henry Pérez ya libraban su guerra aparte contra Pablo Escobar, él entendió que necesitaba nuevos aliados de peso. Por eso, tras un asalto de las Farc a su pueblo, Yacopí, buscó en el nordeste antioqueño a Fidel Castaño y encontró el apoyo que requería. Cuando robustecía sus acciones criminales, asesinaron a su principal socio en Caucasia y luego Escobar logró matar a Henry Pérez. La salida de Cuco Vanoy fue cambiar de bando para volver a ganar.

Viajó a Cali y fue testigo de la alianza entre las autodefensas del Magdalena Medio y el Cartel de Cali para enfrentar a Pablo Escobar. Después, no dudó en sumarse a la cruzada criminal de Los Pepes que, junto a los hermanos Castaño, resultó fundamental para la caída del capo de capos en diciembre de 1993. Cuando el Estado legalizó la mampara de las Convivir, que sirvió al paramilitarismo para adquirir un nuevo ropaje y tomar distancia del narcotráfico sin renunciar al negocio, no dudó en camuflarse en este esquema.

No obstante, cuando la Corte Constitucional le dio el golpe de gracia a este esperpento jurídico, ya Cuco Vanoy era amo y señor en el Bajo Cauca, y sus acciones criminales se extendían por Cáceres, Tarazá, Caucasia, El Bagre, Nechí y Zaragoza. Por corredores geográficos circulaba la coca y la manera de asegurar su poder fue el control social. Entre 1995 y 1998, en sociedad con Carlos Mario Jiménez (Macaco) y Rodrigo Pérez Alzate (Julián Bolívar), constituyeron una máquina de guerra.

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Él situó su cuartel general en La Caucana y, con el pretexto de enfrentar a las Farc y el Eln, a punta de masacres, operaciones de limpieza social, extorsiones o desplazamientos, consolidó el dominio territorial sobre un área aproximada de 14.767 kilómetros cuadrados entre Antioquia y Córdoba. Con la financiación del narcotráfico como base esencial de sus arcas, organizó un auténtico gobierno criminal. Con políticos y alcaldes a su servicio, inspectores de policía atentos a sus directrices y fuerza pública en sus filas.

La sentencia de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín detalla esas formas de connivencia que permitieron, desde algunas unidades de las Fuerzas Armadas, respaldo para el tráfico de armas, la comisión de masacres, el patrullaje conjunto o la omisión de funciones. De igual manera, también en el poder judicial tuvo aliados. En algunos casos gracias a la filtración de secuaces en instancias judiciales y en otros mediante el pago de dineros a integrantes del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI).

En medio de semejante grado de impunidad y poder, a lo Pablo Escobar, el astuto Cuco Vanoy promovió obras públicas en la región, como la construcción de dos clínicas, una urbanización, centros de atención para adultos mayores o asociaciones de mujeres. Uno de esos programas se llamó “Tarazá sin hambre”. Sin embargo, detrás de esa fachada de benefactor, junto a sus lugartenientes y secuaces desplegó una organización experta en torturas, mutilaciones, secuestros, homicidios y desapariciones.

La sentencia detalla, uno a uno, casi 200 casos probados de violencia selectiva o generalizada. Entre ellos, la letra menuda de las masacres de El Aro y La Granja, en la región de Ituango; o las de El Alto en Puerto Valdivia; o Santa Rita y El Cedral, también en la zona. Por varias de esas acciones existen procesos abiertos y expedientes clasificados como crímenes de lesa humanidad. En términos generales, el estimativo del Tribunal de Medellín es que el Bloque Mineros dejó aproximadamente 7.000 víctimas.

A pesar de que cada página de la sentencia sorprende por su excesiva violencia, lo más reprochable es el capítulo sobre violencia sexual. No solo con episodios de incitación a la prostitución, esclavitud sexual y abortos, sino por acciones particulares con sobrecogedores testimonios. Mujeres violadas una y otra vez, obligadas a dar espectáculos desnudas después de ser sometidas por el licor o la droga, inducidas a sostener relaciones lésbicas o contagiadas con enfermedades sexuales, incluso sida.

Un caso revela, por ejemplo, cómo a una mujer a la que acusaban de cercanía de la guerrilla le pusieron cables eléctricos en los senos y antes de asesinarla le mutilaron los pezones. Otra víctima contó que junto a otras mujeres fue obligada a sostener relaciones sexuales con muchos integrantes del Bloque Mineros y, supuestamente para resistir las agresiones, le introdujeron base de coca en la vagina. Son tan dolorosas las descripciones de los abusos, que repetirlas causa el mismo estupor que sintieron quienes las escucharon de viva voz.

Tan solo en la zona del Guáimaro, en Tarazá, existieron dos bares llamados Cortina Roja y Cortina Verde, en los que la prostitución y la violencia de género se combinaban con el control social. La sentencia estableció que al menos 130 menores de edad fueron víctimas de tales acciones. Cada que los paramilitares de Cuco Vanoy asestaban un golpe militar a sus enemigos, las celebraciones eran con inermes mujeres. Incluso algunas estaban embarazadas cuando fueron violadas o agredidas delante de sus compañeros.

El fallo trae secuencias de declaraciones del propio jefe paramilitar ante los interrogantes de la justicia. Por ejemplo, cuando se le preguntó por las acciones de limpieza social, comentó sin empacho: “Eso son personas desechables, viciosos, ladrones que ya no se los aguanta nadie, que son un peligro, que pueden violar niños y niñas, que ya no sirven para nada”. Y muchas de sus víctimas, como concluye la sentencia, fueron descuartizadas y sus cuerpos inhumados en fosas o arrojadas a ríos caudalosos.

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La lista de bienes para extinción de dominio es más larga que la de sus víctimas, lo que prueba el poder económico que llegó a tener Cuco Vanoy, no solo en la región del Bajo Cauca antioqueño sino en Urabá y otras zonas del país. La mayoría de los bienes adquiridos ilícitamente mediante el narcotráfico, el despojo de tierras o acciones de corrupción. Por eso, los tres magistrados que elaboraron el documento insistieron en que se garantice que estos puedan ser usados para reparar realmente a las víctimas.

Aunque la sentencia plantea que la sumatoria de crímenes da para condenarlo a 40 años de prisión, por efecto de la Ley de Justicia y Paz que sirvió de instrumento jurídico para el proceso de paz entre el gobierno de Uribe y las autodefensas, queda en 96 meses de encarcelamiento. No obstante, como se sabe, Cuco Vanoy fue extraditado a Estados Unidos en mayo de 2008, es decir, hace diez años, y no está claro si pronto pueda recobrar su libertad tras ser condenado a 24 años de prisión por narcotráfico.

La decisión del Tribunal Superior de Medellín es cuidadosa a la hora de pormenorizar el ciclo de violencia que rodeó a Cuco Vanoy y al Bloque Mineros, pero también reconoce que las desmovilizaciones en esta zona terminaron en el surgimiento de nuevos grupos armados ilegales. En tal sentido, resalta la importancia de que los procesos de justicia transicional sirvan realmente como talanquera al reciclaje de la guerra, con procesos de verdadera reinserción social como garantía de no repetición.

En este contexto, ordenó a la Agencia Colombiana para la Reintegración Social y al Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado que fortalezcan los programas de acompañamiento a excombatientes, para neutralizar los riesgos de la reconfiguración de nuevos grupos ilegales. Finalmente, instó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) a examinar los casos particulares de menores afectadas por acciones de violencia, para que apoyen decididamente la reparación a la que tienen derecho.

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