La comunidad afirma que no cuenta con seguridad

Condenan al Estado por masacre de las Farc en El Prodigio

Dieciséis años después de la masacre que cobró la vida de cuatro campesinos de ese corregimiento de San Luis, Antioquia, el Consejo de Estado condenó a la Nación por no garantizar protección a sus habitantes.

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Las víctimas piden mayor presencia de las autoridades. / Archivo - El Espectador

Eran alrededor de las 3 de la mañana cuando tocaron la puerta. En la casa todos dormían y un disparo quebró el silencio. Miembros de las Farc sacaron por la fuerza a don Elías de Jesús Quinchía, un ganadero del corregimiento El Prodigio, del municipio de San Luis, Antioquia, y lo asesinaron en presencia de su familia y otras personas que se refugiaban en aquella casa de concreto que, para ese entonces, era de las pocas en la región fabricadas con dicho material.

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Ese amanecer del 27 de abril de 2001, Alejandra Quinchía, de 7 años, hija de la víctima, quedó huérfana. El día la saludaba con la soledad y le recordaba la partida de su madre tiempo atrás. El terror enmudecía los labios. Los presentes, al ver el cadáver de don Elías allí tendido, imaginaban cuál podría ser su suerte.

Ese día, dos familias más perdieron a sus seres queridos. Por ello, las víctimas demandaron al Estado en 2003, dos años después de la tragedia, reclamando que el Ejército no les brindó la protección que pidieron, pues a pesar de que habían advertido el riesgo que corrían, los abandonaron. Luego de 14 años de proceso jurídico, el Consejo de Estado condenó a la Nación por esta masacre.

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Durante seis años, El Prodigio se convirtió en un centro estratégico de operaciones del frente Isaza Héroes de El Prodigio, al mando de Ramón Isaza, alias el Viejo –libre desde febrero de 2016 por cumplir la pena alternativa de Justicia y Paz–. Según registros de la Fiscalía, la organización criminal tuvo control territorial en los municipios de Puerto Nare y San Luis en Antioquia, y los municipios de Samaná, Manzanares, Marquetalia y Victoria, en Caldas.

En la zona también hacían presencia los frentes 42 y 9 de las Farc. Los enfrentamientos de estos dos grupos sembraron terror y muerte y dejaron a sus habitantes en medio de las balas, ataques y bombardeos entre unos y otros y contra la Fuerza Pública.

Precisamente abril de 2001, es una fecha que no se borra para los Quinchía. Los minutos resultaron eternos, no hubo tiempo de un adiós, salieron de la casa dejando atrás el cuerpo insepulto, arriados por las armas, por los gritos, en presencia de los vecinos; los hicieron caminar una cuadra hasta la cancha del corregimiento.

Allí, los guerrilleros saquearon un negocio cercano, destaparon cervezas y, como si nadie los viera, se sentaron a hablar. Los ojos de quienes los seguían por obligación los miraban perplejos. Ahí permanecieron media hora. El calvario siguió dos cuadras más, hasta llegar al billar, en el centro del pueblo, donde otros hombres armados habían reunido a más familias, narra Alejandra Quinchía. El sol comenzaba a despertar. Sin lista en mano, a diferencia de la primera toma que las Farc hicieron en ese corregimiento –el 5 de marzo de ese mismo año–, en la que también mataron a otros campesinos, llamaron a José Javier Valencia Castaño. Él, padre de tres niños, suplicaba que no lo mataran. En ese momento tenía a uno de sus niños en sus brazos, se lo arrebataron y un seco disparo calló su voz. La misma suerte corrieron Luis Norberto López Salazar y su padre, Luis Anatolio López Jiménez, a quien también balearon al salir en defensa de su primogénito. Los guerrilleros justificaron su accionar al señalarlos como auxiliares de los paramilitares, recuerdan las víctimas.

Esa mañana, como de costumbre, Arnulfo Berrío, actual concejal de San Luis, indica que llamó a la casa de su familia, desde Medellín, para preguntar cómo estaban. Para su sorpresa, en vez de que le respondiera una de las mujeres de su familia, como era costumbre, le contestó un hombre: “Habla con un integrante del bloque José María Córdoba, a ¿quién necesita?”. De inmediato comprendió que se habían tomado de nuevo el corregimiento, tiró el teléfono y llamó a la Cruz Roja. “Me dijeron que esa toma ya había pasado. No creían que otra vez estuviera ocurriendo, me tocó ser muy insistente”.

Para el momento en que Arnulfo Berrío pidió ayuda, ya eran cuatro los cuerpos tendidos en el suelo de El Prodigio aclamando cielo. “Nos dijeron que teníamos que salir del pueblo, porque quien se quedara lo mataban”, aclara Alejandra, quien desde ese día quedó en custodia de una de sus tías. Taparon los cadáveres con sábanas, mientras corrían hasta sus casas a coger lo primero que encontraron. “¡¿Nosotros para dónde más nos íbamos a ir, sino era para la iglesia?!”, resalta una de las víctimas, que hoy tiene 23 años. Sin poder comprender lo que había ocurrido, se echaron sus muertos al hombro y se refugiaron en el templo a esperar la chiva que los llevaría a Puerto Nare, que pasaba puntualmente al mediodía. No eran ni las 10:00 a.m. Fue la mañana más larga de sus vidas.

