Narcotráfico y minería, los riesgos de los líderes sociales en Cauca

Alejandra Miller, quien llegó a la secretaria de Gobierno del Cauca desde el movimiento social, asegura que no todos son líderes y que muchos casos obedecen a la disputa por los territorios donde operó las Farc. Los responsables, según las investigaciones, apuntan al Eln, al Epl y a las bandas delincuenciales que se pelean el control de las rutas del narcotráfico y la explotación de minera ilegal.

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Miembros de la Guardia Indígena del norte del Cauca durante el funeral de Eder Cuetia Conda, líder comunitario asesinado en marzo de 2017.
/Tom Laffay.

“Asesinado otro líder y defensor de derechos humanos en el Cauca”, titularon el pasado jueves los medios de comunicación del país, haciendo eco a la muerte violenta de Diego Fernando Rodríguez. A las 6 de la mañana de ayer, una amiga lo encontró dentro de su casa, junto al televisor y el equipo de sonido encendidos. Tenía 27 años y era el representante legal del consejo comunitario Nuevo Renacer en el municipio de Mercaderes, al sur del Cauca.

Vivía en esta comunidad afro y su liderazgo lo ejercía en las veredas de Ganaplata y El Caney, asentadas sobre la margen izquierda del río Patía, que corre aguas abajo hacia el océano Pacífico. A las 9:30 pm. del jueves sonaron los disparos. Integraba el Consejo Mayor Palenque La Torre, fue presidente de la Junta de Acción Comunal y candidato al Consejo por el Partido Conservador en las elecciones pasadas.

“Era una persona de muy buena reputación, puedo dar fe de eso”, dijo José María Angulo, miembro del Consejo Comunitario Mayor La Torre, quien además contó: “No hemos tenido amenazas hasta el momento. A veces, dentro de las comunidades se dan inconformidades, pero las hemos resuelto a través de asambleas generales de forma pacífica”. En ese territorio no hay minería ilegal y los cultivos de uso ilícito fueron erradicados por la comunidad en 2012, sin que el Gobierno haya cumplido con sus compromisos.

Esta respuesta obedece a una pregunta sensible, pero muy pertinente en estos momentos en que se está implementando el acuerdo de paz y la guerrilla ha movilizado sus tropas de los territorios que antes controlaba militar y políticamente: ¿Murió por causas relacionadas con su liderazgo? Un interrogante difícil de resolver de un día para otro.

Alejandra Miller, la secretaria de Gobierno del Cauca, quien llegó al cargo luego de acompañar por años al movimiento social, ahora tiene que ver desde la barrera este problema. Existe una mesa de garantías (integrada por la Policía, el Ejército, la Gobernación, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y varias organizaciones sociales), encargada de analizar, investigar y actuar en el tema de los asesinatos de defensores de derechos humanos. Con ella conversamos, tratando de entender qué está pasando en ese departamento del sur del país, en donde, según las organizaciones, este año han sido asesinados 11 líderes. 

¿Quiénes están matando a los líderes sociales del Cauca?

La salida de las Farc ha generado un copamiento de territorios que antes controlaba esa guerrilla. Son pequeños grupos delincuenciales que están detrás de las economías ilegales que aún persisten en esos lugares. Por eso, en el Cauca tenemos dos factores de riesgo identificados: la minería ilegal y el narcotráfico. Una vez sale la guerrilla del territorio y empieza la implementación del acuerdo de paz, el perfil de los líderes comunitarios se eleva y eso les está generando alto riesgo, pues son los que se oponen a la extración legal o ilegal de oro o quienes lideran la erradicación voluntaria de cultivos de uso ilícito.

Geográficamente en dónde se están presentando esos riesgos en el departamento.

Los territorios más afectados coinciden con los que fueron de presencia histórica de las Farc y que ya no tienen la regulación territorial de esa guerrilla. Estamos hablando de municipios como Argelia y El Tambo (sur del Cauca), y Toribio, Jambaló y Corinto (norte del Cauca). Son territorios de presencia histórica de las Farc. Allí, hoy que las Farc no están, el incremento de los homicidios obedece a la búsqueda, a sangre y fuego, de controlar las rutas de la cocaína y de la marihuana.

Existe una mesa de garantías en la que confluyen las instituciones y Fuerzas del Estado junto a las organizaciones sociales. Su objetivo es investigar y actuar: ¿A qué apuntan los resultados de esas investigaciones?

Lo primero, es que los homicidios tanto de líderes como de comunidad en general, no obedecen a una única causa. Hay múltiples causas y múltiples actores, por lo tanto, difícilmente podríamos hablar de un proyecto paramilitar en el Cauca que esté en contra, por ejemplo, del proceso de paz y que esté asesinando a los líderes. Te voy a poner un ejemplo: el homicidio de los líderes en Toribío y Jambaló el año pasado no pasa por ningún grupo paramilitar, obedece a la llegada de otras guerrillas o disidencias de las Farc que ahora están actuando como Eln y Epl.

