La restitución se ve opacada por amenazas y falta de garantías

Salaminita, el pueblo que renace a paso lento

Un viaje hasta este corregimiento del Magdalena arrasado por el paramilitarismo, a cuyos pobladores les entregaron esta semana algunos títulos de propiedad de los predios despojados. 

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La comunidad de Salaminita (Magdalena), en el lugar donde quedaba su corregimiento arrasado por las Auc en 1999. / Fotos de: Gustavo Torrijos

“En este pedacito quedaba el cementerio, allí la cancha de fútbol, más allacito, la escuela”. Juan Hernández Montenegro, de 65 años, apunta con su bastón un terreno enmontado. Escucho atenta su acento caribeño para no perder el sentido de sus palabras, imaginando que en esos predios cercados por las fincas Montevideo y Los Naranjos, al occidente del Magdalena, algún día quedó un “Telecom, la casa de María, el puesto de salud, el billar El Hoyito, la tienda El Peque, que administraba Nelly…”. 

Juan Hernández fue de los últimos que salió. “Los vi. Una mañana Gitano cogió una Caterpillar y desbarató el colegio, le quitaron los techos y las paredes a las casas. Aquí se quedaron después de que sacaron a todos y cuando pasaban los buses, bajaban gente que luego la mataban. Los enterraban más acacito. Me fui cuando me pegaron el tiro en la cabeza”, dice, y pregunta que si lo he visto caminar, que su corcovear es producto del balazo del que nadie sabe cómo se salvó.

Pie de foto: Juan Hernández señala dónde quedaba su lote en Salaminita. / Gustavo Torrijos

El 7 de junio de 1999, a Salaminita llegaron cerca de 30 paramilitares del frente Pivijay, al mando de Esteban. Citaron a toda la comunidad y asesinaron a la inspectora de Policía, María del Rosario Hernández, y a dos jóvenes, Óscar Barrios y Carlos Cantillo. Luego les dieron algunas horas al resto para irse. El 8 y 9 de junio comenzó el éxodo de más de 50 familias, la mayoría hacia los cascos urbanos de Fundación y Pivijay.

Algunos habitantes de las parcelas, en las veredas El Jardín y La Suiza, que se resistieron fueron amenazados o asesinados. Esa fue la suerte de Antonio Araque Bolaños y María Eloísa Gutiérrez, una pareja de viejos que se negó a irse porque aseguraron que era lo único que tenían. Con el abandono de las casas, los hombres del frente Pivijay comenzaron a hacer presencia permanente en el caserío, saqueando desde los cables eléctricos hasta la Virgen. 

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Hoy, 18 años después, a 20 minutos de la vía que lleva de Fundación a Pivijay sólo hay un letrero que recuerda, de alguna manera, la existencia de este corregimiento: “Río Salaminita”, dice. En Colombia los ríos y quebradas suelen tener el nombre de los poblados o caseríos más cercanos, y eso fue lo único que quedó de este corregimiento, que surgió en 1986 después de varias disputas entre campesinos sin tierra y terratenientes que al final resolvió el Incora con procesos de adjudicación. Tenían un centro poblado y decenas de predios rurales de hasta diez hectáreas. Eran alrededor de 211 habitantes, 107 hombres y 104 mujeres. De ellos ya han muerto más de cinco, envejecidos y desesperanzados. Los dos últimos murieron hace un mes.

"El renacer"
Nada, de Salaminita no quedó nada. Al menos así era hasta hace unos días, porque el martes 1° de agosto al lugar llegaron de mañana sus pobladores, vestidos con camisetas verdes que decían “Salaminita renace”. “Ajá, ven, tú, pon esa bandera blanca aquí”, “ayuda a halar allá”, comentaban emocionados. Al lado y lado de la carretera, donde se alzaban las dos hileras del pueblo de 49 casas, mujeres y hombres pusieron banderas blancas y atravesaron un pendón con el mensaje: “Aquí renace Salaminita”. 

Eran alrededor de 70, y en su mayoría eran mayores de 60 años. La escena era festiva de no ser por la cara de alerta que tenían los diez policías con armas largas que los escoltaban y que giraban rápido la cabeza cuando pasaba una moto o una camioneta de vidrios polarizados, como guiño de que la amenaza violenta sigue presente en la zona. El acto, valioso y sencillo, antecedió el evento protocolario al que estaban citados más tarde: la entrega de 35 títulos de propiedad de los lotes de este centro poblado exterminado; siete meses después de la decisión que tomó la sala especializada en procesos de tierras del Tribunal Superior de Antioquia , quien falló a su favor el proceso de restitución por descongestión del Tribunal de Cartagena.

