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La Minga Nacional Indígena por la Vida, que lidera la llamada Mesa Permanente de Concertación de Pueblos Indígenas, en la que confluyen la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Autoridades Indígenas de Colombia por la Pachamama (AICO), Confederación Indígena Tairona (CIT), Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (Opiac) y Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia-Gobierno Mayor, le solicitaron al Gobierno Nacional la instalación de un “escenario de concertación y negociación de alto nivel”, encabezado por el presidente Juan Manuel Santos y sus ministros.
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Miembros de la comunidad embera en la vía Quibdó-Medellín, en desarrollo de la Minga Indígena / Jeison Riascos
En este sentido, convocaron un encuentro con Martín Santiago, coordinador residente de Naciones Unidas; Guillermo Fernández-Maldonado, adjunto de la ONU de Derechos Humanos; Roberto Menéndez, jefe de Misión MAPP OEA; el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, y el padre Francisco de Roux —en calidad de facilitadores—, con el objetivo de buscar la interlocución directa con el Ejecutivo, “para garantizar la vida de los líderes, las comunidades, el respeto a los derechos humanos y la instalación oficial de una mesa de negociación nacional”, según explicaron en un comunicado público.
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En el mismo, los miembros de la Minga señalan que el Gobierno no ha establecido hasta el momento ningún contacto con ellos. “Reiteramos el llamado a la opinión pública nacional e internacional, a los organismos defensores de derechos humanos y a los distintos sectores sociales que acompañan la Minga Nacional, para que se solidaricen con nuestras luchas y las justas reclamaciones en beneficio del pueblo colombiano, en especial las poblaciones más excluidas y marginadas”, subraya el escrito.
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La guardia indígena, que vigila la protesta en Chocó por el asesinato de sus líderes y el incumplimiento de los pactos con el Gobierno.
En el pliego de peticiones, la Minga explica que, durante 2017, la seguridad de las comunidades indígenas ha estado en riesgo. Pone como ejemplo que, según la Cumbre Agraria Campesina y Popular, en lo que va del año han sido asesinados 107 líderes sociales, a lo que se suma la masacre de siete campesinos en Tumaco el pasado 5 de octubre, el asesinato de varios líderes indígenas en Chocó y “el desplazamiento por las confrontaciones armadas que persisten en muchos territorios”.
En cuanto a la paz, uno de los más espinosos temas por las dificultades en la implementación, en el pliego se ha pedido al Gobierno que se garantice el cumplimiento de lo acordado, sobre todo en lo que tiene que ver con el capítulo étnico de los acuerdos de La Habana. También, que haya “unas metas concretas en materia de participación indígena en el Fondo de Tierras, en los procesos de formalización de la propiedad y en los Planes Nacionales que acompañarán a la Reforma Rural Integral”. Y, por último, que se permita la participación de las comunidades indígenas en los diálogos con el Eln, un asunto coyuntural, si se tiene en cuenta que hace unos días esta guerrilla asesinó a un gobernador indígena en el Chocó.
La guardia indígena avanza con cientos de indígenas que recorren un largo camino hasta llegar a la capital del país.
El Gobierno, por su parte, les hizo un llamado a los más de 100.000 indígenas que han salido a las carreteras para protestar, pidiendo que no se bloqueen los corredores viales. “Insistimos en la disposición de dialogar con las comunidades indígenas y avanzar en el cumplimiento de lo acordado, en materia de saneamiento de resguardos, proyectos productivos, educación y salud propia”, indicó el Ministerio del Interior, también en un comunicado.