Eso en el norte del Cauca. Y si nos vamos hacia los límites del Pacífico, ¿qué está pasando en Argelia (Cauca), antiguo territorio del frente 60 de las Farc?

En Argelia lo que se puede ver es que hay seis bandas o grupos armados organizados que son pequeños, pero que están detras del control, por ejemplo, del cultivo de la coca, pero, en ese territorio, no necesariamente bajo el esquema del paramilitarismo que conocemos derivado de la época de los 90.

Y si nos vamos hacia el Macizo Colombiano, ¿qué sucede?

Allá tampoco vemos que obedezca a una intervención paramilitar de rearme. Allá, por ejemplo, el tema grave está asociado a la minería legal e ilegal. Los homicidios en Mercaderes, Almaguer y Bolívar obedecen a una lógica de otros factores que también se encuentran allí y que pueden generar ciertas sistematicidades. No se trata de negar la sistematicidad, sino de complejizar mucho más el ejercicio. Yo creo que a veces le cargamos todo a una estrategia paramilitar que busca acabar con el proceso de paz, pero eso nos invisibiliza otros factores de riesgo que estamos evidenciando en el territorio, como la minería. Yo no digo que en Urabá suceda, pero en Cauca no pasa por un proyecto paramilitar como sí puede pasar en Córdoba, Antioquia y Chocó.

Cuando se habla de bandas delincuencias, ¿de qué estamos hablando?

Voy a dar el ejemplo de Argelia. Allá tenemos bandas que son delincuenciales porque en ese caso están detrás de la coca y no es un proyecto político. De esas bandas, hay una que es nativa. En esos municipios no se puede negar que el cultivo de la coca también ha permeado la cultura campesina y lo ha hecho a tal punto que claro, son cultivadores, porque eso no lo podemos negar, son campesinos, yo no voy a negar los orígenes sociales, el porqué la gente siembra coca, porque eso es clarísimo. Pero, también, después de 15 o 20 años de cultivar coca fue generándose una dependencia del cultivo que la gente no quiere abandonar. Incluso, en algunos casos, varios pasaron de cultivadores a tener sus laboratorios. O sea, ya hay una porción de gente cultivadora y una porción de gente que dio el salto para meterse en la cadena del narcotráfico, que es lo grave.

¿Por qué dice que en Cauca no es un proyecto paramilitar como el de los 90 el que está asesinando a los líderes sociales?

En el Cauca nosotros no tenemos, por ejemplo, información de presencia del Clan del Golfo. Se escucha que pasan por el Pacífico, pero aún no tenemos información concreta de presencia armada en la región.

¿Y las Águilas Negras?

También aparece todo el tema de las amenazas de las Águilas Negras, que son los que están amenazando a diestra y siniestra. Sin embargo, las investigaciones apuntan a que no hay presencia de un grupo armado en el territorio que se llame así y esté haciendo acciones como tal. No lo tenemos registrado.

¿Las cifras de líderes asesinados en Cauca por qué no coincide entre la institucionalidad y las organizaciones sociales?

Los datos que hemos depurado arrojan el siguiente resultado: las organizaciones sociales decían que en 2016 habían sido asesinados 40 líderes, sin embargo, al finalizar el año, nos reunimos con el movimiento social y se concluyó lo siguiente: 23 homicidios contra líderes fueron reconocidos por las organizaciones sociales. De esos 23, Naciones Unidas reconoció 14 como defensores. Aún tenemos pendiente hacer la tarea de lo que va corrido del 2017.

¿Y con el tema de los panfletos y las amenazas qué sucede?

 Los panfletos y las amenazas son una estrategia de desestabilización de los territorios desde el año pasado. Ahí, las autoridades están analizando porque en unos firman las Águilas Negras, en otros el Bloque Capital y en otros el Ejército Gaitanista. Los análisis de inteligencia de la Fiscalía arrojaron que los panfletos provienen de una sola fuente. Hay grandes avances sobre el origen de unos que salieron a finales del año pasado y que fueron enviados a los correos de la Gobernación y de las alcaldías municipales, en donde amenazaban a líderes de víctimas, de consejos comunitarios e indígenas. Esta investigación avanzó rápidamente porque los panfletos fueron enviados por correo electrónico y la Fiscalía, que está trabajando con el FBI, posee alta tecnología para hacer rastreos y decomisar computadores, como ocurrió en este caso.

Ante este panorama, ¿cuáles son las estrategías de la Gobernación del Cauca para mitigar estos riesgos?

El tema aquí es el control territorial por parte del Estado. Si lo hacía antes las Farc, quien tiene que hacerlo ahora es el Estado. Y eso se hace por dos vías: la presencia con Fuerza Pública, pero también vía el Estado civil. Con vías, escuelas, para eso son los Planes de Desarollo Territorial (PDTs). Lo que pasa es que tenemos un tema de tiempos muy complejo: los actores ilegales son más rápidos que la actuación del Estado.