LITORAL DEL SAN JUAN

Niños indígenas en Chocó mueren por enfermedades curables

Han muerto más de 10 niños por una epidemia de diarrea y vómito. La falta de puestos de atención y de medicinas ha causado los decesos, según las comunidades. Indígenas wounaan piden brigadas de salud.

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Los indígenas wounaan piden que se hagan brigadas médicas para detener las muertes de niños. / Cristian Garavito

A lo largo del río San Juan, afluente que separa los departamentos de Valle del Cauca y Chocó, están asentadas decenas de comunidades del pueblo wounaan, una etnia indígena que está en peligro de desaparecer, según la Corte Constitucional. Allí, desde agosto, los niños indígenas empezaron a sufrir de diarrea y vómito y varios de ellos han muerto deshidratados.

No hay claridad sobre el número de niños que han fallecido. Según el profesor de la comunidad de Taparalito, Édgar Membache, serían más de 20. Dicha comunidad, que se encuentra en el área rural del municipio Litoral del San Juan (Chocó), ha sido una de las afectadas: cuatro de sus niños murieron en agosto.

El profesor Membache cuenta que los niños se empezaron a enfermar a finales de julio. En la comunidad no tienen acceso a servicios de salud ni medicamentos. “Eso nos preocupa mucho”, dice Bernardo Opua, integrante de la comunidad. El 6 de agosto, el profesor Membache, a petición de los padres, llevó a un grupo de 12 menores de edad hasta el puesto de salud de la comunidad de Palestina, a 15 minutos de Taparalito en lancha por el río San Juan.

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“Los niños no tenían carné de la EPS y no nos querían atender. Nos tocó pagar $25.000 por cada uno”, cuenta el docente. También afirma que algunos de ellos eran víctimas de desplazamiento forzado, por lo que tenían derecho a ser atendidos. Sin embargo, asevera que la respuesta de quienes atendían el puesto de salud fue que ellos “eran una empresa que no tenía en cuenta eso”.

El 27 de noviembre de 2015, 25 familias de Taparalito se desplazaron hacia el casco urbano de Buenaventura por hechos violentos ocurridos en su territorio. Tras un año de desplazamiento, la comunidad llegó a varios acuerdos con las instituciones, que quedaron consignados en un plan de retorno. El 12 de diciembre de 2016 retornaron 24 familias. Uno de los compromisos que están en el documento es “garantizar la vinculación al sistema de salud del municipio de Litoral del San Juan”. Sin embargo, a los líderes les tocó pagar la consulta porque los niños están afiliados a empresas del Valle del Cauca.

En las consultas médicas les recetaron unos medicamentos para detener el vómito, la diarrea y la deshidratación. Sin embargo, la comunidad no pudo acceder a las medicinas porque no estaban disponibles en el puesto de salud de Palestina y además no contaban con el dinero para ir hasta el casco urbano de Litoral del San Juan. De regreso a su comunidad, los niños recibieron un suero casero que les hicieron sus padres, con lo cual se recuperaron.

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Cuatro niños no contaron con la misma suerte. Los líderes cuentan que en agosto el centro de salud de Palestina no tenía un profesional para atender a la comunidad. “Hay semanas en las que no está el médico. A veces pasa un mes y mientras lo vuelven a contratar no hay personal en el centro asistencial”, relata Opua. El centro de salud de Palestina es operado por la IPS Capera.

El alcalde de Litoral del San Juan, Willinton Ibargüen, aseguró que no conocía las muertes de los niños indígenas en el municipio. Aceptó que la atención en los centros de salud es inestable, porque muchas veces se quedan sin médicos. Sin embargo, también señaló que los aborígenes tienen la costumbre de acudir primero al médico tradicional y, en sus palabras, “cuando ya no hay nada que hacer” buscan la medicina occidental. Al preguntarle sobre los posibles incumplimientos en el plan de retorno de Taparalito, el mandatario desestimó las denuncias diciendo que se habían hecho algunas visitas a las comunidades para solucionar el problema de las afiliaciones.

“Nunca se ha dado un retorno como es debido”, asegura la personera del municipio, Mayra Abadía. “Todas las instituciones están incumpliendo”, agrega. A pesar de eso, dice que la Personería no ha abierto investigaciones contra ningún funcionario y que le ha pedido a la Procuraduría que investigue a las IPS que operan los centros de salud en el municipio, pero las entidades departamentales y nacionales “nunca han hecho nada”.

Los líderes de Taparalito tienen otra versión. Aceptan que primero acuden a la medicina tradicional, pero dicen que los jaibanás reconocen cuando los casos deben remitirse a los médicos occidentales. Las muertes, para ellos, se dieron debido a la falta de atención en el puesto médico y a la falta de medicamentos para atender la epidemia. Aseguran que desde que volvieron no se han hecho brigadas de salud.

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La complicada situación de salud se suma al conflicto armado que persiste en la región. El Eln y las Autodefensas Gaitanistas hacen presencia y controlan algunas zonas. Por ejemplo, las comunidades negras e indígenas que habitan a orillas del San Juan no han podido volver a pescar en las siete bocanas que tiene ese afluente debido a que los grupos armados les prohiben transitar por allí.

Los líderes piden que se hagan visitas médicas a las diferentes comunidades wounaan asentadas a orillas del río San Juan. Esperan que con medidas como esas se detenga el avance de una enfermedad que con atención médica seguramente no habría cobrado la vida de los 10 niños de los que el pueblo indígena tuvo que despedirse.