El montaje del DAS por el que el Estado pidió perdón en Tenjo

En 1997 el DAS acusó a 32 familias bogotanas de ser testaferros de las Farc, aunque su único delito fue haberse asociado para vivir en esta zona rural de Cundinamarca. Las acusaciones del director del organismo de inteligencia estatal aceleraron la arremetida paramilitar hace 21 años.

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Uno de los vehículos del conjunto Inaia Sue impactados por los armados en 1997. Esta foto hizo parte de la remembranza que hicieron las víctimas en el acto de perdón./Archivo particular.

Hace casi dos años el Consejo de Estado confirmó lo que los jueces de primera instancia ya habían sentenciado: que el desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), con sus señalamientos irresponsables, incidió en el ataque paramilitar contra la urbanización Inaia Sue y los miembros de la Cooperativa Multiactiva de Vecinos y Amigos de Tenjo (Cundinamarca).

La sentencia de muerte para este grupo de bogotanos, que había decidido irse a vivir a lo rural, pero cerca de la capital, empezó en noviembre de 1997 cuando el entonces director del DAS, Luis Enrique Montenegro, habló ante los medios de comunicación. Dijo que existían pruebas de que estas familias eran colaboradoras de la guerrilla de las Farc, lo que generó la apertura de una investigación por la Fiscalía General de la Nación. “Incluso, tales acusaciones hechas por el hoy liquidado departamento administrativo carecían de cualquier fundamento”, reprochó el Consejo de Estado.

Días después de que el DAS hiciera los primeros señalamientos, voceros de la urbanización dirigieron varias cartas a diferentes entidades estatales pidiendo la rectificación de la información que los tenía en riesgo y, en ese momento de la guerra, en el ojo de los paramilitares. A pesar de eso, dijo el Consejo de Estado en su sentencia, “la institución demandada permaneció en el error de considerar que eran justificados los señalamientos y, además, en la equivocación de entender que esas imprudentes sindicaciones eran parte de las funciones que misionalmente debía desempeñar”.

Los padres de Leonardo Tibaquirá, el vigilante asesinado durante la incursión paramilitar al conjunto residencial en 1997./PrensaMidefensa.

El 16 de noviembre de 1997, luego de asesinar al vigilante Leonardo Tibaquirá, un grupo de hombres con armas automáticas ingresó a Inaia Sue y disparó contra las casas y vehículos del conjunto residencial. El rastro que dejaron los atacantes fue un panfleto en el que se leía que se trataba de un grupo paramilitar conocido como COLSINGUE (“Colombia sin Guerrilla”), y en el que les exigían a los residentes abandonar sus viviendas, lo cual ocurrió en los días subsiguientes a la agresión.

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Entonces eran 32 familias y todas huyeron para resguardar sus vidas. Algunos salieron del país y otros se quedaron para emprender la lucha por la verdad, la justicia y el perdón. “Nuestro fin era vivir juntos, como amigos y para eso habíamos ahorrado y constituido la cooperativa, para sacar adelante la urbanización. Queríamos tener un ambiente agradable para nuestros hijos, que crecieran en medio de la vida natural, ese era nuestro proyecto”, relata hoy María Nelida Nieves Rodríguez, quien en ese entonces era la gerente del proyecto de vivienda rural en el municipio de Tenjo.

Solo la mitad de los compañeros de Nieves regresaron a la urbanización, tras seis meses de huir de la persecución armada, por parte de los paramilitares, y de la judicial, por el DAS, que intentó en varias ocasiones incriminar a la gerente del proyecto y a otros residentes que hoy están en el exilio. “Duraron un año haciéndonos investigaciones, fregándonos la vida. En septiembre de 1997 la Fiscalía y el DAS allanaron las oficinas de la cooperativa y el conjunto residencial, tratando de buscar evidencias que no tenían”, recuerda Nieves.  

A pesar de las súplicas de esta comunidad, concluyó el Consejo de Estado, el DAS permaneció en el error de considerar que estas personas eran colaboradoras y testaferros de la guerrilla. “Es claro que el DAS incurrió en una falla del servicio de forma imprudente y contraria al deber de protección que le atañe con respecto a los ciudadanos”, dijo el alto tribunal.  

Este sábado, en presencia del director de la Policía, Jorge Nieto; de varios mandos militares; de las autoridades locales de Tenjo; de los delegados de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y, principalmente, frente a las víctimas de este hecho, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, pidió perdón. "Hoy nos convoca no solo el deber legal, sino también el moral e institucional como Estado, y lejos de ser una vergüenza para este funcionario público, es más bien el acto de reconocer que se han cometido equivocaciones que generaron daño y dolor".

La delegación del Ministerio de Defensa y otros funcionarios del Estado presentes en el acto de perdón que se realizó este sábado en Tenjo (Cundinamarca)./PrensaMinDefensa.

Seguidamente, Villegas hizo un recuento de los hechos y subrayó la conducta irresponsable del DAS: "Esto me da hoy la posibilidad de expresar, como sucesor procesal del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (Das), así como en calidad de Ministro de Defensa Nacional, que hubo un manejo errado de la información del organismo de inteligencia de esa época, lo cual no puede volver a repetirse. Quiero así, hacer una reflexión especial, dando alcance en este momento al perdón expresado públicamente por el DAS, posterior a la ocurrencia de los hechos, donde ese organismo reconoció que hubo ligereza en la divulgación de la información obtenida por la entidad y en consecuencia ofrezco excusas públicas”.    

Ahora, cerca de cumplirse 21 años del montaje y la persecución armada, los habitantes del conjunto Inaia Sue se volvieron a encontrar. No todos, pero sí muchos que se fueron y nunca regresaron. Frente a los asistentes en el Centro Cultural de Tenjo, contaron lo que padecieron, rememoraron los sueños que tenían con el proyecto, rindieron un homenaje a Leonardo Tibaquirá y aceptaron el perdón. Sin desconocer, afirma Nieves, que la verdad está presa con la impunidad de los autores intelectuales.