Cuando llegaron “las escaleras”, como acostumbran llamarle a este medio de transporte, el temor de que algo ocurriera a sus espaldas mientras se subían al camión agilizó sus pasos. Metieron los cadáveres rápidamente en la parte trasera y se desplazaron hasta el municipio aledaño. El recorrido duró alrededor de dos horas. Al llegar, sin poderle dar sepultura sino hasta el día siguiente, dejaron los cadáveres en el cementerio. El 25 de abril de 2003, dos años después, las tres familias que habían perdido a sus seres queridos se unieron: “Como todas éramos del mismo territorio, habíamos pasado lo mismo, entonces estuvimos de acuerdo en instaurar la demanda contra el Estado”, explica Alejandra Quinchía, quien dice que no lo hicieron antes por “montañeros”, pues no sabían que tenían ese derecho, ni creían que pudieran ganar. En la demanda cuentan que, al mes de la primera toma, 22 de abril del 2001, escucharon varios disparos; los cortes de energía comenzaron a hacerse intermitentes y los campesinos que trabajaban en veredas aledañas alertaron de la presencia de la guerrilla. Como respuesta a los señalamientos de la comunidad, tropas del Ejército adscritas al Batallón Bárbula de Puerto Boyacá, comandadas por un capitán de apellido López, fue el 25 de ese mes en la noche, dos días antes de la toma, a escuchar a la población.

Agregaron además, que los uniformados afirmaron haber patrullado la zona y no haber notado algo sospechoso, por lo que les dijeron a las familias que no era necesario que salieran de sus casas ni se alarmaran, y les aseguraron que estarían vigilantes ante cualquier situación. A pesar de la promesa de protección, esa madrugada, del 27 de abril de 2001, el Ejército abandonó el sector y dejó solos a los habitantes del corregimiento El Prodigio, situación que aprovecharon frentes 9 y 27 de las Farc para irrumpir en la población.

El Ejército se opuso a las pretensiones de la demanda y solicitó que se le exonerara de la responsabilidad, pues el crimen fue cometido por un tercero al margen de la ley. Aunque reconoció que era su deber cuidar de la población, indicó que no contaba para entonces con los recursos económicos y técnicos ni con el personal suficiente para proteger a cada uno de los habitantes del país.

La disputa por esta tierra era clara, porque era un lugar estratégico: “Su ubicación geográfica lo convierte en la puerta de entrada al Magdalena Medio, al conectar fácilmente los municipios del oriente antioqueño con Puerto Nare, Antioquia, y de ahí con Barrancabermeja, ciudad atractiva para cualquier grupo armado al margen de la ley. Asimismo, quien quisiera movilizarse desde el suroriente de Antioquia con el nordeste del departamento debía pasar por allí”, señala el fallo.

El proceso jurídico

El Consejo de Estado condenó a la Nación en favor de las víctimas y declaró que “si bien fueron terceros al margen de la ley quienes dieron muerte a los familiares, tal hecho no exime de responsabilidad al Ejército Nacional, pues lo cierto es que éste omitió los deberes de vigilancia, control y protección de la vida y bienes de los habitantes del corregimiento de El Prodigio, no obstante que tenía conocimiento de las intenciones de las Farc de tomarse de nuevo la población, de modo que se encuentra comprometida su responsabilidad, a título falla del servicio por omisión, por lo que deberá resarcir los perjuicios causados”.

A pesar de que Alejandra Quinchía celebra la decisión, pues no creía que la pudiera ganar después de tantos años. Sin embargo, esta es una victoria que encierra a la vez una derrota. “Por más que pasen los años y que por más plata que nos den, esos recuerdos no se van a borrar”. Por su parte, el concejal Berrío, quien salió desplazado a los 12 años de este corregimiento y cuyo padre fue asesinado en Medellín, expuso que el Consejo de Estado debería “exigirle a la Nación que por lo menos le pida perdón a esta comunidad por haberla dejado a la deriva y sin protección”.

Aun así, 16 años después, el actual alcalde de ese municipio, José Máximo Castaño, asegura que El Prodigio no cuenta con ninguna garantía de seguridad: “La verdad es que muy esporádicamente hacen presencia el Ejército o la Policía en el casco urbano en este corregimiento, porque la distancia es considerable. Ellos van cada que pueden, pero no tenemos una presencia permanente en estos momentos”. Gozamos del clima de tranquilidad de la región, pero autoridad no hay”.

Aunque siguen sin garantías de protección, en los últimos años, tras procesos de desmovilización de grupos armados, algunas familias han vuelto al corregimiento y han creado procesos comunitarios de memoria, desarrollo turístico y económico; entre ellos, las Fiestas del Retorno, que se celebran anualmente en el puente de Reyes, pretexto para que la familia Quinchía y demás víctimas logren reencontrarse con sus antiguos vecinos y familiares, para ver de nuevo la tierra que los vio morir, que los vio partir y que hoy los ve renacer.