Audiencias públicas en Túnez: culpa, negación e indiferencia

64.000 víctimas, 32 atentados contra los derechos humanos, 18 crisis políticas y 54 años de la historia reciente tunecina debe aclarar la Comisión de la Verdad de ese país. 

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Entre el 17 y el 18 de noviembre se dieron las primeras audiencias públicas de la Comisión de la Verdad de Túnez. / Fethi Belaid (AFP / GETTY IMAGES)

La periodista Olfa Belhassine trabajó en el periódico La Presse en Túnez y ahora trabaja como periodista en JusticeInfo. Como corresponsal de este medio virtual cubre el sistema justicia transicional en su país. Ahí se incuye el trabajo en construcción de memoria, la Comisión de Verdad y Dignidad, la lucha contra la corrupción y los delitos económicos y la lucha contra la tortura al rededor del mundo. Su trabajo en Túnez le permitió conocer la historia de este país y vivir el momento histórico en el que se investigan y se juzgan las violaciones contra los derechos humanos. Su narración, para entender cómo se ha  gestado este proceso al otro lado del mundo, comienza desde el principio de la república, en 1957.

"Mohamed Bennour, militante del Movimiento de Demócratas Socialistas (MDS), una formación de centro izquierda creada en 1978 por Ahmed Mestiri, antiguo ministro y disidente del régimen del presidente tunecino Bourguiba, fue víctima de diversas violaciones ligadas al fraude electoral. En 1981, se presentó como candidato a las elecciones legislativas, que suscitaron mucha esperanza entre los tunecinos y fueron anunciadas por el poder como “pluralistas”.

(Lea: En Guatemala son las víctimas las que quieren justicia)

Beneficiándose del aura de su secretario general, Ahmed Mestiri, y aprovechando el declive del Partido Socialista Desturiano (PSD) de Bourguiba, las listas verdes del MDS alcanzaron un verdadero éxito. Pero Mohamed Bennour experimentó un terrorismo político “comparable al ambiente inquietante del filme Z de Costa Gravas”, según dio testimonio durante la última audiencia pública de la Instancia de la Verdad y la Dignidad (IVD), dedicada el 21 de junio de 2017 al caso de la manipulación de los escrutinios.

Democracia: los compromisos incumplidos

Plazas de campaña anuladas y prohibidas a último minuto; palizas contra militantes; presión ejercida sobre los electores; ataque contra la campaña electoral: los traspiés se multiplicaron. La intervención del poder que presintió que las amenazas contra su eternidad eran vigorosas. Mohamed Bennour fue golpeado a muerte por las milicias del partido de Bourguiba cuando se preparaba para una reunión en uno de los barrios periféricos del sur de la capital.

“Todo aquello (sucedió) en presencia de periodistas extranjeros, que también vieron cuando los representantes del poder atiborraron las urnas. Los desturianos confiesan hoy que fueron convocados para perturbar el proceso. Pero no dicen quién les dio la orden. ¿El presidente? ¿El ministro del Interior? ¿Wassila, la exprimera dama? ¿El gobernador? Nadie puede creer que Mestiri, que llenaba las plazas de campaña, no haya obtenido más que 1.200 votos y su partido, 3% de los votos”, recuerda Mohamed Bennour.

Para Bennour, estas elecciones truncadas donde “se robaron los votos de los electores” abrieron una vía para la llegada triunfante del presidente Ben Ali, que utilizó esta misma maquinaria en 1989 durante el ascenso del partido islamista y en las citas electorales posteriores.

“¡Cuántos compromisos incumplidos con la democracia!”, exclama al final de su testimonio el exmilitante de la izquierda tunecina.

Como Mohamed Bennour, una decena de testigos, tanto de la oposición como del desprestigiado poder de Bourguiba y de Ben Ali, participaron en la audiencia pública del 21 de julio de 2017 para dar cuenta de la máquina demoledora de votos electorales entre 1956 y 2010.

La venganza del viejo presidente

Las violaciones ligadas al fraude electoral tienen disposiciones particulares en la Ley Orgánica Tunecina de diciembre de 2013, que trata sobre la justicia transicional. Ninguna de las legislaciones semejantes en los países en transición evoca ese tema.

Ahora bien, la corrupción de los escrutinios, contrario a la tortura o a la confiscación de bienes, no es castigada por la ley tunecina. Incluso, el proyecto de ley inicial relativo a la justicia transicional, redactado por la sociedad civil a lo largo de 2012 y después transmitido al Gobierno, que entonces lo propuso a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para su adopción, no lo menciona. El añadido fue hecho en la ANC para “apuntar contra las personalidades políticas del antiguo régimen”, como alertó Human Rights Watch en 2014.

Sin citarlo, la organización humanitaria internacional evocaba entre las líneas de su comunicado el caso de Béji Caied Essebsi, de 90 años, actual presidente de la República, quien hace mucho tiempo ocupó en el régimen de Bourguiba el puesto de ministro… del Interior. Como venganza contra la ley de justicia transicional, su primera iniciativa legislativa abarcó el proyecto de ley sobre la reconciliación económica y financiera, que él sometió a juicio ante el Parlamento menos de un año después de su acceso al poder. Su proyecto, que se oponía a la revelación de la verdad sobre la corrupción, fue tachado por varias oenegés como un intento de debilitar la Instancia de Verdad y Dignidad.