La entrega de estos documentos se realizó en el auditorio de un colegio de Pivijay. Un municipio ganadero que en la década de los noventa fue controlado por los paramilitares al mando de Tomás Gregorio Freyle, conocido como Esteban, del frente Pivijay, adscrito al bloque Norte de las Auc: el más sanguinario, según la Unidad de Justicia y Paz, al explicar que de las 41.956 víctimas registradas en 2012, al menos 30.843 fueron atribuidas a este bloque. El mismo municipio donde hace unos meses se hizo el lanzamiento de la Asociación de Víctimas de Despojo del Estado (Asovides). Organización afín a la conformada en Sabanas de San Ángel llamada Asociación de Pequeños y Medianos Ganaderos Compradores de Buena Fe, que se oponen a la restitución de tierras y de la que forman parte algunas personas cuestionadas en lo penal.

Pie de foto: Martina García es una de las mujeres mayores beneficiadas con la entrega de títulos de tierra. 

Quizá por eso el evento se realizó a puerta cerrada en el auditorio de un colegio y con presencia de la Policía. Incluso, antes de que empezara, varios líderes de la comunidad se preguntaron extrañados y atemorizados por la presencia de hombres que a la entrada dijeron representar a los opositores en este proceso: Adolfo Díaz Quintero, reconocido empresario ganadero de la región, a quien hace poco le dieron casa por cárcel preventiva mientras avanza un proceso en su contra por el desplazamiento forzado de Salaminita; y Vicente Rueda, empresario y ganadero de la zona. Los dos han sido señalados, en audiencias de Justicia y Paz, por Daniel Velásquez, el paramilitar conocido como Careniña, como financiadores del frente Pivijay.

Pie de foto: Al evento de entrega de títulos también asistió Eduardo Castillo (izq.), registrador de Ciénaga.   

De acuerdo con el fallo de restitución, en 2001, luego del desplazamiento masivo de la comunidad de Salaminita, Adolfo Díaz Quintero y Vicente Rueda Guarín empezaron a contactar a quienes habían abandonado sus predios para que les vendieran. La mayoría de los habitantes de Salaminita accedieron debido a la situación de pobreza y vulnerabilidad.

“A la mayoría le ofrecieron $100 mil por lote, muchos vendieron por temor. Yo no, eso es lo único que tengo”, recuerda Juan Hernández. Díaz Quintero, por el contrario, ha dicho, a través de su abogado, que “adquirió los predios de buena fe”, pagando un precio superior por estos, ya que él “compró derechos de posesión porque el derecho de dominio ya lo tenía”. Además, dijo que en su caso no se podía aplicar la Ley 1448 de 2011, porque los hechos investigados eran de 1999 y él hizo la compra en 2003. 

Los Rueda (María Teresa Rueda y José Vicente Rueda) a su turno, argumentaron que se oponían porque adquirieron los predios tres años después de los hechos de violencia, y eso dejaba sin sustento los argumentos sobre que los campesinos se vieron obligados a vender. La sala especializada en tierras del Tribunal Superior de Antioquia desestimó estos argumentos.

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“La lucha”

Lesa Daza está subida en la tarima. Está leyendo las peticiones que les tienen a las instituciones para hacer realidad los títulos de papel que les acaban de entregar. Recuerda que faltan los predios rurales, que aún no hay fecha para la entrega material de los que reconocieron y que los solicitantes se han hecho viejos esperando. Esta costeña de 1,70 m de estatura es una de las líderes de esta comunidad, que sólo hasta 2013 fue reconocida por la Unidad de Restitución de Tierras. Lesa recuerda esos días: se armaron de valor y en un retén pararon el carro en el que iba el funcionario de la Unidad. Lo abordaron y le pidieron una fecha para contar su historia.

Pie de foto. Lesa Daza, una de las líderes de la comunidad. 

“Así de bien hicieron el trabajo los paramilitares que ni estaban registradas como víctimas, dice con ironía y asombro Marie Anderson de Fruto, la embajadora de Suecia para Colombia, que viajó hasta Pivijay para acompañar el acto. Allá estuvo, conmovida como el primer día que conoció esta historia a finales de 2016. La embajada sueca ha financiado el acompañamiento jurídico desde entonces y, en marzo pasado, estuvo en una ceremonia simbólica. Ese día sembraron una planta pequeña de crotón, en donde quedaba el corregimiento. “Dos días después alguien la arrancó. Ese es el juego de intimidación que han soportado”, comentó. 