En ese ambiente de tensiones fueron inauguradas las primeras audiencias públicas entre el 17 y 18 de noviembre de 2016. Diez de las veinte prometidas por la presidenta de la Comisión de la Verdad, la muy polémica Sihem Bensedrine, periodista disidente en los tiempos del expresidente Ben Ali, ya tuvieron lugar.

Combatir el olvido de la violencia

En Túnez, la apertura oficial de las audiencias —en un lujoso club privado que pertenece a la antigua primera dama Leyla Trabelsi Ben Ali— desmentirá las acusaciones de inercia de la IVD sostenidas por los dirigentes de Nida Tounes, el partido en el poder, fundado por Béji Caied Essebsi, la mayoría de los medios locales y de las redes político-financieras que permanecen fieles al antiguo régimen. Antes de llegar a esta etapa, la Comisión de la Verdad recibió 62.000 casos de víctimas; escuchó a puerta cerrada, en todas las regiones del país y a lo largo de varios meses, a 11.000 víctimas; investigó centenares de casos, entre ellos algunos torturadores; diseñó un mapa de violaciones en el que identificaron 32 atentados contra los derechos humanos. Violaciones perpetradas durante las 18 crisis políticas, identificadas por los investigadores de la IVD, entre ellas los intentos de golpe de Estado de 1962, 1980 y 1987; la confrontación con los islamistas, con la izquierda, con los sindicalistas, a lo largo de los años; la revuelta del pan de 1984; el levantamiento minero de Gafsa en 2008; el periodo de la revolución tunecina; los asesinatos políticos de 2013, y los atentados terroristas posteriores al 14 de enero.

“Queremos tratar, no a través del olvido sino de la memoria, toda esta violencia contra las víctimas por parte de agentes del Estado, en nombre del Estado y por una razón de Estado”, afirma Sihem Bensedrine.

Vidas quebradas por el sistema

Cada testimonio es más desgarrador que el anterior. Mujeres islamistas que fueron objeto de tortura, violencia sexual, privaciones económicas y administrativas imparables; madres de “mártires” de la revolución tunecina que evocan la muerte de sus hijos bajo las balas manifestándose de manera pacífica en las regiones enclavadas, en Regueb, en Kasserine, en Tala y en Túnez; hermanos de militantes de izquierda o de derecha que muestran una autopsia de su ser querido falsificada por las autoridades para camuflar un deceso bajo tortura. La esposa de un desaparecido en 1991 recordó cómo el Estado negó por años su homicidio, cómo aquello mantuvo su esperanza de que el ausente retornara. Un antiguo diplomático contó cómo en 2001 fue retirado de sus funciones y puesto en el banco de los acusados por haberse negado a avalar las dudosas operaciones de tráfico y lavado de dinero de Jalila Trabelsi, hermana de Leila Trabelsi Ben Ali, cuando Ben Ali era embajador de Túnez en los Emiratos Árabes Unidos. Mohamed Imed Trebelsi, el sobrino preferido de Leila Trebelsi Ben Ali, hizo confesiones estrepitosas que develarán los circuitos, los actores, los mecanismos y las fallas jurídicas e institucionales que permiten el clientelismo, los negocios sucios y las diferentes prácticas fraudulentas.

Se repiten en círculos los mismos sufrimientos, ya sea de izquierda o de derecha, sindicalista o militar, hombre o mujer. Las familias se desintegran. Las vidas se ensombrecen. Los traumas y las pesadillas se suceden unos a otros. Un sentimiento de culpa y de vergüenza de los tunecinos se hace visible, sobre todo en las primeras audiencias, a través de las redes sociales.

“Se trata de crímenes del sistema que demuestran hasta qué punto las instituciones del Estado en los ámbitos de la salud, la educación, la seguridad de la justicia y de la información fueron puestas al servicio de propósitos abyectos, y se convirtieron así en instrumentos al servicio del despotismo y de la represión”, resalta la presidenta del Instancia de Verdad y Dignidad, Sihem Bensedrine.

El silencio de los torturadores

Si el silencio ensordecedor de los torturadores persiste, si ninguno de ellos se presenta ante la IVD, Sihem Bensedrine acusará al Estado de “bloquear el trabajo de la IVD”. Los medios han denigrado de la presidenta y de las víctimas escogidas que dan su testimonio durante las audiencias públicas (“por ser una mayoría islamista”, le reprochan con una indiferencia forzada). De las cuatro cadenas de televisión que difundían en principio las audiencias, sólo la cadena nacional sigue transmitiéndolas.

Una controversia se disparó el 24 de marzo de este año tras la sesión dedicada a la represión que golpeó a los “youssefiestas”, los primeros opositores de Bourguiba, desde 1955. La IVD fue ampliamente criticada, sobre todo por un grupo de historiadores tunecinos, por “querer reescribir la historia”. Para Souhayr Belhassen, expresidenta de la Federación Internacional de Derechos del Hombre (FIDH) y coautora de una excelente biografía sobre Bourguiba publicada en 1989, la IVD sobrepasó su rol y carece “de la neutralidad y la objetividad que le son solicitadas”.

Al referirse al contenido de la audiencia del 24 de marzo, ella explica: “En ningún momento se evocó la guerra civil, que implicó la crisis entre los dos jefes, que estaban determinados a destruirse, Bourguiba y Ben Youssef. Una verdadera guerra civil con asesinatos, raptos y milicias en ambos lados”.

Entre la negación de las violaciones del pasado y las tumultuosas relaciones entre el Estado y la IVD, Túnez parece todavía lejos del espíritu de “reconciliación” que busca su ley sobre justicia transicional.