Las amenazas han ido y venido. Entre 2014 y 2016 el Magdalena ha sido una de las regiones con más amenazas y atentados a personas reclamantes de tierras. Según la información registrada por El Banco de Datos del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) 84 personas han sido víctimas de amenazas y dos han sido asesinadas. Pese a todo, los pobladores de Salaminita crearon su propia asociación de víctimas en 2014: Asorenacer. No quisieron que llevara el nombre de su corregimiento para que no padeciera la estigmatización que han sufrido de ser supuestos guerrilleros y ahora reclamantes de tierras. 

Pie de foto: Camiseta de la asociación de las víctimas de Salaminita. 

Más recientemente, cuando el país vivía la polarización del plebiscito para refrendar los acuerdos de paz con las Farc, las líderes de Salaminita promovieron la iniciativa departamental de defensa y seguimiento a la implementación de la política de restitución de tierras, denominada Asociación Campesina de Víctimas Reclamantes de Tierras del Magdalena (Asocavirtmag), como respuesta a la campaña de desprestigio en contra de estos procesos de restitución.

Salaminita rural 

“Doy gracias a Dios porque estoy viva. Pero me duele porque todo lo que tuve fue trabajado. Dejé todo botado”. La voz es de Nelly Bolaños, una señora campesina de Salaminita que por un error en los trámites judiciales no estuvo en la lista de beneficiarios del fallo y que tenía un predio que limpiaba a machete para cultivar.

Pie de Foto: Nelly Bolaños, una de las desplazadas víctimas de este corregimiento. 

El caso de Salaminita está dividido en dos procesos judiciales: el centro poblado y los predios rurales. Pero el asunto con estos últimos ha sido, incluso, más enredado y difícil. La comunidad reclama 16 predios, que suman un poco más de 300 hectáreas, en la zona rural de este corregimiento. Allí donde quedan las veredas La Suiza y El Jardín. Allí donde cultivaban maíz, ají, guayaba, guineo y banano. 
En los años de la violencia, como se refieren a la época paramilitar de finales de los noventa, muchas familias campesinas vendieron sus metros de tierra y se desplazaron. Los que se quedaron vendieron después, en medio, según ellos, de constantes intimidaciones y ofertas de compra. La última venta fue en 2008.

 

Los dos casos han estado a cargo de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y la Unidad de Restitución de Tierras del Magdalena. Pero el proceso de los predios rurales estuvo suspendido durante un año y cuatro meses por una orden de un juez de Aracataca. Todo porque siete solicitantes fueron demandados por falso testimonio por Adolfo Díaz Quintero.

A finales de 2016, según la comunidad, Díaz Quintero contrató al investigador privado Eliécer Royero, exfuncionario del CTI, para amedrentar y sobornar a los reclamantes. Royero abordó personalmente a varios de ellos, incluyendo al hermano de Lesa. La insistencia fue tal, que Álvaro Daza decidió declarar ante un notario, y en presencia de Adolfo Díaz Quintero, que este último no estaba involucrado con grupos armados en la región durante los hechos que terminaron con su desplazamiento. Sorpresivamente, el investigador Royero terminó asesinado el 29 de diciembre de 2016. El proceso de restitución de los predios rurales estuvo suspendido hasta que la Corte Constitucional se pronunció. Hoy deberá ser el Tribunal de Tierras de Cartagena quien tome la decisión

Los desafíos del retorno del pueblo de Salaminita son enormes. Y pasan porque el fallo del juzgado de tierras de Antioquia se cumpla en su integridad. Eso cree Federico Giraldo, investigador del Cinep, organización que hace seguimiento al fallo y acompaña a los pobladores: “Tras 18 años de desplazamiento forzado se deben también generar condiciones que permitan que “renazcan” aquellas prácticas económicas, políticas y culturales arrasadas que les daban sentido y unidad”, señaló. “En el pueblo bailábamos con el acordeón. Compartíamos los dulces de Semana Santa. Éramos como hermanos. Todo eso es lo que queremos recuperar”, dice Lesa, y asegura que el día en que puedan entrar a sus predios titulados, vencerán las cercas y harán un gran parrandón hasta el amanecer. 

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